Autora: Carla J. Ovalle

Fecha: Junio 2025

Resumen

Brasil es uno de los mayores emisores de gases de efecto invernadero en América Latina y el mundo, por lo que sus compromisos y políticas internas cobran una gran relevancia a nivel internacional para lograr los objetivos del Acuerdo de París. A pesar de las cifras, el gobierno de Jair Bolsonaro dio marcha atrás con una serie de programas y medidas que estaba impulsando el país en materia de emisiones y protección ambiental, sustentado en el supuesto resguardo de la soberanía y el equilibrio económico ¿Qué pasó con las emisiones durante su gobierno y qué acciones se han vuelto a implementar?

Primero, ¿Cuáles son las cifras de emisiones en Brasil?

Al año 2021 Brasil emitía 1544,68 MtCO2e posicionándose como el país con mayor cantidad de emisiones en América Latina, principalmente debido a la extensión de la agricultura, la dependencia fósil del transporte y su industria petrolera. A pesar de sus emisiones, Brasil es considerada una de las matrices energéticas más limpias del mundo. 

Si revisamos cómo han evolucionado sus emisiones a lo largo del tiempo, un primer factor es la reducción de las emisiones durante el año 2011, cuyas principales causas fueron las medidas para frenar la deforestación y los desastres climáticos de inicios de ese año. Luego las emisiones se mantuvieron constantes pero en un leve aumento. En el año 2016 y en el 2021 se pueden observar alzas de mayor intensidad. La primera se puede atribuir a grandes incendios en la parte amazónica del país, y la segunda, también al aumento de focos de incendio, pero acompañado de un retroceso en materia de prevención y de medidas de mitigación. 

Nota: gráfico de elaboración propia 

¿Cómo fueron avanzando los planes de gobierno en cuanto a emisiones y acción climática?

Brasil cuenta con una serie de políticas y compromisos que vienen de hace más de 15 años atrás. Desde el 2009 el país cuenta con una Política Nacional de Cambio Climático y desde el 2004 con un primer plan para incentivar las energías renovables. 

A nivel de medidas, el primer gobierno de Lula Da Silva marcó un inicio en el fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, sin embargo, desde el siguiente gobierno comenzaron las críticas. 

Si bien Dilma Roussef dio cierta continuidad a la línea ambientalista de Lula a nivel internacional, dentro del país se dieron una serie de críticas y manifestaciones debido a dos medidas del gobierno: la reforma al Código Forestal y el Programa de Aceleración de Crecimiento.

Este último, estableció como uno de sus frentes principales el fortalecimiento de la infraestructura a nivel energético, pero fue sumamente cuestionado al priorizar proyectos que tenían un impacto económico positivo a costa del impactos socioambientales.

La gestión del siguiente gobierno, liderado por Michel Temer, tampoco fue reconocida por su aporte a nivel ambiental. Su gestión estuvo caracterizada por la influencia del sector agrícola y el aumento de la deforestación. Además, no existieron nuevas políticas o impulsos hacia la transición o a la reducción de emisiones. 

La institucionalidad ambiental ya venía debilitada, y Jair Bolsonaro profundizó aún más ese debilitamiento. Se disminuyó el financiamiento al Ministerio de Medio Ambiente y a la fiscalización ambiental, la deforestación de la selva amazónica llegó a un peak histórico y la postura resistente al cambio climático del mandatario no ayudaron a las relaciones internacionales. Brasil pasó de ser uno de los líderes de América en acción climática a un país sumamente criticado por su retroceso, llegando incluso a la suspensión de fondos monetarios como el Fondo Amazonía, financiado por países como Noruega y Alemania. 

Dada esta postura, se disparó nuevamente la producción y refinación de combustibles fósiles, llegando en el año 2022 a más de 6.500.000 TJ solo en petróleo. 

Pero entonces, ¿Cuáles fueron las consecuencias?
A grandes rasgos, podemos hablar de cinco grandes consecuencias.
En primer lugar la deforestación de la selva amazónica. Desde los planes de disminución, en el gobierno de Bolsonaro, se registraron las cifras más altas de deforestación en el país, llegando en el 2021 a 13.000 kilómetros cuadrados. 

El mandatario no reconocía el valor estratégico de la Amazonía en la acción climática global, llegando a afirmar en la Asamblea General de las Naciones Unidas que no era el “pulmón del planeta” y que acuerdos como el de París ponían en riesgo la soberanía de Brasil sobre la región.

Como segunda consecuencia, las emisiones también tuvieron alzas históricas, superando las 400 mil toneladas de CO2 durante el año 2021 y 2022, debido principalmente al cambio de uso de suelo.

Por otro lado, la institucionalidad ambiental se debilitó debido a la disminución de financiamiento, limitando el accionar fiscalizador y la posibilidad de generar nuevos proyectos. 

Por último, y como se mencionó anteriormente, Brasil tuvo que enfrentar la crítica internacional tras sus retrocesos, después de haber sido uno de los líderes en la región por sus compromisos climáticos. 

¿Y qué pasa ahora?

Con la vuelta de Lula Da Silva al poder, el país ha buscado recuperar su posicionamiento a nivel internacional e instaurar nuevamente la protección ambiental y la transición como ejes del quehacer político. 

Se reactivaron y fortalecieron fondos para el Ministerio de Medio Ambiente y sus organismos, se relanzó el Plan de Acción Contra la Deforestación y se reactivó el Fondo Amazonía. Sin embargo, a pesar de la recuperación, existen una serie de tensiones en esta nueva administración, especialmente respecto a la exploración petrolera en los límites del Amazonas. 

A estas tensiones, además, se les suma la constante presión de los sectores agricultores, quienes han exigido históricamente la flexibilización de normativas ambientales.

El panorama de Brasil hoy es desafiante a nivel nacional e internacional dado su grueso aporte a las emisiones y su importancia ecosistémica al poseer uno de los grandes pulmones del mundo.