Resumen

Han pasado más de dos años desde que la sociedad ecuatoriana decidió a través de una consulta ciudadana detener la explotación de petróleo en el Yasuní, sin embargo, a pesar de la disminución de la producción, la extracción de petróleo sigue sumando más de 9 millones de barriles en lo que va del 2025, poniendo en tensión la transición energética ecuatoriana, el respeto a las comunidades indígenas, y aumentando las presiones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

¿Qué es el Yasuní y cuál es su importancia?

El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más extensa de Ecuador y uno de los sectores clave de la Reserva de la Biosfera Yasuní, un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ubicado entre la Amazonía y los Andes, este lugar es uno de los últimos con selva tropical virgen en Ecuador, en donde se albergan ecosistemas únicos que permiten que el Yasuní sea una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta.

Según las cifras del gobierno, en la selva del Parque existen alrededor de 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 150 especies de anfibios y más de 250 especies de peces.

![Imagen] Diego Tirira from Quito, Ecuador, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Por otro lado, es hogar de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, dos comunidades voluntariamente aisladas cuyo único hogar y fuente de sustento es la naturaleza.

Así como el Yasuní es un espacio único para la ecología, también ha llamado la atención del gobierno ecuatoriano y los inversionistas por albergar grandes yacimientos de petróleo.

Desde los años noventa, existen bloques petroleros cercanos e incluso con zonas de exploración y extracción dentro del Parque. Una realidad que ha traído una serie de conflictos socioambientales y un constante tira y afloja entre organismos intergubernamentales, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.

Esta situación se ha ido agudizando con los años, siendo su punto más álgido en el presente, con el referéndum y el debate frente al Bloque 43 o Bloque ITT por la sigla de los campos que lo componen (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).

¿Cuál es la historia de la explotación petrolera en el Bloque ITT?

La historia y conflicto en torno a este bloque viene de hace ya varios años, pero se puede fijar un primer hito en el año 2007, cuando el gobierno liderado por Rafael Correa acoge las demandas de las organizaciones ambientalistas e indígenas y propone la iniciativa Yasuní-ITT, un proyecto que buscó dejar bajo tierra los más de 800 millones de barriles de petróleo extraíbles de los yacimientos ubicados en la zona a cambio de compensaciones internacionales cuyos fondos se destinarían al desarrollo sostenible.

El objetivo era favorecer la conservación de la biodiversidad, evitar emisiones de Co2, respetar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero a su vez, contar con financiamiento para iniciativas que pudiesen apoyar el desarrollo local y ayudar al país a compensar una economía que basa su estabilidad principalmente en el petróleo.

Tras las pocas contribuciones recibidas, en el año 2013, el mismo Correa decide acabar con la iniciativa y abrir la posibilidad de que empresas petroleras puedan obtener licencias para explorar y extraer petróleo en el Yasuní, lo que genera una ola de movimientos socioambientales que comienzan a tomar acción a través de la justicia, manifestaciones autoconvocadas y una fuerte cobertura mediática de lo que podría significar alterar uno de los lugares más biodiversos del mundo.

La petición de las organizaciones fue muy clara: una consulta ciudadana en donde las mismas personas pudiesen elegir si querían que el petróleo quedase bajo tierra o si se abría la posibilidad de explotación.

Luego de diez años y tras múltiples obstáculos jurídicos y políticos, se llevó a cabo la consulta en agosto del año 2023, y su resultado se transformó en un triunfo para el mundo ambientalista: un 59% de la población ecuatoriana estuvo a favor de que el petróleo del Yasuní debía mantenerse bajo tierra.

A pesar del resultado de la consulta, lo cierto es que ya habían sido otorgadas licencias para la extracción petrolera en la zona, por lo que la Corte Constitucional ecuatoriana emitió un plazo de un año para retirar la infraestructura y proyectos ligados a la explotación en el Bloque 43, sin embargo, el Estado ecuatoriano no se ha amparado a este mandato, y al contrario, han extendido sus planes de cierre a plazos que superan los cinco años.

El gobierno y la empresa estatal Petroecuador han argumentado que el cierre a la explotación podría traer serias consecuencias a la economía del país, y que no existen las capacidades financieras de hacer un retiro tan rápido.

¿Cuál es la situación actual?

En el último reporte anual de Petroecuador (2024), se puede observar que en comparación con el año 2023, la explotación de petróleo disminuyó en un 11,2% en el Yasuní; sin embargo, a dos años del referéndum, las organizaciones ambientalistas e indígenas esperaban el cierre total de las operaciones. Esta es una realidad que aún no parece hacerse latente, y es que en 2024 la producción alcanzó los 17 millones de barriles de petróleo extraídos, y en lo que va de 2025, Petroecuador ha extraído más de 9 millones más.

El plan presentado por el gobierno tiene un cronograma que se extiende hasta el 2034, en donde para el 2025 está comprometido el cierre de 48 pozos, sin embargo, tanto medios de comunicación como organizaciones indígenas han denunciado poca transparencia desde la empresa estatal respecto a la información del estado de avance del cierre de los pozos.

Por otro lado, el país lleva los últimos años en una profunda crisis financiera y energética, reflejada en apagones que han superado incluso las 12 horas sin suministro. Un contexto que el gobierno actual de Daniel Noboa ha puesto como principal argumento para un cierre más paulatino de los pozos en el Yasuní, ya que implica, según sus cifras, la pérdida de 1200 millones de dólares anuales.

Ante este escenario, tanto grupos de economistas como las comunidades indígenas han propuesto planes alternativos para acelerar el cierre; sin embargo, no ha sido considerada la posibilidad de disminuir los tiempos.

En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas Waorani, Tagaeri y Taromenane e instó al cumplimiento inmediato del resultado del referéndum, sin embargo, hasta el cierre de edición de este artículo, las autoridades de Ecuador no han modificado los plazos o medidas del plan original.

Las organizaciones de la sociedad civil e indígenas no solo han lamentado la lentitud del proceso, sino que también los pocos espacios de participación e incidencia a los que pueden acceder, poniendo en tensión no solo el traspaso de los combustibles fósiles como el petróleo hacia fuentes limpias, sino que los estándares de una transición energética justa.