Continúa la expansión del gas natural en Perú, ¿es compatible con la transición energética?

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: agosto, 2025

Resumen

La generación eléctrica en Perú se ha basado históricamente en hidroelectricidad y gas natural. Actualmente, el país busca expandir la cobertura de este último con grandes inversiones y proyectos como el gaseoducto del sur. Sin embargo, esta expansión genera tensiones sociales y críticas por sus impactos en comunidades indígenas y el medio ambiente, poniendo a Perú en una situación de tensión frente al desafío de equilibrar seguridad energética, sostenibilidad y justicia social en su matriz.

Primero, ¿cómo se distribuye la generación de electricidad en Perú y cuáles son las proyecciones?

Perú es un país que produce su electricidad principalmente a partir de fuentes renovables, siendo su mayor contribuyente la hidroelectricidad, con un 50,2% del total de la generación.

Ahora bien, a pesar de su mayoría de generación a partir de renovables, su segundo mayor contribuyente es el gas natural, un combustible que, si bien se ha posicionado como una alternativa más limpia que el carbón o el petróleo, no está exento de generar emisiones e impactos ambientales.

Perú ya lleva más de dos décadas con un gas natural sumamente presente y predominante en su generación eléctrica, principalmente con el Proyecto Camisea en la Amazonía de Cuzco, cuya explotación cubre alrededor del 40% de la cobertura eléctrica desde inicios de los 2000.

Durante los últimos años, el gobierno y las empresas ligadas al gas natural peruano han buscado expandir la cobertura, tanto en viviendas como en el aumento de automóviles en base a este combustible.

En junio de este año, la CAF aprobó un préstamo para la empresa Cálidda por hasta 500 millones de dólares para ampliar la cobertura de gas natural en Perú, buscando alcanzar 900 mil personas al año 2030. Con esta misma empresa, que se posiciona como la principal distribuidora de gas natural en el país, el Ministerio de Minas y Energías anunció un acuerdo que busca llevar el gas natural a 15 localidades entre el centro y el sur del país.

Por otro lado, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) propuso al gobierno el proyecto TGP Extensión Sur, una iniciativa que busca construir un gaseoducto de más de 900 kilómetros para contribuir al abastecimiento de gas natural al sur del país.

¿Qué impactos puede tener el gas?

En Perú, si bien el gas natural se ha transformado en una oportunidad de desarrollo económico, no ha estado exento de impactos socioambientales. Con la llegada de las exploraciones en busca de gas a la Amazonía en los 80, comunidades indígenas aisladas como la tribu Nahua se vieron expuestas por primera vez a enfermedades que acabaron con números que rodean la mitad de su población de ese entonces.

Hasta hoy, las consecuencias en la salud de las comunidades indígenas siguen estando en el debate desde organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ha levantado la preocupación por la contaminación con gases tóxicos en lugares en donde se asientan comunidades.

Por otro lado, organizaciones locales de Quillabamba han denunciado que la distribución de costos y beneficios de la explotación del gas natural no ha sido equitativa, y que incluso, sectores cercanos a donde se produce el gas aún no cuentan con un suministro eléctrico seguro y eficiente, lo que ha desencadenado olas de protestas en distintos momentos de los últimos 10 años, siendo sus puntos más álgidos entre el 2010 y el 2012, y en marzo de este año.

A nivel ambiental, tanto la extracción como el transporte de gas natural implican riesgos de fuga de metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor perdurabilidad en la atmósfera y por ende uno de los que mayoritariamente contribuyen al efecto invernadero.

¿Solución o retroceso?

La expansión de gas natural ha generado una serie de debates, y no solo en Perú sino también en la discusión a nivel internacional de la transición energética. Por un lado existen grupos, principalmente de gremios energéticos, que apuntan a que el gas natural puede ser una buena alternativa transitoria, pero por el otro lado, organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas han advertido que confiar en el gas natural para los procesos de transición puede enlentecer procesos rápidos de transformación hacia las energías renovables, e incluso, desviar inversiones que podrían ir en pos de proyectos como parques fotovoltaicos o eólicos. Esta mirada también se reflejó en las conclusiones de la COP28, cuyo acuerdo final fue dejar atrás los combustibles fósiles para una transición justa y acelerada.

Ahora bien, con las tecnologías actuales, aún existen sectores e industrias que no son viables de alimentar a través de renovables, y en estos casos, los expertos han señalado que el gas natural puede ser una buena alternativa para reducir las emisiones, al igual que el hidrógeno producido a partir de fuentes renovables.

Por otro lado, se deben considerar las realidades socioeconómicas de cada estado, ya que no todos los países tienen las capacidades de invertir o de transformar sus matrices de la misma manera. En ese sentido, Perú debe ser capaz de poner en la balanza la seguridad energética, los costos para las personas, los impactos socioambientales y sus compromisos climáticos.

Soberanía energética e inversión privada, la tensión de la transición energética Mexicana

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: agosto, 2025

Resumen

La Guajira es una región clave por su enorme potencial en energía eólica, sin embargo, su desarrollo ha sido lento y conflictivo. A pesar de los incentivos incluidos en la Ley 2099 de Transición Energética, la implementación real ha enfrentado múltiples obstáculos, sobre todo con las comunidades indígenas del sector, quienes reclaman injusticias históricas respecto al uso de sus territorios, las compensaciones y el alcance limitado de los beneficios de las energías renovables para sus asentamientos.

Primero, ¿dónde se ubica La Guajira y por qué es relevante para la transición energética colombiana?

La Guajira es un departamento de Colombia ubicado en la región Caribe, al norte del país. A nivel geográfico se caracteriza por sus paisajes desérticos y playas de aguas cristalinas. Según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, tiene un aproximado de 1,04 millones de habitantes, de los que más de un 40% se autorreconocen como indígenas, principalmente pertenecientes a la comunidad Wayuu. Además, es uno de los departamentos del país con mayores índices de pobreza, alcanzando un 61.3% de incidencia en centros poblados y asentamientos en zonas rurales.

El lugar se ha transformado en la piedra angular de la proyección de la transición energética colombiana debido a sus características desérticas como el nivel de radiación y la intensidad de los vientos, las que permiten vislumbrar un gran potencial para proyectos de energía eólica y solar.

La Guajira ya es un punto estratégico de proyectos de inversión para Colombia. El departamento concentra una gran actividad minera y extractiva de carbón, yeso, arcilla, cal, entre otros. De hecho, es en este departamento donde se ubica una de las mineras de carbón a cielo abierto más grandes del mundo: el Cerrejón.

Durante los últimos gobiernos ha existido una continuidad en la idea de aprovechar el potencial, sobre todo eólico, para las energías renovables. El departamento se ha posicionado a nivel político y económico como una zona clave para concretar las proyecciones de la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa de Colombia.

Por otro lado, el gobierno colombiano ha impulsado el Plan 6GW+, una iniciativa que busca impulsar la incorporación de al menos 6 GW de capacidad instalada a partir de energías renovables a 2026. En este marco, se han reactivado una serie de proyectos en la zona, siendo el logro más reciente del Ministerio de Minas y Energía el ingreso de 2.400 megavatios, equivalentes al 40% de la meta de los 6 GW, a través de más de 20 proyectos que se instalarán en la zona.

Un historial de conflictos socioambientales

Las condiciones sociales y la concentración de proyectos extractivos han generado un amplio historial de conflictos socioambientales y manifestaciones en La Guajira. Solo en 2024, según las estadísticas de la Cámara del Comercio, se produjeron alrededor de 200 manifestaciones, las que incluyeron desde intervenciones pacíficas y paros, a bloqueos de las vías de traslado.

Los motivos son múltiples: el funcionamiento ineficiente de las consultas previas, los impactos culturales y ambientales de los proyectos, la distribución de los beneficios económicos y una fuerte desconfianza institucional.

En la actualidad, la llegada de proyectos de energía renovable ha generado visiones contrapuestas. La Guajira es el tercer departamento con mayores índices de pobreza energética y la llegada de proyectos prometía nuevas condiciones para las comunidades; sin embargo, esa es una realidad que aún no llega, y que, por el contrario, ha generado una serie de nuevos conflictos.

La instalación de los parques eólicos ha puesto en evidencia realidades que ya eran latentes. Las formas y herramientas de los instrumentos estatales y privados no necesariamente son las mismas con las que se organizan las comunidades indígenas. Por esta razón, las negociaciones para la instalación de los parques en terreno indígena han sido un motivo de controversia. Muchas veces, los titulares de los terrenos y los límites no son los mismos con los que se organizan las comunidades, generando negociaciones cruzadas y compensaciones que no se distribuyen equitativamente.

Estas tensiones entre las comunidades Wayuu, las empresas titulares de los proyectos y las autoridades han llevado a una serie de suspensiones temporales y definitivas de proyectos de energía renovable, como fueron los casos de los parques eólicos Camelia y Acacia de la empresa Celsia o los parques eólicos Alpha y Beta de EDP Renewables.

Y ¿Cómo se puede avanzar?

Si Colombia quiere avanzar en un mayor alcance de energías renovables, pensando en el potencial que tienen en algunos sectores clave como La Guajira, se deben integrar estándares de una transición energética justa.

Hoy, si bien la mayoría de la generación eléctrica en el país es a partir de fuentes renovables, llegando a un 64.4% en 2024, es una generación muy poco diversificada, concentrada en un 63.5% en hidroelectricidad. Esta realidad supone una situación de mayor vulnerabilidad frente a eventos climáticos como los periodos de sequía.

El país debe avanzar en la diversificación de su matriz renovable, y para ello se requieren nuevos proyectos, sin embargo es necesaria la revisión de estándares en las formas y mecanismos de instalación de los proyectos, buscando evitar las vulneraciones a comunidades indígenas, y disminuir la conflictividad, la que además de arriesgar la cancelación o suspensión de los parques, también trae consecuencias sociales y culturales para las personas Wayuu.

La Guajira: la promesa varada de la transición energética colombiana

Autora: Carla J. Ovalle
Fecha: septiembre, 2025

Resumen

México se encuentra en una encrucijada energética: por un lado, persiste el compromiso con la soberanía energética, que implica fortalecer a empresas estatales como la CFE y Pemex; por otro, la transición hacia energías limpias requiere inversión privada y cooperación internacional. Esta dualidad genera tensiones entre los gremios, el gobierno y las relaciones internacionales, siendo un punto de especial incertidumbre los diálogos con Estados Unidos.

¿Cuáles han sido los enfoques energéticos de México durante los últimos años?

Desde la reforma energética de 2013, México buscó abrir su sector energético a la inversión privada; Pemex dejó de ser un monopolio estatal para los hidrocarburos y se abrió la posibilidad de firmar contratos con empresas internacionales (licencias, producción compartida, utilidad compartida y servicios) para la exploración y extracción de petróleo y gas.

Sin embargo, el gobierno actual ha revertido parcialmente este enfoque, priorizando la participación de CFE y Pemex en la generación y distribución de energía. La reforma energética de 2025 establece que la CFE debe generar al menos el 54% de la electricidad del país, con el resto producido por empresas privadas, enfocándose en fuentes renovables.

¿Qué significa esto para la transición?

La principal disyuntiva entre los enfoques de las reformas del 2013 del gobierno de Enrique Peña Nieto y las actuales de Claudia Sheinbaum es el rol que toman los privados y el Estado frente a la transición.

La reforma de 2013 priorizó la atracción de proyectos renovables a través de privados. Se realizaron subastas en donde México llegó a tener proyectos renovables con récords de bajo costo a nivel mundial y se promovieron los Certificados de Energías Limpias (CEL) para asegurar montos determinados a nivel anual.

Una de las grandes críticas a estas gestiones fue la pérdida de protagonismo de las empresas de hidrocarburos estatales en la economía, en donde incluso se planteó la pérdida de soberanía energética.

Si bien durante este periodo las energías renovables fueron en aumento, también aumentó la participación de gas natural en la generación eléctrica, ya que los privados no solo comenzaron a entrar en el mercado a través de las renovables, sino que también con proyectos de explotación fósil.

El enfoque del gobierno actual ha sido volver a posicionar al Estado como el gran administrador y participante en el mercado de la energía. Esto a través de una serie de reformas que buscan el acceso universal, tarifas más accesibles y entrar a cubrir áreas que no son rentables para privados, pero que sí son necesarias para avanzar en seguridad energética.

Se estableció un Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional hacia el 2030 en donde se contemplan inversiones millonarias para generación, transmisión, distribución eléctrica, nuevas capacidades y electrificación rural. Avances que han sido sumamente celebrados a nivel social, pero que se han mirado con cierto recelo a nivel ambiental, y es que estas medidas también sustentan sus pilares en la producción de hidrocarburos.

Si bien México ha reconocido sus compromisos ambientales, las estrategias de expansión y las últimas reformas ponen un fuerte énfasis en los procesos de refinación de PEMEX, lo que puede entrar en tensión con las metas de descarbonización.

¿Qué imagen quiere proyectar México a nivel internacional?

Más allá de cuál de los enfoques puede ser más eficiente para una transición energética justa, diversos analistas internacionales han levantado la preocupación de cómo puede aumentar la desconfianza de los inversionistas de proyectos por los cambios, en tiempos muy breves, a los marcos jurídicos.

México tiene el desafío de equilibrar un Estado que garantice un acceso energético universal y de calidad a sus ciudadanos, pero también de generar la estabilidad suficiente para mantener la sostenibilidad económica de las transformaciones que requiere su matriz y que necesita para alcanzar sus compromisos climáticos.

Por otro lado, este debate ha cruzado las fronteras, siendo un punto de fricción la relación de Estados Unidos. Ya desde el año 2022, el gobierno estadounidense manifestó preocupación por los cambios en materia de energía, lo que se tradujo en consultas formales en el marco del acuerdo T-MEC, un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El país levantó la moción de que las medidas de México socavaban a las empresas estadounidenses y a la energía producida en EE.UU. en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), haciendo especial referencia a la priorización de CFE por sobre fuentes limpias proporcionadas por proveedores privados de energía solar y eólica.

A inicios de este año, el Instituto Americano de Petróleo (API) escribió una carta al Representante Comercial de EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés) expresando preocupaciones de que las reformas constitucionales recientes de México obstaculizan la inversión estadounidense y socavan la competencia en el sector energético. Esta preocupación emerge en un contexto de ya varios años en donde Estados Unidos y México se compran y venden energía, por lo que la priorización del Estado mexicano por la producción local genera preocupaciones en los mercados de los otros países de Norteamérica.

Ahora bien, más allá de Estados Unidos, las alertas a nivel internacional están levantadas desde el sector ambiental por el posible enlentecimiento de la transición energética Mexicana, y es que su incentivo a la explotación de fósiles como el petróleo y el gas natural para apalancar la economía y extender la cobertura energética pone en un riesgo latente la transformación hacia las energías renovables.

El petróleo bajo tierra: el referéndum del Yasuní que aún busca cumplimiento

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: septiembre, 2025

Resumen

Han pasado más de dos años desde que la sociedad ecuatoriana decidió a través de una consulta ciudadana detener la explotación de petróleo en el Yasuní, sin embargo, a pesar de la disminución de la producción, la extracción de petróleo sigue sumando más de 9 millones de barriles en lo que va del 2025, poniendo en tensión la transición energética ecuatoriana, el respeto a las comunidades indígenas, y aumentando las presiones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

¿Qué es el Yasuní y cuál es su importancia?

El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más extensa de Ecuador y uno de los sectores clave de la Reserva de la Biosfera Yasuní, un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ubicado entre la Amazonía y los Andes, este lugar es uno de los últimos con selva tropical virgen en Ecuador, en donde se albergan ecosistemas únicos que permiten que el Yasuní sea una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta.

Según las cifras del gobierno, en la selva del Parque existen alrededor de 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 150 especies de anfibios y más de 250 especies de peces.

![Imagen] Diego Tirira from Quito, Ecuador, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Por otro lado, es hogar de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, dos comunidades voluntariamente aisladas cuyo único hogar y fuente de sustento es la naturaleza.

Así como el Yasuní es un espacio único para la ecología, también ha llamado la atención del gobierno ecuatoriano y los inversionistas por albergar grandes yacimientos de petróleo.

Desde los años noventa, existen bloques petroleros cercanos e incluso con zonas de exploración y extracción dentro del Parque. Una realidad que ha traído una serie de conflictos socioambientales y un constante tira y afloja entre organismos intergubernamentales, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.

Esta situación se ha ido agudizando con los años, siendo su punto más álgido en el presente, con el referéndum y el debate frente al Bloque 43 o Bloque ITT por la sigla de los campos que lo componen (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).

¿Cuál es la historia de la explotación petrolera en el Bloque ITT?

La historia y conflicto en torno a este bloque viene de hace ya varios años, pero se puede fijar un primer hito en el año 2007, cuando el gobierno liderado por Rafael Correa acoge las demandas de las organizaciones ambientalistas e indígenas y propone la iniciativa Yasuní-ITT, un proyecto que buscó dejar bajo tierra los más de 800 millones de barriles de petróleo extraíbles de los yacimientos ubicados en la zona a cambio de compensaciones internacionales cuyos fondos se destinarían al desarrollo sostenible.

El objetivo era favorecer la conservación de la biodiversidad, evitar emisiones de Co2, respetar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero a su vez, contar con financiamiento para iniciativas que pudiesen apoyar el desarrollo local y ayudar al país a compensar una economía que basa su estabilidad principalmente en el petróleo.

Tras las pocas contribuciones recibidas, en el año 2013, el mismo Correa decide acabar con la iniciativa y abrir la posibilidad de que empresas petroleras puedan obtener licencias para explorar y extraer petróleo en el Yasuní, lo que genera una ola de movimientos socioambientales que comienzan a tomar acción a través de la justicia, manifestaciones autoconvocadas y una fuerte cobertura mediática de lo que podría significar alterar uno de los lugares más biodiversos del mundo.

La petición de las organizaciones fue muy clara: una consulta ciudadana en donde las mismas personas pudiesen elegir si querían que el petróleo quedase bajo tierra o si se abría la posibilidad de explotación.

Luego de diez años y tras múltiples obstáculos jurídicos y políticos, se llevó a cabo la consulta en agosto del año 2023, y su resultado se transformó en un triunfo para el mundo ambientalista: un 59% de la población ecuatoriana estuvo a favor de que el petróleo del Yasuní debía mantenerse bajo tierra.

A pesar del resultado de la consulta, lo cierto es que ya habían sido otorgadas licencias para la extracción petrolera en la zona, por lo que la Corte Constitucional ecuatoriana emitió un plazo de un año para retirar la infraestructura y proyectos ligados a la explotación en el Bloque 43, sin embargo, el Estado ecuatoriano no se ha amparado a este mandato, y al contrario, han extendido sus planes de cierre a plazos que superan los cinco años.

El gobierno y la empresa estatal Petroecuador han argumentado que el cierre a la explotación podría traer serias consecuencias a la economía del país, y que no existen las capacidades financieras de hacer un retiro tan rápido.

¿Cuál es la situación actual?

En el último reporte anual de Petroecuador (2024), se puede observar que en comparación con el año 2023, la explotación de petróleo disminuyó en un 11,2% en el Yasuní; sin embargo, a dos años del referéndum, las organizaciones ambientalistas e indígenas esperaban el cierre total de las operaciones. Esta es una realidad que aún no parece hacerse latente, y es que en 2024 la producción alcanzó los 17 millones de barriles de petróleo extraídos, y en lo que va de 2025, Petroecuador ha extraído más de 9 millones más.

El plan presentado por el gobierno tiene un cronograma que se extiende hasta el 2034, en donde para el 2025 está comprometido el cierre de 48 pozos, sin embargo, tanto medios de comunicación como organizaciones indígenas han denunciado poca transparencia desde la empresa estatal respecto a la información del estado de avance del cierre de los pozos.

Por otro lado, el país lleva los últimos años en una profunda crisis financiera y energética, reflejada en apagones que han superado incluso las 12 horas sin suministro. Un contexto que el gobierno actual de Daniel Noboa ha puesto como principal argumento para un cierre más paulatino de los pozos en el Yasuní, ya que implica, según sus cifras, la pérdida de 1200 millones de dólares anuales.

Ante este escenario, tanto grupos de economistas como las comunidades indígenas han propuesto planes alternativos para acelerar el cierre; sin embargo, no ha sido considerada la posibilidad de disminuir los tiempos.

En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas Waorani, Tagaeri y Taromenane e instó al cumplimiento inmediato del resultado del referéndum, sin embargo, hasta el cierre de edición de este artículo, las autoridades de Ecuador no han modificado los plazos o medidas del plan original.

Las organizaciones de la sociedad civil e indígenas no solo han lamentado la lentitud del proceso, sino que también los pocos espacios de participación e incidencia a los que pueden acceder, poniendo en tensión no solo el traspaso de los combustibles fósiles como el petróleo hacia fuentes limpias, sino que los estándares de una transición energética justa.

“Es erróneo afirmar que la Amazonia es el pulmón del mundo” ¿Qué pasó con la transición de Brasil en el gobierno de Jair Bolsonaro?

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: Junio 2025

Resumen

Brasil es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en América Latina y el mundo, por lo que sus compromisos y políticas internas cobran una gran relevancia a nivel internacional para lograr los objetivos del Acuerdo de París. A pesar de las cifras, el gobierno de Jair Bolsonaro dio marcha atrás con una serie de programas y medidas que estaba impulsando el país en materia de emisiones y protección ambiental, sustentado en el supuesto resguardo de la soberanía y el equilibrio económico ¿Qué pasó con las emisiones durante su gobierno y qué acciones se han vuelto a implementar?

Primero, ¿Cuáles son las cifras de emisiones en Brasil?

Al año 2021 Brasil emitía 1544,68 MtCO2e posicionándose como el país con mayor cantidad de emisiones en América Latina, principalmente debido a la extensión de la agricultura, la dependencia fósil del transporte y su industria petrolera. A pesar de sus emisiones, Brasil es considerada una de las matrices energéticas más limpias del mundo. 

Si revisamos cómo han evolucionado sus emisiones a lo largo del tiempo, un primer factor es la reducción de las emisiones durante el año 2011, cuyas principales causas fueron las medidas para frenar la deforestación y los desastres climáticos de inicios de ese año. Luego las emisiones se mantuvieron constantes pero en un leve aumento. En el año 2016 y en el 2021 se pueden observar alzas de mayor intensidad. La primera se puede atribuir a grandes incendios en la parte amazónica del país, y la segunda, también al aumento de focos de incendio, pero acompañado de un retroceso en materia de prevención y de medidas de mitigación. 


Nota: gráfico de elaboración propia 

¿Cómo fueron avanzando los planes de gobierno en cuanto a emisiones y acción climática?

Brasil cuenta con una serie de políticas y compromisos que vienen de hace más de 15 años atrás. Desde el 2009 el país cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático y desde el 2004 con un primer plan para incentivar las energías renovables. 

A nivel de medidas, el primer gobierno de Lula Da Silva marcó un inicio en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, sin embargo, desde el siguiente gobierno comenzaron las críticas. 

Si bien Dilma Roussef dio cierta continuidad a la línea ambientalista de Lula a nivel internacional, dentro del país se dieron una serie de críticas y manifestaciones debido a dos medidas del gobierno: la reforma al Código Forestal y el Programa de Aceleración de Crecimiento.

Este último, estableció como uno de sus frentes principales el fortalecimiento de la infraestructura a nivel energético, pero fue sumamente cuestionado al priorizar proyectos que tenían un impacto económico positivo a costa del impactos socioambientales.

La gestión del siguiente gobierno, liderado por Michel Temer, tampoco fue reconocida por su aporte a nivel ambiental. Su gestión estuvo caracterizada por la influencia del sector agrícola y el aumento de la deforestación. Además, no existieron nuevas políticas o impulsos hacia la transición o a la reducción de emisiones. 

La institucionalidad ambiental ya venía debilitada, y Jair Bolsonaro profundizó aún más ese debilitamiento. Se disminuyó el financiamiento al Ministerio de Medio Ambiente y a la fiscalización ambiental, la deforestación de la selva amazónica llegó a un peak histórico y la postura resistente al cambio climático del mandatario no ayudaron a las relaciones internacionales. Brasil pasó de ser uno de los líderes de América en acción climática a un país sumamente criticado por su retroceso, llegando incluso a la suspensión de fondos monetarios como el Fondo Amazonía, financiado por países como Noruega y Alemania. 

Dada esta postura, se disparó nuevamente la producción y refinación de combustibles fósiles, llegando en el año 2022 a más de 6.500.000 TJ solo en petróleo. 

Pero entonces, ¿Cuáles fueron las consecuencias?
A grandes rasgos, podemos hablar de cinco grandes consecuencias.
En primer lugar la deforestación de la selva amazónica. Desde los planes de disminución, en el gobierno de Bolsonaro, se registraron las cifras más altas de deforestación en el país, llegando en el 2021 a 13.000 kilómetros cuadrados. 

El mandatario no reconocía el valor estratégico de la Amazonía en la acción climática global, llegando a afirmar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que no era el “pulmón del planeta” y que acuerdos como el de París ponían en riesgo la soberanía de Brasil sobre la región.

Como segunda consecuencia, las emisiones también tuvieron alzas históricas, superando las 400 mil toneladas de CO2 durante el año 2021 y 2022, debido principalmente al cambio de uso de suelo.

Por otro lado, la institucionalidad ambiental se debilitó debido a la disminución de financiamiento, limitando el accionar fiscalizador y la posibilidad de generar nuevos proyectos. 

Por último, y como se mencionó anteriormente, Brasil tuvo que enfrentar la crítica internacional tras sus retrocesos, después de haber sido uno de los líderes en la región por sus compromisos climáticos. 

¿Y qué pasa ahora?

Con la vuelta de Lula Da Silva al poder, el país ha buscado recuperar su posicionamiento a nivel internacional e instaurar nuevamente la protección ambiental y la transición como ejes del quehacer político. 

Se reactivaron y fortalecieron fondos para el Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos, se relanzó el Plan de Acción Contra la Deforestación y se reactivó el Fondo Amazonía. Sin embargo, a pesar de la recuperación, existen una serie de tensiones en esta nueva administración, especialmente respecto a la exploración petrolera en los límites del Amazonas. 

A estas tensiones, además, se les suma la constante presión de los sectores agricultores, quienes han exigido históricamente la flexibilización de normativas ambientales.

El panorama de Brasil hoy es desafiante a nivel nacional e internacional dado su grueso aporte a las emisiones y su importancia ecosistémica al poseer uno de los grandes pulmones del mundo.

Vaca Muerta ¿Una oportunidad de desarrollo o un obstáculo para la transición argentina?

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: Junio 2025

Resumen

Argentina es uno de los países con mayor cantidad de emisiones en América Latina, principalmente debido a la dependencia de los combustibles fósiles en su sector energético. En ese contexto, la explotación de la formación Vaca Muerta ha generado fuertes tensiones entre la promesa de una oportunidad económica y los impactos que puede traer el aumento de la extracción de hidrocarburos a nivel social, ambiental y energético.

Primero, ¿Qué es la formación Vaca Muerta?

Vaca Muerta es una formación geológica compuesta de capas de rocas sedimentarias que atraviesa las provincias de Neuquén, Río Negro, La Pampa y Mendoza. Esta formación es la segunda reserva de gas más grande del mundo y la cuarta de petróleo. Dadas sus particularidades geológicas Vaca Muerta se considera un yacimiento de hidrocarburos no convencional.

Si bien el primer estudio de la zona se llevó a cabo en 1931 por el geólogo estadounidense Charles Edwin Weaver, no fue hasta el 40 años después que el estado argentino decidió comenzar a explorar e invertir en la extracción de hidrocarburos a través de la empresa estatal Yacimientos Petrolíferos Fiscales, S. A (YPF), dando inicio a la explotación de Vaca Muerta en el año 2013 con un plan piloto que contempló más de 100 pozos de extracción.

¿Por qué es importante para el estado argentino?

Tal como mencionamos anteriormente, Vaca Muerta es una de las reservas más grandes de hidrocarburos del mundo. Para el estado argentino esto ha sido una ventana económica, no solo para exportar energía a nivel regional, sino que también para reducir su dependencia de las importaciones de gas y petróleo.

Llevémoslo a cifras:

Con una extensión de 30 mil kilómetros, alberga alrededor de 16.200 millones de barriles de petróleo y 308 billones de pies cúbicos de gas natural. 

En la industria petrolera, un barril son aproximadamente 159 litros. Entonces, en Vaca Muerta se podrían extraer aproximadamente 2,575 billones de litros de petróleo. Una cantidad que no solo cubre la demanda para la matriz Argentina, sino que además permite generar líneas de exportación a largo plazo sin el riesgo de perder continuidad.

Durante el año 2024, las exportaciones energéticas sumaron 9.677 millones de dólares, convirtiéndose en el 12% del total recopilado a través de exportaciones a nivel nacional.

Entonces, ¿Cuál es el problema?

Un poco más arriba en este artículo hablamos de que las características de Vaca Muerta lo transformaban en un yacimiento de extracción no convencional, esto significa que el gas no se encuentra en un pozo que al perforar se libera, sino que los hidrocarburos están atrapados entre la roca. Para esto se deben usar técnicas distintas, y una de ellas es la fracturación hidráulica o fracking, que consiste en inyectar grandes cantidades de agua, compuestos químicos y arena a la roca que contiene los hidrocarburos para fracturarla y liberarlos.

Esta técnica ha sido sumamente criticada por organizaciones ambientales, e incluso prohibida en países como Francia debido a los riesgos que conlleva de fugas de gases o contaminación de aguas.

Por otro lado, los acuerdos internacionales en materia ambiental han incentivado y empujado a los países a dejar atrás los combustibles fósiles dada su principal responsabilidad en la crisis climática, por lo que aumentar la inversión y explotación de hidrocarburos sería un retroceso en el proceso de transición a energías renovables, más aún si se está apuntando a que sea un factor clave en la economía del país.

¿Y cómo son las cifras actuales de Argentina?

Argentina no se ha caracterizado por ser un país ambicioso en sus metas climáticas. En la última actualización de su contribución determinada nacional (NDC) en el marco del Acuerdo de París su meta de reducción de gases de efecto invernadero se cerró en 27.7% para el año 2030. 

Por otro lado, sus emisiones per cápita se han situado por sobre el promedio mundial, llegando en 2021 a aproximadamente 8 toneladas de CO2 equivalente.


Nota: gráfico de elaboración propia 

Durante el 2021, la emisión total de gases de efecto invernadero en Argentina llegó a 421,15 MTCO2E, siendo el sector energético el responsable de más de la mitad de esta cifra.

Nota: gráfico de elaboración propia 

 ¿Qué se puede esperar entonces?

En un escenario ideal, Argentina debiese gestionar una transición justa que asegure el abandono paulatino del carbón y la eventual declinación en la producción de hidrocarburos, Procurando no afectar negativamente a trabajadores y economías regionales dado los últimos incentivos a yacimientos como Vaca Muerta.


Ahora bien, es importante mencionar que el país tiene la oportunidad de aprovechar sus recursos renovables para transformar su matriz, pero deberá superar barreras financieras y desincentivar nuevas inversiones en energías fósiles de forma decidida, lo que se torna un panorama complejo dado el ímpetu de seguir expandiendo Vaca Muerta con el fin de mejorar el posicionamiento económico del país. 

¿Cuál es el estado actual del carbón en Chile?

Autor: Valentina Francke y Gustavo Orrego
Fecha: 25 de junio

Resumen

El carbón ha sido históricamente un pilar en la generación eléctrica de Chile, pero su impacto ambiental y social ha motivado una transición energética. Desde 2019, Chile ha cerrado 11 termoeléctricas, reduciendo en 1.679 MW su capacidad instalada a carbón. No obstante, aún existen desafíos: algunas centrales han sido vendidas para evitar su cierre, y tecnologías como el co-firing podrían extender la vida útil del carbón. Acelerar el cierre al 2030, en lugar de 2040, permitiría reducir emisiones, proteger la salud de las personas y avanzar hacia una transición energética justa.

¿Por qué es urgente dejar atrás el carbón?

El carbón es uno de los combustibles fósiles con mayores impactos ambientales y sanitarios, y su uso está directamente vinculado a las mayores emisiones de CO₂, SO₂, NOₓ y metales pesados. En Chile, el 76,4% de las emisiones provienen del sector energético, y un cuarto de ellas de la generación eléctrica. Además, su combustión genera cenizas altamente tóxicas que contaminan suelos y aguas. Las enfermedades derivadas del uso del carbón incluyen asma, cáncer pulmonar, daños neurológicos, partos prematuros, entre otras. Estas consecuencias sanitarias y ambientales, hacen que mantener el carbón sea incompatible con una transición energética justa. Se reconoce la necesidad de avanzar hacia fuentes limpias, no sólo por razones climáticas, sino por salud pública y equidad social.

Gráfico 1: “Distribución de emisiones por fuente energética en Chile”. Fuente: Elaboración propia.

¿Qué revela el cierre progresivo de termoeléctricas?

Hasta 2024, Chile ha cerrado 11 de las 28 termoeléctricas que operaban en 2019, lo que representa una disminución de 1.679 MW de capacidad instalada. Este avance está en línea con el acuerdo “Energía Zero Carbón”. Sin embargo, persisten desafíos, como la venta de la planta de Huasco por AES Andes a Guacolda, una empresa sin compromisos de cierre. Estas transferencias permiten a las empresas reducir su huella sin desmantelar las centrales, diluyendo el impacto real. Además, Guacolda planea mantener operación mediante co-firing, mezclando carbón con amoníaco, una tecnología aún en desarrollo. Si bien hay avances formales, el proceso enfrenta riesgos de estancamiento o retroceso.

Figura 1: “Cronograma de cierre de termoeléctricas. Fuente: Elaboración propia.    

¿Es viable el co-firing como solución de transición?

El co-firing mezcla carbón con amoníaco para reducir las emisiones de CO₂. Sin embargo, presenta limitaciones críticas. En primer lugar, es una tecnología incipiente. Japón, único país que la ha probado, apenas alcanzó una mezcla del 20% en 2024. En segundo lugar, su alto costo (1,5 a 2 veces más caro que la energía vendida) pone en duda su viabilidad comercial. Tercero, no elimina otros contaminantes del carbón, como material particulado o metales pesados. Finalmente, promueve una falsa solución, alargando la vida útil de termoeléctricas en vez de reemplazarlas. Más que una alternativa de transición, el co-firing puede convertirse en un freno a la descarbonización efectiva.

Figura 2: “Comparación de emisiones y costos entre co-firing y otras fuentes de energía. Fuente: Elaboración propia.   

¿Cómo ha evolucionado el consumo de carbón en Chile?

Desde 2017, la generación eléctrica con carbón ha disminuido en un 48%, gracias al cierre progresivo de centrales y a la entrada de energías renovables más competitivas. Esta caída se refleja también en la disminución del consumo total de carbón, que está directamente correlacionado con la baja en generación. Al mismo tiempo, las importaciones de carbón de los principales proveedores (Colombia, Australia, Estados Unidos y Canadá) se redujeron en un 49%, disminuyendo así no sólo las emisiones locales, sino también el impacto logístico y marítimo internacional. No obstante, el carbón sigue representando un porcentaje relevante de generación, lo que indica que la transición energética aún no es estructural.

Gráfico 4: “Importación de carbón en toneladas por país, periodo 2017-2024”. Fuente: Elaboración propia.   

2030 ¿Un futuro sin carbón?

Cerrar todas las termoeléctricas a carbón no es solo un objetivo climático, sino una medida necesaria para proteger la salud de las personas y reducir los impactos ambientales en los territorios. Actualmente, Chile mantiene como meta oficial el retiro del carbón al 2040, pero adelantar esta fecha al 2030 permitiría acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, eliminar contaminantes tóxicos y avanzar hacia un modelo energético social y ambientalmente más justo.

Mantener el uso de carbón mediante nuevas modalidades, como el co-firing, implica extender la operación de las termoeléctricas y retrasar el avance de la transición energética. Chile tiene la posibilidad de liderar este proceso, priorizando el retiro del carbón y atendiendo las demandas de las comunidades que por años han enfrentado los impactos de esta industria.

Avanzar hacia un futuro sin carbón es una decisión que contribuiría a cumplir los compromisos climáticos del país y mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

La cuestionada evaluación ambiental del Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano

El Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano, aunque aprobado por las autoridades pertinentes, permanece como una cicatriz en la comunidad ambiental de la comuna de Peñaflor, ubicada en la zona central de Chile. Su línea de transmisión eléctrica atraviesa de forma aérea la Reserva Natural Municipal y los humedales ribereños del río Mapocho, y su proceso de instalación estuvo marcado por el tira y afloja entre la empresa titular del proyecto, Peteroa Energy, la Municipalidad y las organizaciones socioambientales del sector.

Carla Jorquera Ovalle
16 de abril, 2025

La ribera del río Mapocho, en la comuna de Peñaflor, es un lugar rodeado de verde y de diversos tipos de aves. La entrada a la Reserva Natural Municipal cuenta con un sendero con un incipiente bosque a partir de las reforestaciones que han hecho las organizaciones, y al acercarse al río comienzan a aparecer “los pozones”, un sistema de humedales ribereños que la comunidad visita para realizar senderismo, picnic, paseos en bicicleta y observación de flora y fauna nativa. Sin embargo, desde el año 2021, el paisaje ya no solo contaba con la presencia de árboles, agua y senderos, sino que también con una línea de transmisión eléctrica, cuya instalación -resistida por la comunidad- refleja el debate existente en Chile en cuanto a la evaluación ambiental y la transición energética que lleva adelante el país.

Línea de transmisión eléctrica atravesando la Reserva Natural Municipal de Peñaflor. Foto por Carla J. Ovalle

Durante el año 2018 la empresa Peteroa Energy Spa presentó un nuevo proyecto de energía solar, cuya infraestructura se dividía en dos partes: la construcción de un parque de paneles solares en la comuna de Padre Hurtado y una línea de transmisión eléctrica que cruzaría por los cerros y el río Mapocho hasta llegar a la comuna de Peñaflor, lugar en donde se inyectaría al sistema eléctrico la energía producida por el parque.

Sin embargo, al presentar su Declaración de Impacto Ambiental para ingresar al sistema de evaluación, la empresa no generó ningún estudio en el sector en donde instalarían la línea de transmisión, lo que levantó de inmediato las alarmas en el municipio de Peñaflor y en la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quienes solicitaron que se realizara una caracterización especial debido a la presencia del coipo, un roedor nativo de mayor tamaño en Chile, y la rana chilena, anfibio endémico del país, categorizado en estado vulnerable.

Rana chilena encontrada en la Reserva de Peñaflor. Foto gentileza guardaparques municipales

En respuesta a la solicitud del municipio, Peteroa Energy cambió el trazado de su línea de transmisión y generó una caracterización en el sector. Sin embargo, los datos que proporcionaron en su estudio no eran congruentes con los estudios que manejaba el municipio. Por un lado, la empresa aseguraba que en el lugar donde instalarían sus torres no se encontró presencia de rana chilena, mientras que desde la Municipalidad insistieron en que esa  área correspondía, efectivamente,  a uno de los sitios clave donde habita este anfibio.

Primer trazado del proyecto Segundo trazado del proyecto Imágen extraída de Peteroa Energy Spa. (2019) Anexo III Plano General de Instalaciones

Además, el municipio destacó la importancia del lugar como corredor biológico para aves nativas y migratorias, mientras que la caracterización de la empresa no reconoció la presencia de ningún ave que se encontrase en proceso de migración. 

¿Cómo dos estudios en un mismo sector pueden reportar resultados tan distintos?

Para Matías Guerrero, biólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología (SOSOET) esto sucede ya que los titulares separan zonas sin entender que pueden ser parte de un mismo sistema. Además, menciona algunas observaciones importantes respecto a la forma en que se realizan estas caracterizaciones, como el hecho de que se realizan en tiempos muy acotados. 

“Las empresas deberían, al menos, realizar un transecto con distintos puntos en distintas épocas del año, mínimo en las cuatro temporadas. Y dentro de las temporadas, no lo deben hacer solo en diciembre, sino que, por ejemplo, noviembre al inicio y fin de temporada, porque al inicio están llegando las aves migratorias, y al final, se están yendo (…) las aves, no funcionan como en el calendario, de a poco van llegando, entonces si mediste solo en diciembre, echaron por la borda de todas las que llegaron después”, explica el biólogo.

El municipio insistió en la presencia de rana chilena en el sector y en la afectación del valor paisajístico del entorno. Además, fue categórico en señalar que las caracterizaciones de la empresa no eran coherentes con los estudios de los que estaba en conocimiento la Municipalidad, ya que ellos contaban con registros de presencia de anfibios, peces y moluscos no caracterizados por Peteoroa Energy. Estas afirmaciones se ampararon en el Informe Desarrollo de Investigación Aplicada y Actividades de Difusión para la Conservación de la Rana Chilena en la Región Metropolitana de Santiago, realizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile entre los años 2017 y 2018.

A partir de las contradicciones, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió a la empresa realizar una nueva caracterización, la que llegó a los mismos resultados. Peteroa Energy no evidenció en sus estudios a la rana chilena. 

En julio de 2019 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. La entonces intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, declaró que todas las observaciones estaban contestadas en los documentos enviados por Peteroa Energy.

Para el actual concejal de la comuna de Peñaflor, Sebastián Contreras, los procesos de participación y denuncia son difíciles para las comunidades y las autoridades locales, ya que afirma que existe un desbalance entre las capacidades técnicas que tienen los titulares de los proyectos y el poco peso que existe en la toma de decisiones para las comunidades locales.

“Como ciudadanos, e incluso a veces como municipio, enfrentarse a grandes empresas que tienen un buffet de abogados impresionante es complejo. Al momento de intentar nosotros denunciar malas prácticas que hacen estas empresas, con la patente o con el eslogan de ser energía verde, pero sin mediar lo que ellos afectan en su proceso de trazado, sobre todo en lo que es el tendido eléctrico, nos genera la sensación de que en verdad no tenemos tanto peso como ciudadanos porque hoy en día incluso la participación ciudadana es básicamente consultiva. Por más que no estemos de acuerdo con un proyecto, es bien poco lo que podemos hacer”, afirma.

Proceso sancionatorio

El Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano siguió su proceso de instalación con normalidad hasta el año 2021, mismo año donde el sector de los humedales ribereños de la comuna de Peñaflor se declararon Reserva Natural Municipal (RENAMU) y fueron amparados por la Ley de Humedales Urbanos. 

Peteroa Energy se dio cuenta que para realizar el cruce sobre el río debían instalar una torre de mayor envergadura de la que habían señalado en su proyecto. Realizaron las obras correspondientes para ello, pero sin notificar al Servicio de Evaluación Ambiental. 

El problema se agudizó aún más cuando, al realizar la excavación para la nueva torre, el agua de las napas subterráneas del sector comenzó a aflorar a la superficie, inundando los alrededores y cambiando la fisiología del área conocida como Los Pozones. 

Cuando ocurren este tipo de hechos, los titulares de los proyectos tienen la obligación de notificarlo a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). La empresa, en cambio, comenzó a extraer el agua para verterla en los humedales aledaños sin dar ningún aviso.

Estos hechos están relatados en una serie de denuncias presentada ante la SMA. Primero por el, en ese entonces, director de Sustentabilidad del Municipio, Germán Ortiz, y luego por Claudia Sagredo, vecina de Peñaflor y miembro de la organización socioambiental Mapuko. 

Claudia se dio cuenta del hecho al visitar el sector, y al igual que el municipio en el proceso de evaluación, sintió de inmediato preocupación por la presencia de la rana chilena. 

“Nosotros nos percatamos de que habían roto una napa. Nos asomamos, vimos lo que estaba pasando y se notaba porque había aflorado mucha agua, donde no había tanta agua, y  justo en un sector donde hay mucha rana chilena, entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? Están alterando esto”, relata. 

Excavación realizada por Peteroa Energy colindante a la Reserva Natural Municipal Imágen extraída de Comprobante Denuncia Digital N° 4587. (2021). En Formulario de Denuncias Superintendencia de Medioambiente

La SMA realizó dos fiscalizaciones en terreno y ordenó medidas provisionales, las que consistían en frenar la maquinaria y realizar los estudios pertinentes para medir posibles afectaciones. Además, formuló los siguientes cargos contra Peteroa Energy: cometer acciones que impidan eliminar o minimizar consecuencias ambientales de acuerdo a lo estipulado en la RCA del proyecto, y cometer acciones u omisiones que involucren ejecutar proyectos fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  

La empresa, para poder retomar sus obras, presentó su Programa de Cumplimiento donde adjuntó nuevas caracterizaciones del lugar. En comparación a la caracterización realizada en el año 2019, ahora habían mapeado un 40% más de especies, siendo la diferencia más importante en aves, con 20 especies nuevas registradas. 

El municipio indicó que dadas las nuevas características del lugar debido a las declaraciones de RENAMU y humedal urbano, la empresa debía someterse nuevamente al sistema de evaluación a través de un Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, en junio del 2022 la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento y dio por cerrado el proceso sancionatorio. 

Para el alcalde de Peñaflor de ese periodo, Nibaldo Meza, tanto el proceso de evaluación como sancionatorio, lo dejaron con sentimientos amargos, ya que si bien el proyecto era de energía renovable, para él hubo una afectación al ecosistema de todas maneras. 

“Situaciones como esta, sin duda alguna, afectan al medio ambiente, aunque se pretendan vender como proyectos que utilizan energías renovables, que son medioambientales, que cuidan la naturaleza, finalmente uno ve que no se logra el propósito final. La conclusión que me quedó respecto a la empresa es que eso no está dentro de sus líneas de trabajo. El cuidado y preservación del medio ambiente sigue siendo un negocio”, afirma.

Además, considera que si las empresas pueden realizar este tipo de prácticas es porque existe una legislación que lo permite. 

“Aquí lo que hubo fue una ocupación de un espacio en donde existía una diversidad de flora y fauna, y en donde existían características de la mecánica del suelo que estaban asociadas a condiciones en donde se preservan distintas especies. Sin embargo, ahí se construyó. ¿Por qué? Porque la legislación no lo impedía, y lamentablemente también hoy en día las empresas tienen diversos profesionales que, naturalmente, buscan y rebuscan la manera de poder realizar finalmente el propósito utilitarista, la ganancia de una empresa aún a costa de afectar el medioambiente. Yo soy un crítico, creo que todavía Chile está muy atrás en materia de legislación de cuidado y preservación del medioambiente”, agrega el exalcalde.

Impactos hasta hoy

Hasta el día de hoy, los vecinos y vecinas visitan la RENAMU en Peñaflor y una de sus primeras vistas es la línea de transmisión eléctrica del Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano, ubicada de forma colindante con un sector con pozones que se encuentran en recuperación hasta hoy.

Pozón de agua en recuperación en el sector de humedales ribereños del río Mapocho en la comuna de Peñaflor. Foto gentileza de la comunidad

A pesar de que Chile suele ser categorizado como un ejemplo de transición energética en la región, y que el carácter de una “transición justa” aparece en las políticas oficiales del Estado, como la Política Energética 2050, para la comunidad peñaflorina los costos estuvieron en desbalance en relación a los beneficios del proyecto. Además, dado que el proceso no tuvo una instancia de participación ciudadana, y hasta hoy existen vecinos y vecinas que desconocen el paradero de la energía producida por el parque fotovoltaico de Peteroa Energy. 

Para el académico de la Universidad de Chile y miembro de la Red de Pobreza Energética, Julián Cortés, estos problemas pueden darse debido a una falta de diálogo entre las institucionalidades de Medio Ambiente y Energía en el país. 

“Ahí hay un problema institucional, porque cuando se dictaron las normas de evaluación y declaración de impacto ambiental, nunca dialogaron con las normas de energía. Entonces, eso es un gran problema, porque de alguna manera las normas para todo el sistema de evaluación ambiental que hace el servicio y todo ese proceso, nunca se consultó a la gente de Energía o nunca se sentaron, cuando se hizo este procedimiento, a decirse, bueno, ¿cuáles pueden ser los potenciales impactos que ustedes ven en su sector?”, asegura

Por otro lado, para la abogada de la ONG FIMA, Sofia Barrera, actualmente no existe un instrumento dentro de los procesos de evaluación que pueda contribuir a que la transición energética realmente sea justa, transformándose en un gran desafío para la institucionalidad. “De hecho, ese es un gran desafío para organizaciones como la nuestra, que busca posicionar estos discursos para introducirlos dentro de la materialización de los proyectos. ¿Y por qué digo la materialización? Porque, claro, nosotros podemos tener políticas públicas que incentiven proyectos de transición para descarbonizar la matriz energética, etc. Y eso está perfecto, pero esa descarbonización no puede ser a costa de las comunidades, sin mirar cuestiones que son importantes dentro de la transición para que sea realmente justa”, afirma.

En esa misma línea, para la directora de incidencia política de la Fundación Ecosur, Pamela Poo, el sistema de evaluación ambiental chileno no está preparado para enfrentar los desafíos de la transición justa, mucho menos en un contexto en donde las dinámicas de mercado son las que van marcando las políticas públicas. 

“El sistema no está preparado para lo desbordado que se posiciona ese discurso en cuanto a lo que hay que hacer para una transición energética, y por lo tanto no está siendo ni va a ser justa porque eso significa tener que remirar el sistema capitalista en el que estamos. Lo justo tendría que venir desde otros espacios como la política pública y eso no está ocurriendo porque, si bien estamos hablando de transición energética, en el contexto del sistema económico actual ninguna transición energética va a ser justa si no tiene otros ingredientes que sean diferentes al problema que nos trajo aquí”, afirma. 

Existen una serie de desafíos para que la institucionalidad ambiental pueda enfrentar de forma eficiente y justa la transición energética, sobre todo en un país como Chile, cuyo objetivo a nivel de Estado en la materia es posicionarse como un referente internacional de energías renovables.

Para el abogado de ONG FIMA, Felipe Pino, de no tomarse las medidas necesarias para que este proceso ocurra de forma justa se pueden incluso comenzar a deslegitimar los proyectos que buscan contribuir a la transición energética en Chile. 

“Hay que empezar a entender y poner en el debate público que los estándares de sustentabilidad y transición justa no son estándares éticos, van a ser el factor desequilibrante de si logramos hacer las cosas o no. Esto no está siendo debidamente internalizado por los tomadores de decisión. Están diciendo, sí, obvio que transición justa, pero en el fondo no se ha internalizado como una dimensión necesaria para que esto ocurra, es solamente un agregado. Si no hacemos más en ese sentido, con obligaciones adicionales a las empresas y a la administración del Estado, vamos a seguir  en la escalada de la de la resistencia social hasta llegar a un punto en que se van a empezar a deslegitimar agendas de transición energética, tal como se deslegitimaron ya las hidroeléctricas, por ejemplo”, concluye.

Este trabajo es parte de nuestro programa de Mentorías en Periodismo Climático 

“Permisología” versus transición energética en Chile: ¿Sistema ineficiente o proyectos mal planteados?

Tras las presiones de grupos empresariales que denunciaron un exceso de tramitación para obtener permisos sectoriales y ambientales, el concepto de “permisología” se ha instalado en el debate político chileno, y una de sus justificaciones es que estaría impidiendo la aceleración de la transición energética.

Carla Jorquera Ovalle
19 de marzo, 2025

La necesidad de un proceso de evaluación y obtención de permisos ambientales con mayor eficiencia es una realidad transversal para los distintos sectores políticos, gremios e instituciones en Chile. Sin embargo, los proyectos de ley presentados por el gobierno de Gabriel Boric para enfrentar este desafío han generado una gran resistencia desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia, quienes han denunciado que el enfoque principal no está puesto en la eficiencia del sistema, sino en favorecer a los titulares de los proyectos.

La “permisología” es un concepto que se ha instalado en el debate público chileno, y que hace referencia a la totalidad de los permisos que deben obtener los titulares, ya sean sectoriales o ambientales, para poder operar sus proyectos. Durante los últimos meses se le ha dado especial énfasis a cómo funciona el proceso de evaluación ambiental, cuyos plazos de aprobación o rechazo, según la Base de Datos Abierta del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) estuvieron entre los 200 y 1.680 días en el último año, incluyendo los tiempos legales de la institucionalidad ambiental y los plazos tomados por los titulares para complementar información.

En ese sentido, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea que la idea de la “permisología” viene desde una narrativa que busca mezclar el proceso de evaluación ambiental con la obtención de permisos sectoriales que han existido desde hace décadas, con el objetivo de ejercer presión para  flexibilizar las normativas, cuando en realidad son los titulares de los proyectos quienes no entregan la información adecuada para que los procesos avancen.

“Estos largos tiempos de tramitación se confunden con que el titular entregó, o más bien no entregó información suficiente, entonces, recibe una cantidad de preguntas para completar la información y se toma el tiempo para responderlas. Los servicios públicos tienen tiempos súper acotados (para responder), que están definidos en la legislación. Uno ve en la tramitación de los proyectos que los silencios se dan cuando los titulares deben completar la información para que el proyecto pueda ser calificado favorablemente. Además, aquí hay un enredo, una confusión entre un tipo de permiso (sectorial) y otro tipo de permiso (ambiental), y también yo diría que un objetivo de flexibilizar la normativa”, afirma Liberona.

En Chile, el titular de un proyecto que tenga impactos ambientales tiene que enfrentarse a dos tipos de permisos: los sectoriales ambientales (PAS), y los sectoriales (PS) correspondientes a otros organismos. 

En el caso de los PAS, toda su tramitación está agrupada dentro del mismo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto se estableció como tal en la ley, particularmente, para generar un proceso más eficiente que pudiese medir impactos ambientales de forma centralizada.

Por otro lado, los PS son permisos que corresponden a otros organismos del Estado y que, por ende, tienen sus propios mecanismos de obtención y plazos. Estos permisos no forman parte de la evaluación ambiental de un proyecto.

Cabe mencionar, que además, existen permisos mixtos, en los que el SEIA se encarga únicamente del contenido ambiental. 

Paneles Solares en la Región de Antofagasta. Foto: Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile.

¿La “permisología” afecta la carbono neutralidad?

Desde las empresas energéticas, se ha planteado que existen una serie de proyectos de transición energética “estancados” debido a la evaluación ambiental. El director ejecutivo de La Asociación Gremial de Generadoras de Chile, Camilo Charme, comentó en su exposición en la Comisión de Medio Ambiente en el Senado que para alcanzar la carbono neutralidad en Chile se necesita duplicar la capacidad solar, sextuplicar la eólica y quintuplicar la de almacenamiento. Sin embargo, en el último tiempo, los proyectos ligados a estas materias han sido mayoritariamente rechazados por el sistema, incluyendo largos plazos de tramitación. 

“Nos dimos cuenta en los últimos años que la aprobación de proyectos en nuestro sector ha decaído en un 70% y los plazos de evaluación han aumentado en un 32%, entonces, este proyecto es muy interesante y es necesario que estemos acá”, afirmó.

Por otro lado, en la prensa se han dado una serie de ejemplos de proyectos que vendrían a contribuir al cambio de fuentes en la matriz energética, pero que se han “frenado” debido al proceso de evaluación. Uno de ellos es la Central de Bombeo Paposo, cuyo objetivo era generar y almacenar energía a través del bombeo de agua desde un estanque en el sector de Paposo, ubicado al norte del Puerto de Taltal.

El caso tuvo opiniones divididas entre la empresa titular del proyecto, la autoridad evaluadora y la comunidad indígena changa, siendo esta última sumamente contraria al proyecto, debido a los posibles impactos para el ecosistema y maritorio de Paposo, lugar que alberga más de 100 especies de flora, de las que más del 50% son endémicas de Chile.

El SEA afirmó que existía una falta de información en los posibles impactos del proyecto, haciendo especial énfasis en la falta de levantamiento de información respecto a flora y fauna y los posibles impactos a las comunidades indígenas, por lo que le dieron término anticipado a su tramitación. 

Tras el término, el caso terminó con la salida del director del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA) de ese entonces, Ramón Guajardo, lo que generó cuestionamientos a la directora del SEA, Valentina Drurán, de parte de los funcionarios del Servicio, quien le solicitó la renuncia a Guajardo semanas después del término del proyecto.

Colbún, por su parte, emitió un comunicado de la empresa que afirmó que la resolución de la autoridad era poco coherente y contenía errores formales evidentes, cuestiones que iban en sentido contrario a dar señales claras y certeza jurídica para el avance de los proyectos.

El proyecto finalmente no insistió en su instalación.

Gobierno de Boric busca acelerar los tiempos

El Gobierno presentó dos proyectos de ley para responder a la presión por la demora de los proyectos: el Sistema Nacional de Permisos y el proyecto Evaluación Ambiental 2.0. Este último, apoyado transversalmente por partidos políticos y gremios empresariales, es el más cuestionado por organizaciones socioambientales y de la sociedad civil.

El proyecto, a rasgos generales, busca agilizar los tiempos de la evaluación ambiental a través de una serie de modificaciones a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuya discusión se ha centrado mayoritariamente en los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

Presentación de Proyectos de Ley Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0. Foto: Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile, 2024.

Para el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), Darío Morales, revisar la institucionalidad y la burocracia del sistema era un proceso necesario para equilibrar la protección medioambiental con el avance del desarrollo productivo del país.

“Es necesario que la ley ambiental sea actualizada a los nuevos tiempos y a la nueva tecnología, por eso me parece muy relevante la discusión que se está llevando a cabo. Parte de este proceso de actualización va a implicar, entonces, hacer modificaciones que permitan destrabar algunas cosas que hoy día, a nuestro juicio, no se están realizando como corresponde, pero siempre pensando en que hay que mantener y reforzar la protección ambiental. Esto no significa tener que derribar todos los permisos y que los proyectos tienen que desarrollarse a toda costa. Los proyectos tienen que desarrollarse, nuestra legislación ambiental tiene que cumplir el objetivo de proteger nuestro medioambiente, pero también tenemos que coincidir ese objetivo con el desarrollo productivo y el desarrollo económico”, afirma.

Por otro lado, agrega que si bien los proyectos siempre pueden ser mejorables, la discusión que se ha dado ahora ya es relevante para el avance de este tipo de materias. 

“Siempre se pueden encontrar cosas que perfeccionar, eso es lo interesante del debate democrático que se está dando en el Congreso. Se están presentando las distintas visiones y yo tengo la confianza de que en ese debate vamos a llegar a ciertos consensos.  Probablemente, el proyecto que salga no sea de la entera satisfacción de uno o de otro, pero por lo menos va a ser el resultado de una discusión que es extremadamente necesaria que se esté dando, que lleva años y con la que todavía no hemos logrado llegar a buen puerto. A mi juicio esto va en la línea correcta. Siempre van a haber matices pero lo peor que podemos hacer es dejar las cosas como están”, agrega.

Al respecto, para el académico y coordinador del curso Gobernanza de los Comunes de la Universidad de Chile e investigador de la Red de Pobreza Energética, Julián Cortéz, la transversalidad política y la simplicidad con la que se acogió el concepto de permisología debe ser objeto de mayor reflexión, más aún cuando existen proyectos de ley en discusión que han surgido a partir de este discurso. 

“Cuando hablamos de permisología, primero, debemos preguntarnos ¿para quién? Y de alguna manera también preguntarse, ¿qué consecuencias puede tener? ¿A quién beneficia? Esas preguntas, actualmente, no están en este debate. Solamente se asume que la permisología es una especie de capricho del Estado para entrabar proyectos, no hay ninguna otra reflexión, y  esa simplicidad del concepto te lleva a que, claro, se imponga muy fácilmente y de manera acrítica sin hacernos cargo de lo sesgado que puede estar respecto a otros procesos sociales y políticos que también convergen en este problema. Y eso, lamentablemente, también lo asumió el gobierno”, afirma. 

Una de las propuestas que ha generado mayor controversia ha sido la creación del Procedimiento de Urgencia, lo que permitiría reducir el tiempo de la tramitación de proyectos que tengan como objetivo particular reducir efectos adversos sobre el medio ambiente, o generar efectos positivos sobre el mismo. 

Dicha reducción, hasta ahora, sólo consistiría en reducir los tiempos legales de la institucionalidad, pero no es parte del escrito del proyecto de ley ni ha sido parte del debate en el Congreso la forma en que esto se llevaría a cabo. 

Para Cortéz, estas ambigüedades forman parte de una técnica legislativa muy común en Chile, sin embargo, plantea que las organizaciones y actores sociales deben estar atentos, ya que el debate de los decretos que puedan ir aterrizando la ley carecen de un carácter público. 

“La idea de las famosas leyes marco, donde se establecen los lineamientos generales y se hacen las bajadas a través de decretos. Esos decretos, generalmente son decretos supremos, que los dictan los mismos ministerios. Y ahí es donde, precisamente, yo creo que debe estar también la suspicacia de las distintas organizaciones que están observando el proyecto, porque, por un lado, vamos a tener una normativa que en términos generales va a decir vamos a privilegiar proyectos que mitiguen el cambio climático, en donde puede caber promover la transición, pero los detalles precisamente estarán en estos famosos decretos supremos, y allí yo creo que es donde se pone difuso el tema, porque el debate ya no es público en el sentido de que puedes revisar actas, ver videos, ir a las sesiones, etc. Si no estás dentro de esa estructura de poder, no solo dentro del ministerio, sino que todos los lobbies que hay dentro de eso, no puedes saber el contenido de la discusión”.

Ahora bien, desde las organizaciones de la sociedad civil, se ha acusado que el debate de la “permisología” y el proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 se está debatiendo desde una perspectiva de eficiencia que solo está haciéndose cargo de los tiempos de evaluación, y no necesariamente de un buen funcionamiento del sistema.

Para el abogado de ONG FIMA, Felipe Pino, existen varios problemas en el proyecto, entre los que destaca la apertura de la idea de proyectos que generen efectos positivos o negativos en el medio ambiente, y los sesgos en el origen del proyecto debido a que el tiempo es el único parámetro que se está usando para medir eficiencia, e incluso no siempre los tiempos de demora son dentro del proceso de evaluación. 

“El procedimiento de urgencia es algo que nos entrampará aún más ¿Por qué? Porque nos vamos a sacar los ojos peleando cuáles son los proyectos que aportan o no aportan a solucionar el cambio climático, nos vamos a detener incluso en ese momento. Todavía ni siquiera vamos a estar hablando del proyecto en sí mismo. Vamos a estar apelando la admisibilidad que se va a dar. Y el proyecto en general, no es la estrategia más óptima para mejorar la eficiencia porque en los proyectos de más larga demora, no solo está su proceso de evaluación, sino que tiene que ver también con la judicialización” afirma.

Además, plantea que existen una serie de sesgos en la interpretación política de cómo debiese operar el SEIA, en donde se asume que su tarea debe estar centrada en aprobar proyectos.

“Hay, incluso, un error y un sesgo primario de entender el sistema de evaluación ambiental como un sistema que está hecho para mejorar y aprobar proyectos, y no para rechazarlos, por lo tanto, todo proyecto que pase por el SEIA debe mejorarse lo suficiente para que sea aprobado, lo que me parece un error. La responsabilidad de presentar un proyecto bueno es del titular, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene que evaluar imparcialmente, porque, además, los titulares tienen el beneficio absoluto de mejorar y presentar sus proyectos todas las veces que quieran. En el fondo, en vez de decir ‘esto está malo’, vuelva a ingresarlo, tenemos que nosotros dar las propuestas para que el titular las incorpore y eso es, a mí parecer, una administración ineficiente, no solamente del tiempo, sino de los recursos”.

Al igual que FIMA, existen más de 200 agrupaciones, centros de estudios y comités ambientales que han mostrado su preocupación por el debate y el proyecto, cuyos principales puntos se agruparon en la declaración pública en rechazo al proyecto de ley del gobierno, cuyas principales críticas apuntan a un retroceso en la institucionalidad ambiental. 

En particular, la declaración sentencia que: “Con estas modificaciones es claro que el Ejecutivo ha renunciado a sus ideas originales. Cuesta comprender que el contexto actual de crisis climática y ecológica, de la cual Chile se encuentra entre los países más vulnerables, y con la enorme cantidad de conflictos socioambientales que cada día se levantan en nuestras comunidades, este gobierno decida ir en el sentido opuesto a lo que dicta la lógica. Pudiendo promover un proyecto que establecía certezas, fortalecía la institucionalidad para evaluar de mejor manera los impactos sinérgicos y acumulativos, y potenciaba la agilidad del sistema tanto a favor de las comunidades como de la inversión, se ha optado por la negociación fácil a costa del medioambiente”. 

Para Cortéz, en cuanto a proyectos de transición energética, esto incluso podría  traducirse en coartar el componente de justicia al proceso, dada la posible reducción de estándares ambientales y el desbalance entre intereses individuales y colectivos. 

“Apurar esto puede significar una reducción de los estándares ambientales, y también sociales respecto a cómo se tramitan los proyectos. Se debiese hacer una evaluación de los trámites que son necesarios e indispensables y cuáles no. Ahora se están agarrando todos los trámites y se están simplificando. Además, ha habido una asimetría respecto a privilegiar los intereses individuales por sobre los colectivos. O sea, partiendo esta pregunta, permisología, ¿para quién? Decir, bueno, ¿esto afecta o no? ¿O va a acentuar una brecha entre los derechos individuales en desmedro de los derechos colectivos?”, plantea. 

Este trabajo es parte de nuestro programa de Mentorías en Periodismo Climático

Almacenamiento, infraestructura y descentralización: el desafío de Chile para detener la pérdida de energía

Carla Jorquera Ovalle

4 de junio, 2025

Durante los últimos años, el vertimiento de energía renovable en el país se ha transformado en un dolor de cabeza. La concentración de parques fotovoltaicos y eólicos en las regiones del norte, la escasa infraestructura de almacenamiento y transmisión eléctrica, y el uso ineficiente de la institucionalidad y estructura actual han generado la “pérdida” de más de 5.500 GWh, solo en diciembre del 2024, transformándose en una cifra récord de vertimiento que supera en un 148% la de los años anteriores. Mientras iniciativas de parques fotovoltaicos y eólicos siguen en aumento, los proyectos de almacenamiento aún no logran contrarrestar la sobreproducción de energía renovable.

El vertimiento o recorte de energía se produce cuando la oferta de energía producida supera la demanda en una zona en particular. En el caso de Chile, esta situación se ha producido principalmente por dos motivos: la concentración de plantas fotovoltaicas en la zona norte y eólicas en el sur del país, a lo que se suma la falta de infraestructura de transmisión y almacenamiento.

Además, cabe destacar que la cantidad de energía producida a partir del viento y el sol depende de las condiciones climáticas y la hora, lo que muchas veces no coincide con los periodos de mayor demanda en el suministro eléctrico. 

Para el director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Felipe Gallardo, lo preocupante no es solamente la existencia de vertimiento, sino  la rapidez con la que ha aumentado, afectando la eficiencia y generando consecuencias para el mercado de las compañías eléctricas.

“Un sistema eléctrico que está migrando a una penetración renovable tiene un poco intrínseco a su operación la existencia de recortes, porque quizás sea lo más eficiente que una parte de la energía se recorte en lugar de hacer inversiones adicionales en líneas de transmisión o en nuevos sistemas de almacenamiento, pero lo que preocupa acá es la rapidez con la que crece y la magnitud que está tomando. Estamos hablando de un 20% de la generación de un orden de 6 TWh, es un monto que es muy relevante y evidentemente esto genera un perjuicio para las compañías eléctricas. Primero, porque no pueden inyectar toda la energía que generan y segundo, porque tenemos un sistema de tarificación marginalista donde en algunas ocasiones se producen desacoples de precios”.

Esta situación ha generado que en regiones como Antofagasta, Atacama y Coquimbo el vertimiento supere los 2.500 GWh, ya que la energía consumida por sus habitantes es sumamente menor a la que se produce. 

Recortes en generación ERNC Centro de Información ACERA Vía: https: www.acera.cl/centro-de-informacion

Una oportunidad económica contra el tiempo

El año 2024 fue catalogado como el año del almacenamiento en el mundo empresarial del sector energético. Sin embargo, a pesar de que la inversión aumentó en un 231%, los proyectos de almacenamiento están lejos de dar abasto ante los niveles de vertimiento, cuya cifra supera los 5.000 GWh. El aumento, en comparación al año anterior, fue de un 148%.

Si bien una de las alternativas que más resuena a la hora de hablar de almacenamiento son las baterías, sobre todo pensando en el bajo costo que implica dada las últimas caídas en los precios de las materias primas, este mecanismo es eficiente solo por períodos cortos de tiempo. 

En Chile, dada la sobreproducción y concentración de proyectos energéticos, se requiere infraestructura e iniciativas que puedan almacenar energía por una mayor cantidad de tiempo. Algunos ejemplos de ello son las centrales de bombeo, las que producen electricidad a partir del almacenamiento de agua en un embalse en altura que luego se libera hacia turbinas para generar electricidad, o el almacenamiento en sales fundidas, cuyo funcionamiento consiste en la fundición de sales a través de la energía térmica producida desde plantas solares (o de otras fuentes). Estas sales mantienen su estabilidad a temperaturas que pueden llegar a los 500°C, lo que permite almacenar la energía térmica y luego usarla en periodos de mayor demanda o con menor producción.

Esta última tecnología ha tomado gran fuerza en el debate chileno, ya que en el país se instaló la primera planta termosolar de América Latina, el Complejo Solar Cerro Dominador, cuyas instalaciones consisten en un parque fotovoltaico y una concentración solar de potencia (CSP) que permite almacenar energía a través de sales fundidas. 

Complejo Solar Cerro Dominador. Foto: Ministerio de Bienes Nacionales, CC BY 2.0 , vía Wikimedia Commons

Estos mecanismos a pesar de ser menos eficientes a nivel económico, permiten almacenar energía en periodos de meses, transformándose en una opción no solo importante, sino que necesaria.

Ahora bien, generar más proyectos no es la única opción para este desafío. Para el director del Solar Energy Research Center (SERC Chile) y académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Palma, existen oportunidades de cambio dentro de nuestra misma institucionalidad que podrían ser elementos importantes para enfrentar el vertimiento. 

“Si se miran las operaciones diarias en el Coordinador Eléctrico Nacional, te vas a dar cuenta de que a las horas donde hay vertimiento también hay generación térmica y generación convencional y uno no entiende por qué pasa eso si es que es más cara que la generación renovable, y ahí te das cuenta de que hay algunos temas de cómo se está operando el sistema eléctrico para mantener supuestamente los estándares de seguridad. Entonces, se dejan máquinas térmicas y tradicionales operando y eso también le quita espacio a esa energía renovable que no puede entrar al sistema.  No todo es por atraso en la transmisión, sino que también una parte es por las políticas de operación del sistema eléctrico y esas dos cosas se confabulan y hacen que tengamos la situación de hoy día”, comenta. 

Palma agrega que es necesario que a nivel político se tomen las medidas necesarias para equilibrar la demanda y oferta de energía, siendo la minería un sector en el que se podría experimentar. 

“Uno necesita que la demanda se parezca más a la oferta y eso también es un esfuerzo que hay que hacer. No se puede pretender que un sistema que quiere ser más armónico y sustentable abastezca una demanda que no hace esfuerzos por parecerse a la oferta. Hay que hacer cambios en la forma de la demanda de manera que el diseño de la industria, de la minera, trate de parecerse más a la oferta. Hay muchos procesos industriales que se podrían concentrar en las horas de oferta en donde existe más recurso”, añade. 

Ahora bien, aunque existe una oportunidad de mercado importante en la generación de proyectos de almacenamiento, es un espacio de inversión que no está exento de incertidumbres. 

Para Gallardo, existen tres grandes desafíos: el arbitraje, la integración del almacenamiento al sistema y el estándar que se le aplicará a este tipo de proyectos. 

“Las principales indefiniciones están en lo que es el arbitraje de energía respecto de qué forma se va a programar y a operar este tipo de instalaciones. Hay una mesa técnica que está avanzando en esa línea. El segundo punto es de qué manera o con qué criterio se va a producir la integración de los sistemas de almacenamiento a nivel de generación distribuida. Y el tercero, quizás más relevante, es el estándar que van a tener que cumplir estas instalaciones, y el riesgo es que eventualmente hoy día voy adelante con un proyecto, pero después puede que quede fuera de norma y que tenga que hacer inversiones adicionales en adecuaciones para poder normalizar”, afirma.

Las medidas que se han tomado hasta ahora

Hasta ahora, en Chile existen dos instrumentos normativos principales respecto al almacenamiento. Uno de ellos es la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, la que fue promulgada hace ya dos años y que establece entre sus principales objetivos otorgar financiamiento a proyectos a través del pago por inyección de energía al sistema y por disponibilidad en momentos de mayor demanda. Además, la ley busca acelerar el retiro de centrales a carbón para dar mayor seguridad respecto al proceso de descarbonización. 

Por otro lado, un año después, se creó el Decreto Supremo N°70, cuyo objetivo es, a través de un reglamento, incorporar a la normativa los proyectos de almacenamiento dentro del Sistema Eléctrico Nacional, particularmente en el mercado de transferencias de potencia. Esto con el fin de dar mayor certeza regulatoria para la inversión.

Para la investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Dasla Pando, tanto la ley como el decreto son parte importante del aumento de proyectos de almacenamiento en Chile, sin embargo, da especial énfasis al reglamento creado por el Decreto 70, cuyo contenido otorgó nuevas formas de financiamiento para las empresas.

“La capacidad de instalar almacenamiento ha aumentado muchísimo en el último tiempo, y eso obviamente no solo es un reflejo de la promulgación de esta ley, sino que además viene acompañado del reglamento de potencia porque con el reglamento se introdujo la posibilidad de pagar por potencia a las energías renovables, incluyendo también al almacenamiento. Ese fue uno de los grandes cambios, que obviamente viene acompañado de esta habilitación legal que introdujo la ley de electromovilidad y almacenamiento, porque sin eso no se podría, por ejemplo, tratar al almacenamiento como un recurso independiente energético. Esto tiene un impacto directo en la posibilidad de actualizar algunas normativas que no podían, en el fondo, reconocer este almacenamiento como un recurso independiente”, afirma.

Fotografía Promulgación de la Ley de Almacenamiento. Ministerio de Energía Vía: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministro-pardow-promulga-ley-de-almacenamiento 

Proyecciones

Hasta fines del año pasado, Chile apostaba sus grandes cartas a dos tecnologías: el almacenamiento a través de un sistema de aire líquido y las centrales de bombeo. Esto basado en dos proyectos que incluso fueron parte del Reporte Energía Abierta Ciudadana de Almacenamiento hecho por la Comisión Nacional de Energía. El Proyecto ENSICOM de Enlasa Energía (aire líquido) cuya aprobación fue obtenida durante el año 2022, y la Central de Bombeo Paposo, proyecto que no pudo realizarse debido al término anticipado dictaminado por el Servicio de Evaluación Ambiental. 

Dentro del mismo reporte, la autoridad proyecta contar 2.213 MW de capacidad para fines de este año. 

Para Palma, las autoridades deben ser capaces de innovar a través de las herramientas que tienen actualmente para enfrentar este desafío, siendo clave el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, la descentralización y el balance de costos en la energía renovable. 

“Hoy día es muy importante que nos atrevamos a innovar. Yo creo que Chile debiera recibir por parte de nuestras autoridades y de la gente que está en el sector energético, una propuesta y una invitación a que nuestro sistema apunte a 100% renovable por la vía de lo descentralizado y la ecuación balanceada de vertimiento y almacenamiento. Tenemos que apuntar a que esto es energía de menor costo y que sea energía sostenible. No se necesitan tanto nuevas reglas ni nuevas leyes que es como patear el problema para el futuro.Yo creo que, con lo que hay, hay mucho espacio para mejorar”, concluye.

Este trabajo es parte del programa de Mentorías en Periodismo Climático de Climate Tracker