Minerales críticos en Chile: oportunidades y desafíos para la transición energética

Autores: Gustavo Orrego y Valentina Francke

Fecha: 14 de julio

Resumen

La transición energética ha elevado la demanda global por minerales críticos, como el cobre y el litio, esenciales para tecnologías limpias. Chile, como líder en su producción, enfrenta el desafío de responder a esta demanda sin profundizar los impactos sociales y ambientales ya presentes en su modelo extractivo. Este artículo examina el rol estratégico del país en los mercados globales, las proyecciones de participación, los impactos socioambientales de la minería y los compromisos climáticos asociados al sector. La transformación del modelo minero será clave para evitar reproducir nuevos impactos y conflictos socioambientales bajo la bandera de la descarbonización.

¿Por qué hablamos hoy de minerales críticos?

La transición energética global ha puesto en el centro del debate a los llamados “minerales críticos” o estratégicos. Estos corresponden a materias primas (minerales y metales) esenciales para el desarrollo de energía renovable y producción de tecnologías limpias, tales como paneles solares, baterías, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Su disponibilidad, accesibilidad y concentración geográfica los convierten en recursos geopolíticamente sensibles. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (no sobrepasar los 2 °C) se debería cuadruplicar la demanda de minerales para tecnologías limpias hacia 2040, y para transitar hacia la carbono neutralidad al 2050 requeriría hasta seis veces más insumos.

Esta presión plantea un desafío: garantizar el suministro sin repetir esquemas extractivistas. En vez de simplemente reemplazar combustibles fósiles por más minería, la transición justa exige que esta demanda se maneje con criterios de sostenibilidad y equidad. 

Gráfico 1: “Demanda total de minerales para tecnologías de energía limpia por escenario, 2020 en comparación con 2040”. Fuente: Elaboración propia en base a IEA.

¿Cuál es el rol de Chile?

Chile es uno de los principales actores mundiales en la extracción de minerales clave para la transición energética. El país es el mayor productor de cobre a nivel global y el segundo en litio. Para 2040. Entre 2023 y 2040, Chile podría aumentar su participación en la producción global de cobre del 24% al 27%, consolidando su liderazgo. Sin embargo, en el caso del litio, el panorama es inverso, puesto que se proyecta una caída desde el 24% en 2023 al 14% en 2040, reflejando una pérdida de espacio en la cadena de valor global.  Se requiere diversificar la economía, aumentar el valor agregado, al mismo tiempo que se minimizan las externalidades sociales y ambientales.

Gráfico 2: “Participación de Chile en el mercado global de cobre y litio, periodo 2023-2040”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA.    

¿Cuál es el impacto social y ambiental de la minería en Chile?

La minería ha sido un componente clave del desarrollo económico del país. Aporta entre un 10 % y 14 % del PIB nacional en el periodo 2020–2024, y genera un impacto significativo en el mercado laboral. Aunque el empleo directo en la explotación de minas y canteras representa solo el 3 %, se estima que por cada puesto directo se generan 2,55 empleos indirectos, elevando su incidencia al 10 % del empleo total nacional. No obstante, persisten brechas sociales importantes. La participación laboral femenina en el sector sigue siendo baja en comparación con otros rubros, alcanzando solo un 15 %.

En términos ambientales, la minería enfrenta múltiples desafíos. Entre los principales se encuentran el uso intensivo de agua, la contaminación del suelo y aire, y la presencia de conflictos socioambientales, que representan el 26 % del total en el país. Frente al crecimiento de la demanda por minerales críticos, se vuelve urgente repensar la sustentabilidad del modelo minero.

Gráfico 3: “PIB de la Minería Nacional y del Cobre 2020-2024 (Precios corrientes” Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Chile.    

¿Qué metas climáticas posee Chile en minería?

La minería es responsable de cerca del 17 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero del país, equivalentes a 18,9 Mton de CO₂ equivalente.

Frente a esta realidad, la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) establece metas específicas para alcanzar una minería con una menor huella de carbono. Entre los principales objetivos se encuentra reducir en al menos un 50 % las emisiones de CO₂ equivalente al 2030 y avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050. Para ello, se contemplan medidas como la incorporación de electromovilidad, eficiencia energética, economía circular, reducción en el uso de agua, protección de glaciares y la implementación de planes de monitoreo integral de relaves.

El cumplimiento de estas metas requerirá avances en materia de regulación, mayor transparencia en la gestión ambiental y una inversión coherente con los objetivos climáticos definidos por el país. La incorporación plena del sector minero en la agenda de descarbonización será clave para una transición efectiva hacia un desarrollo sostenible.

Gráfico 4: “Distribución sectorial de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile” Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Minería. 

¿Puede Chile liderar una transición socioecológica justa en minería?

Chile tiene el potencial técnico y estratégico para liderar una minería coherente con los desafíos de la crisis climática y ecológica. 

Para ello es necesario transformar la forma en que se planifica, regula y redistribuye la actividad minera. Iniciativas como la Estrategia Nacional del Litio o el nuevo royalty van en esa dirección, pero aún son insuficientes.

Se requiere fortalecer la participación ciudadana en el diseño e implementación de la política minera, elevar sustantivamente los estándares ambientales y asegurar mecanismos de fiscalización eficaces.

Una transición socioecológica justa no puede construirse sin el protagonismo de las comunidades y territorios, sin justicia ambiental ni una distribución equitativa de los beneficios económicos. El país tiene la oportunidad de romper con el extractivismo tradicional y convertirse en un referente de un modelo minero que integra la sustentabilidad como base de su funcionamiento.

¿Cómo avanza la generación distribuida para autoconsumo en Chile?

Autor: Marcos Pereira y Gustavo Orrego

Fecha: 14 de julio

Resumen

Desde la publicación de la Ley N.º 20.571 en 2012, Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en la generación distribuida para autoconsumo. A diciembre de 2024, hay más de 27.000 sistemas solares operativos, lo que equivale a una potencia total declarada de 310 MW. El autoconsumo emerge como una herramienta clave para el progreso de la transición energética justa y descentralizada del país. De cara a 2030 y 2050, el autoconsumo será clave para cumplir los compromisos climáticos nacionales, siendo necesario acelerar medidas, eliminar barreras y definir una estrategia nacional que guíe su despliegue como motor de la transición energética nacional.

¿Cómo se explica el ascenso del autoconsumo energético?

Desde 2012, Chile ha desarrollado un marco regulatorio que ha permitido la instalación progresiva de sistemas solares fotovoltaicos en hogares, pymes y actividades productivas. La Ley N° 20.571, publicada en 2012, permitió a los clientes regulados generar energía para autoconsumo e inyectar excedentes a la red, recibiendo descuentos en la factura eléctrica. En 2018, la Ley N° 21.118 amplió el límite de capacidad instalada de 100 kW a 300 kW, permitiendo el desarrollo de proyectos de mayor escala. Este impulso regulatorio se consolidó con el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo de 2020, que operativizó las disposiciones legales. 

Estos avances normativos han convertido al autoconsumo en una herramienta clave para diversificar la matriz energética de Chile, reducir emisiones y permitir que hogares y empresas produzcan su propia energía.

Escala de tiempo

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Figura 1: “Evolución del marco regulatorio de la generación distribuida para el autoconsumo en Chile, periodo 2012 – 2024”. Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo ha evolucionado la capacidad instalada y la cantidad de instalaciones solares en Chile?

La potencia instalada bajo el esquema Net Billing creció desde 1.042 kW en 2015 a más de 310.414 kW en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 88 % para el periodo 2015-2024. Este crecimiento ha sido liderado por el sector agrícola, el cual en 2024 representa el 41 % de la capacidad instalada, seguido del habitacional (21 %) e industrial (18 %). 

Gráfico

Gráfico 1: “Capacidad instalada en kW periodo 2015-2024. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEC.    

En lo que respecta a la cantidad de instalaciones solares, ésta creció desde 76 instalaciones en 2015 a 27.230 de ellas en 2024. Esto equivale a un crecimiento de un 35.728% en 9 años y a una tasa de crecimiento anual compuesta del 92%. Es importante destacar que, a pesar del crecimiento en la capacidad del sector agrícola, el sector residencial concentra actualmente el 85% de las instalaciones solares. 

Gráfico

Gráfico 2: “Cantidad de instalaciones solares Net Biling, periodo 2015-2024. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEC.    

¿Qué regiones concentran mayor capacidad instalada de autoconsumo por habitante?

Al analizar la capacidad instalada per cápita de Net Billing en el país, se observa que la región de O’Higgins presenta la mayor cantidad, con 0,045 kW por habitante. En segundo lugar, se encuentra la región del Maule, con 0,036 kW por habitante. Por el contrario, las regiones con menor capacidad instalada per cápita corresponden a Aysén (0,0051 kW), Tarapacá (0,0049 kW) y Magallanes (0,0045 kW).

En otras palabras, regiones del centro del país con importante presencia agrícola muestran una mayor capacidad instalada por habitante, lo que podría vincularse a la necesidad de este sector de contar con soluciones energéticas que permitan reducir costos operacionales y mejorar su autonomía. 

Adicionalmente, llama la atención que, pese a la alta población de la región Metropolitana, su capacidad instalada per cápita se ubique en el octavo lugar a nivel nacional. Esto podría explicarse porque, a diferencia de las regiones con una destacada presencia agrícola o industrial, donde existe mayor disponibilidad de superficie para este tipo de instalaciones y una necesidad concreta de reducir costos energéticos, en la capital predominan los departamentos como principal tipo de vivienda. Esta condición, junto a espacios reducidos y menores incentivos económicos, limita la adopción masiva de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo.

Gráfico 3: “Capacidad instalada de Net Billing (W/hab) por región al 31 de diciembre de 2024”. Fuente: Elaboración propia en base al SEC.   

¿Cuáles son las proyecciones y metas nacionales hacia 2030 y 2050?

Las metas establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) apuntan a que la generación distribuida residencial aporte 1.800 GWh al 2050, además de 5.657 GWh aportados desde el sector comercial.

Adicionalmente, en el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del sector energía, se incluye la sub-medida de “generación distribuida” de cuya implementación se espera mitigar un mínimo de 1.420 kilotoneladas de CO2eq para el año 2030.

Siguiendo la misma línea, la Política Energética Nacional del Ministerio de Energía contempla como meta al 2030 para Ciudades Energéticamente Sustentables, que el 100% de las edificaciones públicas nuevas posean un consumo energético “net zero”.

Sin embargo, para que el país pueda cumplir estos compromisos se requiere acelerar la implementación de medidas y eliminar barreras técnicas, económicas e institucionales. En esta línea, cobra especial relevancia la publicación de una Estrategia Nacional de Generación Distribuida, que actúe como instrumento rector, otorgando dirección, coherencia y mecanismos de seguimiento al despliegue del autoconsumo en Chile. 

¿Cómo contribuye el sector energético a las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile?

Autor: Marcos Pereira Cofré

Fecha: 12 de marzo de 2025

Resumen

Chile se propuso alcanzar la carbono neutralidad de su matriz energética al año 2050 como objetivo en su contribución nacional determinada NDC para el Acuerdo de París. En este sentido, el país ha comenzado una progresiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, incluyendo energías renovables y descarbonizando su matriz energética. Sin embargo, el sector energía es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de GEI en Chile, por lo que es de vital importancia acelerar los procesos de descarbonización y adición de energías renovables en todo el país.

Pero antes… ¿Cuánta energía consume Chile?

Según el balance energético proporcionado por Energía Abierta de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en 2022 Chile ha consumido de forma primaria cerca de 400 TWh.

Cabe resaltar la gran importancia de las fuentes no renovables en el consumo energético nacional, siendo visible el aporte del petróleo, carbón y gas a la oferta total energética. También, al revisar el balance de forma histórica, aproximadamente desde el año 2015 se logra identificar el ingreso y crecimiento progresivo de las fuentes renovables no convencionales (Solar y Eólica), sin embargo, estas aún no tienen una participación significativa como fuentes primarias de energía.

Gráfico 1: “Evolución del consumo energético primario de Chile en TWh en el periodo 2000-2023”. La fuente “Otras renovables” corresponde a Biomasa, Biocombustibles y Geotérmica. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CNE. 

¿Cuánto de esto se utiliza para generar electricidad en Chile?

El consumo energético primario es la cantidad total de energía disponible en Chile. Gran parte de esta energía se utiliza para generar electricidad, que luego llega a los consumidores finales. Por eso, cuando hablamos de consumo energético, es importante considerar también la generación eléctrica.

Según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el año 2022 se generaron cerca de 80.000 GWh de electricidad. Donde las principales fuentes de generación fueron el Carbón, el Gas Natural y la Hidroelectricidad. Por su parte, las fuentes renovables no convencionales más importantes son Eólica y Solar, que suman un 27% de participación.

Gráfico 2: “Distribución de la generación eléctrica por fuente en el año 2022”. Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEN.    

Y ahora, ¿Cuántos GEI emite Chile?

Chile cuenta con un Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNI Chile), donde se reportan las emisiones de gases de efecto invernadero de forma histórica y por sector. De acuerdo con el inventario, el año 2022 en Chile se emitieron en total 111,05 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e). Al considerar las capturas de GEI por parte del sector “Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura” o UTCUTS, las emisiones netas de GEI se traducen en 54,37 MtCO2e. 

A lo largo de la evolución histórica, se observa una tendencia creciente en la curva de emisiones netas. Esto se debe a la estrecha relación entre el aumento de las emisiones y el crecimiento del país, ya que un mayor desarrollo económico conlleva un incremento en el consumo energético. En el caso de Chile, donde la matriz energética aún depende en gran medida de fuentes no renovables, este aumento en la demanda de energía se traduce en una mayor generación de gases de efecto invernadero (GEI). Así, el crecimiento económico y el consumo energético están directamente vinculados al incremento de las emisiones nacionales.

Gráfico 3: “Evolución de emisiones de GEI por sector en MtCO2e para el periodo 2000-2022”. Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNI Chile.   

 El sector Energía como un desafío pero también como una oportunidad para Chile

Tal como se mencionó antes, el consumo energético está estrechamente relacionado al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el año 2022 el sector Energía en Chile representó un 76% de las emisiones totales de GEI. Además, es notable la trascendencia histórica de la participación del sector energético en las emisiones totales, por lo que se entiende como un sector indispensable a la hora de hablar de las emisiones de GEI en Chile.

Esta situación representa tanto un desafío como una oportunidad para Chile. Es un desafío, dado que gran parte de la matriz energética es dependiente de combustibles fósiles y representa la mayoría de las emisiones de GEI del país. Sin embargo, es también gracias a esto último que se le ve como una oportunidad de mejora en cuanto a la reducción de emisiones de GEI.     

Gráfico 4: “Evolución de emisiones de GEI sector Energía en MtCO2e para el periodo 2000-2022”. Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNI Chile.  

¿Qué está haciendo Chile frente a esta problemática?

El Acuerdo de París establece en materia de mitigación alcanzar lo antes posible un peak de emisiones de GEI y lograr la carbono neutralidad al 2050. Con respecto a esto, Chile actualizó su Contribución Nacional Determinada (NDC) el año 2020, donde su objetivo principal es reducir las emisiones con miras a la neutralidad al 2050, tal como lo indica su Ley Marco de Cambio Climático. Para esto, una de las acciones principales es alcanzar una matriz energética libre de emisiones de GEI, es decir, descarbonizar la matriz y dotarla de fuentes renovables principalmente solar y eólica, dada la riqueza de estos recursos energéticos en Chile. 

De acuerdo con la evolución del consumo energético primario de Chile, se puede ver que existe un aumento de las fuentes renovables. Sin embargo, estas siguen siendo menores a las fuentes no renovables, en efecto, tan solo el 41% del consumo energético primario en Chile fue a partir de fuentes renovables.

Gráfico 5: “Evolución del consumo energético primario por tipo de fuente en TWh para el periodo 2000-2023”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CNE.  

Finalmente, es de vital importancia impulsar las tecnologías renovables no convencionales para lograr los objetivos propuestos por Chile, tanto en la contribución nacional a las emisiones globales de GEI, como en el desarrollo de una matriz robusta frente a las solicitudes en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en las que el país está inmerso.

¿Cómo avanza la planificación climática comunal chilena a tres años de la Ley Marco de Cambio Climático?

Autor: Gustavo Orrego Méndez

Resumen

A tres años de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), el proceso de formulación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) avanza de forma lenta y desigual. Solo un 6% de los municipios cuenta con planes en etapa de implementación y un 31% no ha iniciado su elaboración. Las brechas institucionales, técnicas y financieras dificultan la planificación local. Sin embargo, existen oportunidades asociadas a la creación de redes colaborativas, participación ciudadana y la consideración de la trayectoria ambiental previa. Finalmente, se destaca la potencial sinergía entre la planificación climática comunal y el fortalecimiento de la transición energética en los territorios.

¿Qué exige la Ley Marco de Cambio Climático a los municipios chilenos?

La Ley N.º 21.455, publicada en 2022, establece la obligación de que todas las municipalidades del país elaboren un PACCC antes del 13 de junio de 2025. Este instrumento debe contener acciones, metas e indicadores de mitigación y adaptación climática. Su incumplimiento conllevaría una sanción para los alcaldes/as, aunque un dictamen reciente de Contraloría ha evidenciado vacíos legales sobre qué institución debe aplicar dicha sanción.

Panorama nacional: ¿cuántos municipios han cumplido?

A marzo de 2025, el avance en la elaboración de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) sigue siendo limitado. De los 345 municipios del país, solo 22 (6%) cuentan con un PACCC en etapa de implementación, mientras que 147 (43%) se encuentran en proceso de elaboración. Sin embargo, 107 municipios (31%) no han iniciado la elaboración del plan y 20 no entregaron información sobre su estado. Esto indica que, a pesar del mandato legal y la amenaza de sanción, una parte significativa de los municipios sigue sin cumplir la ley.

Gráfico 1: “Distribución de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático según etapa de desarrollo hasta marzo del 2025”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Contraloría General de la República.    

Y ahora, ¿Cuál es el avance en las diferentes regiones del país?

A nivel regional, el avance en la elaboración de los PACCC es disparejo. A marzo de 2025, solo siete de las dieciséis regiones del país contaban con al menos un PACCC en etapa de implementación. Regiones como Los Ríos, La Araucanía y Antofagasta lideran el proceso, con altos porcentajes de comunas en etapas avanzadas. Destaca el caso de Los Ríos, donde el 91% de las comunas ya implementa su plan. 

En contraste, regiones como Tarapacá, Ñuble, Aysén y Magallanes presentan retrasos significativos, con más del 50% de sus comunas sin avances registrados. 

Esta situación genera una brecha en la capacidad territorial de respuesta climática. Además, la falta de sincronización entre los planes comunales (PACCC) y regionales (PARCC) podría afectar la coherencia en la planificación multiescalar. Esto evidencia la necesidad de fortalecer la articulación entre niveles de gobierno y dotar de mayores recursos y asistencia técnica a las regiones rezagadas.

Gráfico, Gráfico de barras

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Gráfico 2: “Estado de elaboración de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático por región del país hasta marzo del 2025”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Contraloría General de la República.   

Posibles factores que determinan el avance comunal

El estudio cualitativo realizado en 11 comunas chilenas evidenció que existen múltiples factores que influyen en el avance de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). 

En primer lugar, la voluntad política de los alcaldes y alcaldesas se presenta como un elemento clave. Aunque muchos manifiestan interés por abordar el cambio climático, este compromiso no siempre se traduce en asignación de recursos concretos, lo que limita su implementación efectiva. 

En segundo lugar, los recursos económicos siguen siendo una gran barrera: el 72% de los municipios estudiados operan con presupuestos limitados, obligando a sus equipos a dividir esfuerzos entre tareas habituales y la formulación del PACCC. 

En tercer lugar, las capacidades técnicas son dispares. La existencia de una unidad ambiental con profesionales especializados acelera el proceso, pero su ausencia obliga a externalizar funciones o depender de voluntarios. También influye la trayectoria ambiental: municipios con experiencia en instrumentos previos, como el SCAM o planes locales, suelen tener mejor preparación institucional. 

Finalmente, la participación en redes colaborativas, tanto horizontales como verticales, aporta con insumos técnicos, financiamiento y legitimidad social. En conjunto, estos factores interactúan entre sí y definen la velocidad, calidad y profundidad con la que se avanza en la planificación climática local.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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Figura 1: “Factores que influyen en la elaboración de los PACCC”. Fuente: Elaboración propia en base a Maillet y Orrego 2025.  

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades?

A tres años de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), el proceso de planificación climática comunal evidencia tanto desafíos como oportunidades emergentes.

Entre los principales desafíos, destaca la baja apropiación del PACCC por parte de los municipios, especialmente en aquellos sin trayectoria ambiental. Muchos perciben estos instrumentos como una exigencia impuesta desde el nivel central, dificultando su integración en la planificación territorial. A ello se suman brechas en capacidades técnicas y recursos financieros, lo que limita la calidad y el ritmo de elaboración de los PACCC. 

Otro punto crítico es la indefinición institucional sobre qué entidad debe aplicar sanciones por incumplimiento, debilitando la fuerza normativa de la ley. Finalmente, existe una desarticulación entre la planificación climática regional y comunal, lo que puede provocar incongruencias y duplicidades de esfuerzos.

Sin embargo, también emergen oportunidades significativas. La participación en redes nacionales e internacionales ha permitido a algunos municipios acceder a asistencia técnica y financiamiento externo. Asimismo, la trayectoria ambiental previa (como el SCAM o planes locales) se presenta como una base sólida para acelerar la planificación climática. Otra oportunidad clave es la activación de mecanismos de participación ciudadana, que refuerzan la pertinencia territorial y la legitimidad social de los PACCC. 

En resumidas cuentas, una gobernanza basada en la colaboración interdepartamental y la coordinación entre niveles de gobierno podría mejorar la implementación, escalabilidad y efectividad de las políticas comunales frente al cambio climático.  

Nueva etapa: De la planificación climática comunal al fortalecimiento de la transición energética comunal

Finalmente, es necesario considerar que la elaboración e implementación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) no solo cumple una función estratégica en la adaptación y mitigación climática a nivel territorial, sino que también puede desempeñar un rol clave en el fortalecimiento de la transición energética en Chile. Aunque tradicionalmente la planificación energética se ha abordado desde niveles nacionales o regionales, los municipios pueden convertirse en actores activos de transformación si integran objetivos energéticos en sus PACCC.

A nivel local, los municipios tienen la capacidad de promover el uso de energías renovables (como paneles solares en edificios públicos, escuelas o centros de salud), impulsar alianzas para la certificación energética de edificaciones municipales, generar e implementar Estrategias Energéticas Locales (EEL). 

Por ello, la transición energética no debiera ser una temática marginal o ausente en los PACCC. Su incorporación explícita representa una oportunidad concreta para alinear las metas de descarbonización del país con las necesidades y capacidades locales, transformando a los municipios en protagonistas de un cambio estructural.