Autora: Carla J. Ovalle
Fecha: septiembre, 2025

Resumen

México se encuentra en una encrucijada energética: por un lado, persiste el compromiso con la soberanía energética, que implica fortalecer a empresas estatales como la CFE y Pemex; por otro, la transición hacia energías limpias requiere inversión privada y cooperación internacional. Esta dualidad genera tensiones entre los gremios, el gobierno y las relaciones internacionales, siendo un punto de especial incertidumbre los diálogos con Estados Unidos.

¿Cuáles han sido los enfoques energéticos de México durante los últimos años?

Desde la reforma energética de 2013, México buscó abrir su sector energético a la inversión privada; Pemex dejó de ser un monopolio estatal para los hidrocarburos y se abrió la posibilidad de firmar contratos con empresas internacionales (licencias, producción compartida, utilidad compartida y servicios) para la exploración y extracción de petróleo y gas.

Sin embargo, el gobierno actual ha revertido parcialmente este enfoque, priorizando la participación de CFE y Pemex en la generación y distribución de energía. La reforma energética de 2025 establece que la CFE debe generar al menos el 54% de la electricidad del país, con el resto producido por empresas privadas, enfocándose en fuentes renovables.

¿Qué significa esto para la transición?

La principal disyuntiva entre los enfoques de las reformas del 2013 del gobierno de Enrique Peña Nieto y las actuales de Claudia Sheinbaum es el rol que toman los privados y el Estado frente a la transición.

La reforma de 2013 priorizó la atracción de proyectos renovables a través de privados. Se realizaron subastas en donde México llegó a tener proyectos renovables con récords de bajo costo a nivel mundial y se promovieron los Certificados de Energías Limpias (CEL) para asegurar montos determinados a nivel anual.

Una de las grandes críticas a estas gestiones fue la pérdida de protagonismo de las empresas de hidrocarburos estatales en la economía, en donde incluso se planteó la pérdida de soberanía energética.

Si bien durante este periodo las energías renovables fueron en aumento, también aumentó la participación de gas natural en la generación eléctrica, ya que los privados no solo comenzaron a entrar en el mercado a través de las renovables, sino que también con proyectos de explotación fósil.

El enfoque del gobierno actual ha sido volver a posicionar al Estado como el gran administrador y participante en el mercado de la energía. Esto a través de una serie de reformas que buscan el acceso universal, tarifas más accesibles y entrar a cubrir áreas que no son rentables para privados, pero que sí son necesarias para avanzar en seguridad energética.

Se estableció un Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional hacia el 2030 en donde se contemplan inversiones millonarias para generación, transmisión, distribución eléctrica, nuevas capacidades y electrificación rural. Avances que han sido sumamente celebrados a nivel social, pero que se han mirado con cierto recelo a nivel ambiental, y es que estas medidas también sustentan sus pilares en la producción de hidrocarburos.

Si bien México ha reconocido sus compromisos ambientales, las estrategias de expansión y las últimas reformas ponen un fuerte énfasis en los procesos de refinación de PEMEX, lo que puede entrar en tensión con las metas de descarbonización.

¿Qué imagen quiere proyectar México a nivel internacional?

Más allá de cuál de los enfoques puede ser más eficiente para una transición energética justa, diversos analistas internacionales han levantado la preocupación de cómo puede aumentar la desconfianza de los inversionistas de proyectos por los cambios, en tiempos muy breves, a los marcos jurídicos.

México tiene el desafío de equilibrar un Estado que garantice un acceso energético universal y de calidad a sus ciudadanos, pero también de generar la estabilidad suficiente para mantener la sostenibilidad económica de las transformaciones que requiere su matriz y que necesita para alcanzar sus compromisos climáticos.

Por otro lado, este debate ha cruzado las fronteras, siendo un punto de fricción la relación de Estados Unidos. Ya desde el año 2022, el gobierno estadounidense manifestó preocupación por los cambios en materia de energía, lo que se tradujo en consultas formales en el marco del acuerdo T-MEC, un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El país levantó la moción de que las medidas de México socavaban a las empresas estadounidenses y a la energía producida en EE.UU. en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), haciendo especial referencia a la priorización de CFE por sobre fuentes limpias proporcionadas por proveedores privados de energía solar y eólica.

A inicios de este año, el Instituto Americano de Petróleo (API) escribió una carta al Representante Comercial de EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés) expresando preocupaciones de que las reformas constitucionales recientes de México obstaculizan la inversión estadounidense y socavan la competencia en el sector energético. Esta preocupación emerge en un contexto de ya varios años en donde Estados Unidos y México se compran y venden energía, por lo que la priorización del Estado mexicano por la producción local genera preocupaciones en los mercados de los otros países de Norteamérica.

Ahora bien, más allá de Estados Unidos, las alertas a nivel internacional están levantadas desde el sector ambiental por el posible enlentecimiento de la transición energética Mexicana, y es que su incentivo a la explotación de fósiles como el petróleo y el gas natural para apalancar la economía y extender la cobertura energética pone en un riesgo latente la transformación hacia las energías renovables.