Continúa la expansión del gas natural en Perú, ¿es compatible con la transición energética?

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: agosto, 2025

Resumen

La generación eléctrica en Perú se ha basado históricamente en hidroelectricidad y gas natural. Actualmente, el país busca expandir la cobertura de este último con grandes inversiones y proyectos como el gaseoducto del sur. Sin embargo, esta expansión genera tensiones sociales y críticas por sus impactos en comunidades indígenas y el medio ambiente, poniendo a Perú en una situación de tensión frente al desafío de equilibrar seguridad energética, sostenibilidad y justicia social en su matriz.

Primero, ¿cómo se distribuye la generación de electricidad en Perú y cuáles son las proyecciones?

Perú es un país que produce su electricidad principalmente a partir de fuentes renovables, siendo su mayor contribuyente la hidroelectricidad, con un 50,2% del total de la generación.

Ahora bien, a pesar de su mayoría de generación a partir de renovables, su segundo mayor contribuyente es el gas natural, un combustible que, si bien se ha posicionado como una alternativa más limpia que el carbón o el petróleo, no está exento de generar emisiones e impactos ambientales.

Perú ya lleva más de dos décadas con un gas natural sumamente presente y predominante en su generación eléctrica, principalmente con el Proyecto Camisea en la Amazonía de Cuzco, cuya explotación cubre alrededor del 40% de la cobertura eléctrica desde inicios de los 2000.

Durante los últimos años, el gobierno y las empresas ligadas al gas natural peruano han buscado expandir la cobertura, tanto en viviendas como en el aumento de automóviles en base a este combustible.

En junio de este año, la CAF aprobó un préstamo para la empresa Cálidda por hasta 500 millones de dólares para ampliar la cobertura de gas natural en Perú, buscando alcanzar 900 mil personas al año 2030. Con esta misma empresa, que se posiciona como la principal distribuidora de gas natural en el país, el Ministerio de Minas y Energías anunció un acuerdo que busca llevar el gas natural a 15 localidades entre el centro y el sur del país.

Por otro lado, la empresa Transportadora de Gas del Perú (TGP) propuso al gobierno el proyecto TGP Extensión Sur, una iniciativa que busca construir un gaseoducto de más de 900 kilómetros para contribuir al abastecimiento de gas natural al sur del país.

¿Qué impactos puede tener el gas?

En Perú, si bien el gas natural se ha transformado en una oportunidad de desarrollo económico, no ha estado exento de impactos socioambientales. Con la llegada de las exploraciones en busca de gas a la Amazonía en los 80, comunidades indígenas aisladas como la tribu Nahua se vieron expuestas por primera vez a enfermedades que acabaron con números que rodean la mitad de su población de ese entonces.

Hasta hoy, las consecuencias en la salud de las comunidades indígenas siguen estando en el debate desde organizaciones como la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, que ha levantado la preocupación por la contaminación con gases tóxicos en lugares en donde se asientan comunidades.

Por otro lado, organizaciones locales de Quillabamba han denunciado que la distribución de costos y beneficios de la explotación del gas natural no ha sido equitativa, y que incluso, sectores cercanos a donde se produce el gas aún no cuentan con un suministro eléctrico seguro y eficiente, lo que ha desencadenado olas de protestas en distintos momentos de los últimos 10 años, siendo sus puntos más álgidos entre el 2010 y el 2012, y en marzo de este año.

A nivel ambiental, tanto la extracción como el transporte de gas natural implican riesgos de fuga de metano, uno de los gases de efecto invernadero con mayor perdurabilidad en la atmósfera y por ende uno de los que mayoritariamente contribuyen al efecto invernadero.

¿Solución o retroceso?

La expansión de gas natural ha generado una serie de debates, y no solo en Perú sino también en la discusión a nivel internacional de la transición energética. Por un lado existen grupos, principalmente de gremios energéticos, que apuntan a que el gas natural puede ser una buena alternativa transitoria, pero por el otro lado, organismos intergubernamentales como las Naciones Unidas han advertido que confiar en el gas natural para los procesos de transición puede enlentecer procesos rápidos de transformación hacia las energías renovables, e incluso, desviar inversiones que podrían ir en pos de proyectos como parques fotovoltaicos o eólicos. Esta mirada también se reflejó en las conclusiones de la COP28, cuyo acuerdo final fue dejar atrás los combustibles fósiles para una transición justa y acelerada.

Ahora bien, con las tecnologías actuales, aún existen sectores e industrias que no son viables de alimentar a través de renovables, y en estos casos, los expertos han señalado que el gas natural puede ser una buena alternativa para reducir las emisiones, al igual que el hidrógeno producido a partir de fuentes renovables.

Por otro lado, se deben considerar las realidades socioeconómicas de cada estado, ya que no todos los países tienen las capacidades de invertir o de transformar sus matrices de la misma manera. En ese sentido, Perú debe ser capaz de poner en la balanza la seguridad energética, los costos para las personas, los impactos socioambientales y sus compromisos climáticos.

Soberanía energética e inversión privada, la tensión de la transición energética Mexicana

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: agosto, 2025

Resumen

La Guajira es una región clave por su enorme potencial en energía eólica, sin embargo, su desarrollo ha sido lento y conflictivo. A pesar de los incentivos incluidos en la Ley 2099 de Transición Energética, la implementación real ha enfrentado múltiples obstáculos, sobre todo con las comunidades indígenas del sector, quienes reclaman injusticias históricas respecto al uso de sus territorios, las compensaciones y el alcance limitado de los beneficios de las energías renovables para sus asentamientos.

Primero, ¿dónde se ubica La Guajira y por qué es relevante para la transición energética colombiana?

La Guajira es un departamento de Colombia ubicado en la región Caribe, al norte del país. A nivel geográfico se caracteriza por sus paisajes desérticos y playas de aguas cristalinas. Según los últimos datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia, tiene un aproximado de 1,04 millones de habitantes, de los que más de un 40% se autorreconocen como indígenas, principalmente pertenecientes a la comunidad Wayuu. Además, es uno de los departamentos del país con mayores índices de pobreza, alcanzando un 61.3% de incidencia en centros poblados y asentamientos en zonas rurales.

El lugar se ha transformado en la piedra angular de la proyección de la transición energética colombiana debido a sus características desérticas como el nivel de radiación y la intensidad de los vientos, las que permiten vislumbrar un gran potencial para proyectos de energía eólica y solar.

La Guajira ya es un punto estratégico de proyectos de inversión para Colombia. El departamento concentra una gran actividad minera y extractiva de carbón, yeso, arcilla, cal, entre otros. De hecho, es en este departamento donde se ubica una de las mineras de carbón a cielo abierto más grandes del mundo: el Cerrejón.

Durante los últimos gobiernos ha existido una continuidad en la idea de aprovechar el potencial, sobre todo eólico, para las energías renovables. El departamento se ha posicionado a nivel político y económico como una zona clave para concretar las proyecciones de la Hoja de Ruta para la Transición Energética Justa de Colombia.

Por otro lado, el gobierno colombiano ha impulsado el Plan 6GW+, una iniciativa que busca impulsar la incorporación de al menos 6 GW de capacidad instalada a partir de energías renovables a 2026. En este marco, se han reactivado una serie de proyectos en la zona, siendo el logro más reciente del Ministerio de Minas y Energía el ingreso de 2.400 megavatios, equivalentes al 40% de la meta de los 6 GW, a través de más de 20 proyectos que se instalarán en la zona.

Un historial de conflictos socioambientales

Las condiciones sociales y la concentración de proyectos extractivos han generado un amplio historial de conflictos socioambientales y manifestaciones en La Guajira. Solo en 2024, según las estadísticas de la Cámara del Comercio, se produjeron alrededor de 200 manifestaciones, las que incluyeron desde intervenciones pacíficas y paros, a bloqueos de las vías de traslado.

Los motivos son múltiples: el funcionamiento ineficiente de las consultas previas, los impactos culturales y ambientales de los proyectos, la distribución de los beneficios económicos y una fuerte desconfianza institucional.

En la actualidad, la llegada de proyectos de energía renovable ha generado visiones contrapuestas. La Guajira es el tercer departamento con mayores índices de pobreza energética y la llegada de proyectos prometía nuevas condiciones para las comunidades; sin embargo, esa es una realidad que aún no llega, y que, por el contrario, ha generado una serie de nuevos conflictos.

La instalación de los parques eólicos ha puesto en evidencia realidades que ya eran latentes. Las formas y herramientas de los instrumentos estatales y privados no necesariamente son las mismas con las que se organizan las comunidades indígenas. Por esta razón, las negociaciones para la instalación de los parques en terreno indígena han sido un motivo de controversia. Muchas veces, los titulares de los terrenos y los límites no son los mismos con los que se organizan las comunidades, generando negociaciones cruzadas y compensaciones que no se distribuyen equitativamente.

Estas tensiones entre las comunidades Wayuu, las empresas titulares de los proyectos y las autoridades han llevado a una serie de suspensiones temporales y definitivas de proyectos de energía renovable, como fueron los casos de los parques eólicos Camelia y Acacia de la empresa Celsia o los parques eólicos Alpha y Beta de EDP Renewables.

Y ¿Cómo se puede avanzar?

Si Colombia quiere avanzar en un mayor alcance de energías renovables, pensando en el potencial que tienen en algunos sectores clave como La Guajira, se deben integrar estándares de una transición energética justa.

Hoy, si bien la mayoría de la generación eléctrica en el país es a partir de fuentes renovables, llegando a un 64.4% en 2024, es una generación muy poco diversificada, concentrada en un 63.5% en hidroelectricidad. Esta realidad supone una situación de mayor vulnerabilidad frente a eventos climáticos como los periodos de sequía.

El país debe avanzar en la diversificación de su matriz renovable, y para ello se requieren nuevos proyectos, sin embargo es necesaria la revisión de estándares en las formas y mecanismos de instalación de los proyectos, buscando evitar las vulneraciones a comunidades indígenas, y disminuir la conflictividad, la que además de arriesgar la cancelación o suspensión de los parques, también trae consecuencias sociales y culturales para las personas Wayuu.

La Guajira: la promesa varada de la transición energética colombiana

Autora: Carla J. Ovalle
Fecha: septiembre, 2025

Resumen

México se encuentra en una encrucijada energética: por un lado, persiste el compromiso con la soberanía energética, que implica fortalecer a empresas estatales como la CFE y Pemex; por otro, la transición hacia energías limpias requiere inversión privada y cooperación internacional. Esta dualidad genera tensiones entre los gremios, el gobierno y las relaciones internacionales, siendo un punto de especial incertidumbre los diálogos con Estados Unidos.

¿Cuáles han sido los enfoques energéticos de México durante los últimos años?

Desde la reforma energética de 2013, México buscó abrir su sector energético a la inversión privada; Pemex dejó de ser un monopolio estatal para los hidrocarburos y se abrió la posibilidad de firmar contratos con empresas internacionales (licencias, producción compartida, utilidad compartida y servicios) para la exploración y extracción de petróleo y gas.

Sin embargo, el gobierno actual ha revertido parcialmente este enfoque, priorizando la participación de CFE y Pemex en la generación y distribución de energía. La reforma energética de 2025 establece que la CFE debe generar al menos el 54% de la electricidad del país, con el resto producido por empresas privadas, enfocándose en fuentes renovables.

¿Qué significa esto para la transición?

La principal disyuntiva entre los enfoques de las reformas del 2013 del gobierno de Enrique Peña Nieto y las actuales de Claudia Sheinbaum es el rol que toman los privados y el Estado frente a la transición.

La reforma de 2013 priorizó la atracción de proyectos renovables a través de privados. Se realizaron subastas en donde México llegó a tener proyectos renovables con récords de bajo costo a nivel mundial y se promovieron los Certificados de Energías Limpias (CEL) para asegurar montos determinados a nivel anual.

Una de las grandes críticas a estas gestiones fue la pérdida de protagonismo de las empresas de hidrocarburos estatales en la economía, en donde incluso se planteó la pérdida de soberanía energética.

Si bien durante este periodo las energías renovables fueron en aumento, también aumentó la participación de gas natural en la generación eléctrica, ya que los privados no solo comenzaron a entrar en el mercado a través de las renovables, sino que también con proyectos de explotación fósil.

El enfoque del gobierno actual ha sido volver a posicionar al Estado como el gran administrador y participante en el mercado de la energía. Esto a través de una serie de reformas que buscan el acceso universal, tarifas más accesibles y entrar a cubrir áreas que no son rentables para privados, pero que sí son necesarias para avanzar en seguridad energética.

Se estableció un Plan de Expansión del Sistema Eléctrico Nacional hacia el 2030 en donde se contemplan inversiones millonarias para generación, transmisión, distribución eléctrica, nuevas capacidades y electrificación rural. Avances que han sido sumamente celebrados a nivel social, pero que se han mirado con cierto recelo a nivel ambiental, y es que estas medidas también sustentan sus pilares en la producción de hidrocarburos.

Si bien México ha reconocido sus compromisos ambientales, las estrategias de expansión y las últimas reformas ponen un fuerte énfasis en los procesos de refinación de PEMEX, lo que puede entrar en tensión con las metas de descarbonización.

¿Qué imagen quiere proyectar México a nivel internacional?

Más allá de cuál de los enfoques puede ser más eficiente para una transición energética justa, diversos analistas internacionales han levantado la preocupación de cómo puede aumentar la desconfianza de los inversionistas de proyectos por los cambios, en tiempos muy breves, a los marcos jurídicos.

México tiene el desafío de equilibrar un Estado que garantice un acceso energético universal y de calidad a sus ciudadanos, pero también de generar la estabilidad suficiente para mantener la sostenibilidad económica de las transformaciones que requiere su matriz y que necesita para alcanzar sus compromisos climáticos.

Por otro lado, este debate ha cruzado las fronteras, siendo un punto de fricción la relación de Estados Unidos. Ya desde el año 2022, el gobierno estadounidense manifestó preocupación por los cambios en materia de energía, lo que se tradujo en consultas formales en el marco del acuerdo T-MEC, un tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. El país levantó la moción de que las medidas de México socavaban a las empresas estadounidenses y a la energía producida en EE.UU. en favor de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), haciendo especial referencia a la priorización de CFE por sobre fuentes limpias proporcionadas por proveedores privados de energía solar y eólica.

A inicios de este año, el Instituto Americano de Petróleo (API) escribió una carta al Representante Comercial de EE.UU. (USTR por sus siglas en inglés) expresando preocupaciones de que las reformas constitucionales recientes de México obstaculizan la inversión estadounidense y socavan la competencia en el sector energético. Esta preocupación emerge en un contexto de ya varios años en donde Estados Unidos y México se compran y venden energía, por lo que la priorización del Estado mexicano por la producción local genera preocupaciones en los mercados de los otros países de Norteamérica.

Ahora bien, más allá de Estados Unidos, las alertas a nivel internacional están levantadas desde el sector ambiental por el posible enlentecimiento de la transición energética Mexicana, y es que su incentivo a la explotación de fósiles como el petróleo y el gas natural para apalancar la economía y extender la cobertura energética pone en un riesgo latente la transformación hacia las energías renovables.

El petróleo bajo tierra: el referéndum del Yasuní que aún busca cumplimiento

Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: septiembre, 2025

Resumen

Han pasado más de dos años desde que la sociedad ecuatoriana decidió a través de una consulta ciudadana detener la explotación de petróleo en el Yasuní, sin embargo, a pesar de la disminución de la producción, la extracción de petróleo sigue sumando más de 9 millones de barriles en lo que va del 2025, poniendo en tensión la transición energética ecuatoriana, el respeto a las comunidades indígenas, y aumentando las presiones de organismos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las Naciones Unidas.

¿Qué es el Yasuní y cuál es su importancia?

El Parque Nacional Yasuní es el área protegida más extensa de Ecuador y uno de los sectores clave de la Reserva de la Biosfera Yasuní, un espacio declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Ubicado entre la Amazonía y los Andes, este lugar es uno de los últimos con selva tropical virgen en Ecuador, en donde se albergan ecosistemas únicos que permiten que el Yasuní sea una de las áreas con mayor biodiversidad del planeta.

Según las cifras del gobierno, en la selva del Parque existen alrededor de 204 especies de mamíferos, 610 especies de aves, 121 especies de reptiles, 150 especies de anfibios y más de 250 especies de peces.

![Imagen] Diego Tirira from Quito, Ecuador, CC BY-SA 2.0, via Wikimedia Commons

Por otro lado, es hogar de los pueblos indígenas Tagaeri y Taromenane, dos comunidades voluntariamente aisladas cuyo único hogar y fuente de sustento es la naturaleza.

Así como el Yasuní es un espacio único para la ecología, también ha llamado la atención del gobierno ecuatoriano y los inversionistas por albergar grandes yacimientos de petróleo.

Desde los años noventa, existen bloques petroleros cercanos e incluso con zonas de exploración y extracción dentro del Parque. Una realidad que ha traído una serie de conflictos socioambientales y un constante tira y afloja entre organismos intergubernamentales, el gobierno, organizaciones de la sociedad civil y comunidades indígenas.

Esta situación se ha ido agudizando con los años, siendo su punto más álgido en el presente, con el referéndum y el debate frente al Bloque 43 o Bloque ITT por la sigla de los campos que lo componen (Ishpingo, Tambococha y Tiputini).

¿Cuál es la historia de la explotación petrolera en el Bloque ITT?

La historia y conflicto en torno a este bloque viene de hace ya varios años, pero se puede fijar un primer hito en el año 2007, cuando el gobierno liderado por Rafael Correa acoge las demandas de las organizaciones ambientalistas e indígenas y propone la iniciativa Yasuní-ITT, un proyecto que buscó dejar bajo tierra los más de 800 millones de barriles de petróleo extraíbles de los yacimientos ubicados en la zona a cambio de compensaciones internacionales cuyos fondos se destinarían al desarrollo sostenible.

El objetivo era favorecer la conservación de la biodiversidad, evitar emisiones de Co2, respetar los derechos de la naturaleza y de los pueblos indígenas, pero a su vez, contar con financiamiento para iniciativas que pudiesen apoyar el desarrollo local y ayudar al país a compensar una economía que basa su estabilidad principalmente en el petróleo.

Tras las pocas contribuciones recibidas, en el año 2013, el mismo Correa decide acabar con la iniciativa y abrir la posibilidad de que empresas petroleras puedan obtener licencias para explorar y extraer petróleo en el Yasuní, lo que genera una ola de movimientos socioambientales que comienzan a tomar acción a través de la justicia, manifestaciones autoconvocadas y una fuerte cobertura mediática de lo que podría significar alterar uno de los lugares más biodiversos del mundo.

La petición de las organizaciones fue muy clara: una consulta ciudadana en donde las mismas personas pudiesen elegir si querían que el petróleo quedase bajo tierra o si se abría la posibilidad de explotación.

Luego de diez años y tras múltiples obstáculos jurídicos y políticos, se llevó a cabo la consulta en agosto del año 2023, y su resultado se transformó en un triunfo para el mundo ambientalista: un 59% de la población ecuatoriana estuvo a favor de que el petróleo del Yasuní debía mantenerse bajo tierra.

A pesar del resultado de la consulta, lo cierto es que ya habían sido otorgadas licencias para la extracción petrolera en la zona, por lo que la Corte Constitucional ecuatoriana emitió un plazo de un año para retirar la infraestructura y proyectos ligados a la explotación en el Bloque 43, sin embargo, el Estado ecuatoriano no se ha amparado a este mandato, y al contrario, han extendido sus planes de cierre a plazos que superan los cinco años.

El gobierno y la empresa estatal Petroecuador han argumentado que el cierre a la explotación podría traer serias consecuencias a la economía del país, y que no existen las capacidades financieras de hacer un retiro tan rápido.

¿Cuál es la situación actual?

En el último reporte anual de Petroecuador (2024), se puede observar que en comparación con el año 2023, la explotación de petróleo disminuyó en un 11,2% en el Yasuní; sin embargo, a dos años del referéndum, las organizaciones ambientalistas e indígenas esperaban el cierre total de las operaciones. Esta es una realidad que aún no parece hacerse latente, y es que en 2024 la producción alcanzó los 17 millones de barriles de petróleo extraídos, y en lo que va de 2025, Petroecuador ha extraído más de 9 millones más.

El plan presentado por el gobierno tiene un cronograma que se extiende hasta el 2034, en donde para el 2025 está comprometido el cierre de 48 pozos, sin embargo, tanto medios de comunicación como organizaciones indígenas han denunciado poca transparencia desde la empresa estatal respecto a la información del estado de avance del cierre de los pozos.

Por otro lado, el país lleva los últimos años en una profunda crisis financiera y energética, reflejada en apagones que han superado incluso las 12 horas sin suministro. Un contexto que el gobierno actual de Daniel Noboa ha puesto como principal argumento para un cierre más paulatino de los pozos en el Yasuní, ya que implica, según sus cifras, la pérdida de 1200 millones de dólares anuales.

Ante este escenario, tanto grupos de economistas como las comunidades indígenas han propuesto planes alternativos para acelerar el cierre; sin embargo, no ha sido considerada la posibilidad de disminuir los tiempos.

En marzo de este año, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al Estado ecuatoriano responsable de vulnerar los derechos de los pueblos indígenas Waorani, Tagaeri y Taromenane e instó al cumplimiento inmediato del resultado del referéndum, sin embargo, hasta el cierre de edición de este artículo, las autoridades de Ecuador no han modificado los plazos o medidas del plan original.

Las organizaciones de la sociedad civil e indígenas no solo han lamentado la lentitud del proceso, sino que también los pocos espacios de participación e incidencia a los que pueden acceder, poniendo en tensión no solo el traspaso de los combustibles fósiles como el petróleo hacia fuentes limpias, sino que los estándares de una transición energética justa.