México

México enfrenta enormes desafíos para conciliar sus políticas energéticas con sus compromisos climáticos. Uno de los principales retos es la inercia de su sistema energético basado en fósiles: PEMEX y CFE, ambas empresas productivas del Estado, han priorizado el incremento de producción de combustibles fósiles y la seguridad energética de corto plazo (gasolina asequible, electricidad sin apagones) sobre la transición verde. Esto crea tensiones entre objetivos de soberanía/asequibilidad vs. mitigación. Un desafío asociado es la modernización tecnológica: muchas plantas de CFE queman combustóleo con tecnologías antiguas, y el parque vehicular es en promedio viejo y altamente consumidor de combustible. Renovar esa infraestructura exige inversiones cuantiosas y tiempo, por ejemplo, sustituir una central de carbón por eólica requiere no solo la planta sino redes de transmisión, almacenamiento, etc. Por otro lado, México es altamente vulnerable a los impactos del cambio climático: sequías intensas en el norte amenazan la disponibilidad de agua y la generación hidroeléctrica; olas de calor y huracanes más fuertes (como Patricia 2015) ya afectan la economía. Adaptarse requiere recursos y coordinación: construir infraestructura resiliente, reubicar comunidades costeras, mejorar sistemas de alerta temprana (México avanza en ello junto con el SMN y Protección Civil). Pero la atención a adaptación no debe restar a la mitigación. Un desafío social y político es la aceptación de la transición: el aumento en tarifas eléctricas o en precios de combustibles por reducir subsidios puede generar descontento (como pasó con el “gasolinazo” de 2017). Además, existe fuerte nacionalismo energético: una parte de la población y del gobierno percibe a las renovables privadas como contrarias a la soberanía, lo que dificulta su expansión. Superar esto requerirá enfatizar los beneficios locales de las renovables (empleos, aire limpio) y posiblemente mayor inversión pública directa en proyectos limpios (para que la transición sea “propia”). Financiar la transición es otro reto: si bien México tiene acceso a financiamiento internacional, la reciente condonación del impuesto al carbono para evitar doble imposición con el mercado ETS (en fase piloto) y el precios de carbono bajo (~$3 USD/t en el ETS voluntario) indican que las señales económicas internas aún son débiles. Atraer más fondos verdes (por ejemplo, a través de bonos verdes de PEMEX-CFE condicionados a metas de emisiones) podría ayudar. Finalmente, la coordinación institucional es un desafío: aunque existe la CICC, las estrategias climáticas a veces chocan con la política energética de SENER o la industrial de Economía. Reforzar la gobernanza climática, quizá dando mayor autoridad a la LGCC, o integrando consideraciones climáticas en todos los proyectos de infraestructura (evaluación de impacto climático obligatoria), sería necesario para evitar contradicciones. En resumen, México debe transformar estructuralmente su sector energético, pasando de un modelo centrado en petróleo-gas a otro diversificado y limpio, lo cual implica desafíos técnicos, económicos y políticos formidables. El país tiene los recursos para lograrlo (sol, viento, litio, capital humano), pero deberá resolver las divergencias de corto plazo y enfocar sus políticas hacia una transición ordenada. De lo contrario, riesgo es quedarse rezagado: más expuesto a fenómenos climáticos extremos y con una economía menos competitiva en un mundo que demanda cada vez más bienes libres de carbono . Lograr esa transición justa será la prueba definitoria para México en las próximas décadas.