La cuestionada evaluación ambiental del Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano

El Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano, aunque aprobado por las autoridades pertinentes, permanece como una cicatriz en la comunidad ambiental de la comuna de Peñaflor, ubicada en la zona central de Chile. Su línea de transmisión eléctrica atraviesa de forma aérea la Reserva Natural Municipal y los humedales ribereños del río Mapocho, y su proceso de instalación estuvo marcado por el tira y afloja entre la empresa titular del proyecto, Peteroa Energy, la Municipalidad y las organizaciones socioambientales del sector.

Carla Jorquera Ovalle
16 de abril, 2025

La ribera del río Mapocho, en la comuna de Peñaflor, es un lugar rodeado de verde y de diversos tipos de aves. La entrada a la Reserva Natural Municipal cuenta con un sendero con un incipiente bosque a partir de las reforestaciones que han hecho las organizaciones, y al acercarse al río comienzan a aparecer “los pozones”, un sistema de humedales ribereños que la comunidad visita para realizar senderismo, picnic, paseos en bicicleta y observación de flora y fauna nativa. Sin embargo, desde el año 2021, el paisaje ya no solo contaba con la presencia de árboles, agua y senderos, sino que también con una línea de transmisión eléctrica, cuya instalación -resistida por la comunidad- refleja el debate existente en Chile en cuanto a la evaluación ambiental y la transición energética que lleva adelante el país.

Línea de transmisión eléctrica atravesando la Reserva Natural Municipal de Peñaflor. Foto por Carla J. Ovalle

Durante el año 2018 la empresa Peteroa Energy Spa presentó un nuevo proyecto de energía solar, cuya infraestructura se dividía en dos partes: la construcción de un parque de paneles solares en la comuna de Padre Hurtado y una línea de transmisión eléctrica que cruzaría por los cerros y el río Mapocho hasta llegar a la comuna de Peñaflor, lugar en donde se inyectaría al sistema eléctrico la energía producida por el parque.

Sin embargo, al presentar su Declaración de Impacto Ambiental para ingresar al sistema de evaluación, la empresa no generó ningún estudio en el sector en donde instalarían la línea de transmisión, lo que levantó de inmediato las alarmas en el municipio de Peñaflor y en la Corporación Nacional Forestal (CONAF), quienes solicitaron que se realizara una caracterización especial debido a la presencia del coipo, un roedor nativo de mayor tamaño en Chile, y la rana chilena, anfibio endémico del país, categorizado en estado vulnerable.

Rana chilena encontrada en la Reserva de Peñaflor. Foto gentileza guardaparques municipales

En respuesta a la solicitud del municipio, Peteroa Energy cambió el trazado de su línea de transmisión y generó una caracterización en el sector. Sin embargo, los datos que proporcionaron en su estudio no eran congruentes con los estudios que manejaba el municipio. Por un lado, la empresa aseguraba que en el lugar donde instalarían sus torres no se encontró presencia de rana chilena, mientras que desde la Municipalidad insistieron en que esa  área correspondía, efectivamente,  a uno de los sitios clave donde habita este anfibio.

Primer trazado del proyecto Segundo trazado del proyecto Imágen extraída de Peteroa Energy Spa. (2019) Anexo III Plano General de Instalaciones

Además, el municipio destacó la importancia del lugar como corredor biológico para aves nativas y migratorias, mientras que la caracterización de la empresa no reconoció la presencia de ningún ave que se encontrase en proceso de migración. 

¿Cómo dos estudios en un mismo sector pueden reportar resultados tan distintos?

Para Matías Guerrero, biólogo y presidente de la Sociedad Chilena de Socioecología y Etnoecología (SOSOET) esto sucede ya que los titulares separan zonas sin entender que pueden ser parte de un mismo sistema. Además, menciona algunas observaciones importantes respecto a la forma en que se realizan estas caracterizaciones, como el hecho de que se realizan en tiempos muy acotados. 

“Las empresas deberían, al menos, realizar un transecto con distintos puntos en distintas épocas del año, mínimo en las cuatro temporadas. Y dentro de las temporadas, no lo deben hacer solo en diciembre, sino que, por ejemplo, noviembre al inicio y fin de temporada, porque al inicio están llegando las aves migratorias, y al final, se están yendo (…) las aves, no funcionan como en el calendario, de a poco van llegando, entonces si mediste solo en diciembre, echaron por la borda de todas las que llegaron después”, explica el biólogo.

El municipio insistió en la presencia de rana chilena en el sector y en la afectación del valor paisajístico del entorno. Además, fue categórico en señalar que las caracterizaciones de la empresa no eran coherentes con los estudios de los que estaba en conocimiento la Municipalidad, ya que ellos contaban con registros de presencia de anfibios, peces y moluscos no caracterizados por Peteoroa Energy. Estas afirmaciones se ampararon en el Informe Desarrollo de Investigación Aplicada y Actividades de Difusión para la Conservación de la Rana Chilena en la Región Metropolitana de Santiago, realizado por la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile entre los años 2017 y 2018.

A partir de las contradicciones, el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) pidió a la empresa realizar una nueva caracterización, la que llegó a los mismos resultados. Peteroa Energy no evidenció en sus estudios a la rana chilena. 

En julio de 2019 se aprobó la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto. La entonces intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, declaró que todas las observaciones estaban contestadas en los documentos enviados por Peteroa Energy.

Para el actual concejal de la comuna de Peñaflor, Sebastián Contreras, los procesos de participación y denuncia son difíciles para las comunidades y las autoridades locales, ya que afirma que existe un desbalance entre las capacidades técnicas que tienen los titulares de los proyectos y el poco peso que existe en la toma de decisiones para las comunidades locales.

“Como ciudadanos, e incluso a veces como municipio, enfrentarse a grandes empresas que tienen un buffet de abogados impresionante es complejo. Al momento de intentar nosotros denunciar malas prácticas que hacen estas empresas, con la patente o con el eslogan de ser energía verde, pero sin mediar lo que ellos afectan en su proceso de trazado, sobre todo en lo que es el tendido eléctrico, nos genera la sensación de que en verdad no tenemos tanto peso como ciudadanos porque hoy en día incluso la participación ciudadana es básicamente consultiva. Por más que no estemos de acuerdo con un proyecto, es bien poco lo que podemos hacer”, afirma.

Proceso sancionatorio

El Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano siguió su proceso de instalación con normalidad hasta el año 2021, mismo año donde el sector de los humedales ribereños de la comuna de Peñaflor se declararon Reserva Natural Municipal (RENAMU) y fueron amparados por la Ley de Humedales Urbanos. 

Peteroa Energy se dio cuenta que para realizar el cruce sobre el río debían instalar una torre de mayor envergadura de la que habían señalado en su proyecto. Realizaron las obras correspondientes para ello, pero sin notificar al Servicio de Evaluación Ambiental. 

El problema se agudizó aún más cuando, al realizar la excavación para la nueva torre, el agua de las napas subterráneas del sector comenzó a aflorar a la superficie, inundando los alrededores y cambiando la fisiología del área conocida como Los Pozones. 

Cuando ocurren este tipo de hechos, los titulares de los proyectos tienen la obligación de notificarlo a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA). La empresa, en cambio, comenzó a extraer el agua para verterla en los humedales aledaños sin dar ningún aviso.

Estos hechos están relatados en una serie de denuncias presentada ante la SMA. Primero por el, en ese entonces, director de Sustentabilidad del Municipio, Germán Ortiz, y luego por Claudia Sagredo, vecina de Peñaflor y miembro de la organización socioambiental Mapuko. 

Claudia se dio cuenta del hecho al visitar el sector, y al igual que el municipio en el proceso de evaluación, sintió de inmediato preocupación por la presencia de la rana chilena. 

“Nosotros nos percatamos de que habían roto una napa. Nos asomamos, vimos lo que estaba pasando y se notaba porque había aflorado mucha agua, donde no había tanta agua, y  justo en un sector donde hay mucha rana chilena, entonces nos preguntamos, ¿qué está pasando acá? Están alterando esto”, relata. 

Excavación realizada por Peteroa Energy colindante a la Reserva Natural Municipal Imágen extraída de Comprobante Denuncia Digital N° 4587. (2021). En Formulario de Denuncias Superintendencia de Medioambiente

La SMA realizó dos fiscalizaciones en terreno y ordenó medidas provisionales, las que consistían en frenar la maquinaria y realizar los estudios pertinentes para medir posibles afectaciones. Además, formuló los siguientes cargos contra Peteroa Energy: cometer acciones que impidan eliminar o minimizar consecuencias ambientales de acuerdo a lo estipulado en la RCA del proyecto, y cometer acciones u omisiones que involucren ejecutar proyectos fuera del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.  

La empresa, para poder retomar sus obras, presentó su Programa de Cumplimiento donde adjuntó nuevas caracterizaciones del lugar. En comparación a la caracterización realizada en el año 2019, ahora habían mapeado un 40% más de especies, siendo la diferencia más importante en aves, con 20 especies nuevas registradas. 

El municipio indicó que dadas las nuevas características del lugar debido a las declaraciones de RENAMU y humedal urbano, la empresa debía someterse nuevamente al sistema de evaluación a través de un Estudio de Impacto Ambiental, sin embargo, en junio del 2022 la SMA aprobó el Programa de Cumplimiento y dio por cerrado el proceso sancionatorio. 

Para el alcalde de Peñaflor de ese periodo, Nibaldo Meza, tanto el proceso de evaluación como sancionatorio, lo dejaron con sentimientos amargos, ya que si bien el proyecto era de energía renovable, para él hubo una afectación al ecosistema de todas maneras. 

“Situaciones como esta, sin duda alguna, afectan al medio ambiente, aunque se pretendan vender como proyectos que utilizan energías renovables, que son medioambientales, que cuidan la naturaleza, finalmente uno ve que no se logra el propósito final. La conclusión que me quedó respecto a la empresa es que eso no está dentro de sus líneas de trabajo. El cuidado y preservación del medio ambiente sigue siendo un negocio”, afirma.

Además, considera que si las empresas pueden realizar este tipo de prácticas es porque existe una legislación que lo permite. 

“Aquí lo que hubo fue una ocupación de un espacio en donde existía una diversidad de flora y fauna, y en donde existían características de la mecánica del suelo que estaban asociadas a condiciones en donde se preservan distintas especies. Sin embargo, ahí se construyó. ¿Por qué? Porque la legislación no lo impedía, y lamentablemente también hoy en día las empresas tienen diversos profesionales que, naturalmente, buscan y rebuscan la manera de poder realizar finalmente el propósito utilitarista, la ganancia de una empresa aún a costa de afectar el medioambiente. Yo soy un crítico, creo que todavía Chile está muy atrás en materia de legislación de cuidado y preservación del medioambiente”, agrega el exalcalde.

Impactos hasta hoy

Hasta el día de hoy, los vecinos y vecinas visitan la RENAMU en Peñaflor y una de sus primeras vistas es la línea de transmisión eléctrica del Parque Fotovoltaico Los Corrales de Verano, ubicada de forma colindante con un sector con pozones que se encuentran en recuperación hasta hoy.

Pozón de agua en recuperación en el sector de humedales ribereños del río Mapocho en la comuna de Peñaflor. Foto gentileza de la comunidad

A pesar de que Chile suele ser categorizado como un ejemplo de transición energética en la región, y que el carácter de una “transición justa” aparece en las políticas oficiales del Estado, como la Política Energética 2050, para la comunidad peñaflorina los costos estuvieron en desbalance en relación a los beneficios del proyecto. Además, dado que el proceso no tuvo una instancia de participación ciudadana, y hasta hoy existen vecinos y vecinas que desconocen el paradero de la energía producida por el parque fotovoltaico de Peteroa Energy. 

Para el académico de la Universidad de Chile y miembro de la Red de Pobreza Energética, Julián Cortés, estos problemas pueden darse debido a una falta de diálogo entre las institucionalidades de Medio Ambiente y Energía en el país. 

“Ahí hay un problema institucional, porque cuando se dictaron las normas de evaluación y declaración de impacto ambiental, nunca dialogaron con las normas de energía. Entonces, eso es un gran problema, porque de alguna manera las normas para todo el sistema de evaluación ambiental que hace el servicio y todo ese proceso, nunca se consultó a la gente de Energía o nunca se sentaron, cuando se hizo este procedimiento, a decirse, bueno, ¿cuáles pueden ser los potenciales impactos que ustedes ven en su sector?”, asegura

Por otro lado, para la abogada de la ONG FIMA, Sofia Barrera, actualmente no existe un instrumento dentro de los procesos de evaluación que pueda contribuir a que la transición energética realmente sea justa, transformándose en un gran desafío para la institucionalidad. “De hecho, ese es un gran desafío para organizaciones como la nuestra, que busca posicionar estos discursos para introducirlos dentro de la materialización de los proyectos. ¿Y por qué digo la materialización? Porque, claro, nosotros podemos tener políticas públicas que incentiven proyectos de transición para descarbonizar la matriz energética, etc. Y eso está perfecto, pero esa descarbonización no puede ser a costa de las comunidades, sin mirar cuestiones que son importantes dentro de la transición para que sea realmente justa”, afirma.

En esa misma línea, para la directora de incidencia política de la Fundación Ecosur, Pamela Poo, el sistema de evaluación ambiental chileno no está preparado para enfrentar los desafíos de la transición justa, mucho menos en un contexto en donde las dinámicas de mercado son las que van marcando las políticas públicas. 

“El sistema no está preparado para lo desbordado que se posiciona ese discurso en cuanto a lo que hay que hacer para una transición energética, y por lo tanto no está siendo ni va a ser justa porque eso significa tener que remirar el sistema capitalista en el que estamos. Lo justo tendría que venir desde otros espacios como la política pública y eso no está ocurriendo porque, si bien estamos hablando de transición energética, en el contexto del sistema económico actual ninguna transición energética va a ser justa si no tiene otros ingredientes que sean diferentes al problema que nos trajo aquí”, afirma. 

Existen una serie de desafíos para que la institucionalidad ambiental pueda enfrentar de forma eficiente y justa la transición energética, sobre todo en un país como Chile, cuyo objetivo a nivel de Estado en la materia es posicionarse como un referente internacional de energías renovables.

Para el abogado de ONG FIMA, Felipe Pino, de no tomarse las medidas necesarias para que este proceso ocurra de forma justa se pueden incluso comenzar a deslegitimar los proyectos que buscan contribuir a la transición energética en Chile. 

“Hay que empezar a entender y poner en el debate público que los estándares de sustentabilidad y transición justa no son estándares éticos, van a ser el factor desequilibrante de si logramos hacer las cosas o no. Esto no está siendo debidamente internalizado por los tomadores de decisión. Están diciendo, sí, obvio que transición justa, pero en el fondo no se ha internalizado como una dimensión necesaria para que esto ocurra, es solamente un agregado. Si no hacemos más en ese sentido, con obligaciones adicionales a las empresas y a la administración del Estado, vamos a seguir  en la escalada de la de la resistencia social hasta llegar a un punto en que se van a empezar a deslegitimar agendas de transición energética, tal como se deslegitimaron ya las hidroeléctricas, por ejemplo”, concluye.

Este trabajo es parte de nuestro programa de Mentorías en Periodismo Climático 

“Permisología” versus transición energética en Chile: ¿Sistema ineficiente o proyectos mal planteados?

Tras las presiones de grupos empresariales que denunciaron un exceso de tramitación para obtener permisos sectoriales y ambientales, el concepto de “permisología” se ha instalado en el debate político chileno, y una de sus justificaciones es que estaría impidiendo la aceleración de la transición energética.

Carla Jorquera Ovalle
19 de marzo, 2025

La necesidad de un proceso de evaluación y obtención de permisos ambientales con mayor eficiencia es una realidad transversal para los distintos sectores políticos, gremios e instituciones en Chile. Sin embargo, los proyectos de ley presentados por el gobierno de Gabriel Boric para enfrentar este desafío han generado una gran resistencia desde las organizaciones de la sociedad civil y la academia, quienes han denunciado que el enfoque principal no está puesto en la eficiencia del sistema, sino en favorecer a los titulares de los proyectos.

La “permisología” es un concepto que se ha instalado en el debate público chileno, y que hace referencia a la totalidad de los permisos que deben obtener los titulares, ya sean sectoriales o ambientales, para poder operar sus proyectos. Durante los últimos meses se le ha dado especial énfasis a cómo funciona el proceso de evaluación ambiental, cuyos plazos de aprobación o rechazo, según la Base de Datos Abierta del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) estuvieron entre los 200 y 1.680 días en el último año, incluyendo los tiempos legales de la institucionalidad ambiental y los plazos tomados por los titulares para complementar información.

En ese sentido, la directora de Fundación Terram, Flavia Liberona, plantea que la idea de la “permisología” viene desde una narrativa que busca mezclar el proceso de evaluación ambiental con la obtención de permisos sectoriales que han existido desde hace décadas, con el objetivo de ejercer presión para  flexibilizar las normativas, cuando en realidad son los titulares de los proyectos quienes no entregan la información adecuada para que los procesos avancen.

“Estos largos tiempos de tramitación se confunden con que el titular entregó, o más bien no entregó información suficiente, entonces, recibe una cantidad de preguntas para completar la información y se toma el tiempo para responderlas. Los servicios públicos tienen tiempos súper acotados (para responder), que están definidos en la legislación. Uno ve en la tramitación de los proyectos que los silencios se dan cuando los titulares deben completar la información para que el proyecto pueda ser calificado favorablemente. Además, aquí hay un enredo, una confusión entre un tipo de permiso (sectorial) y otro tipo de permiso (ambiental), y también yo diría que un objetivo de flexibilizar la normativa”, afirma Liberona.

En Chile, el titular de un proyecto que tenga impactos ambientales tiene que enfrentarse a dos tipos de permisos: los sectoriales ambientales (PAS), y los sectoriales (PS) correspondientes a otros organismos. 

En el caso de los PAS, toda su tramitación está agrupada dentro del mismo Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Esto se estableció como tal en la ley, particularmente, para generar un proceso más eficiente que pudiese medir impactos ambientales de forma centralizada.

Por otro lado, los PS son permisos que corresponden a otros organismos del Estado y que, por ende, tienen sus propios mecanismos de obtención y plazos. Estos permisos no forman parte de la evaluación ambiental de un proyecto.

Cabe mencionar, que además, existen permisos mixtos, en los que el SEIA se encarga únicamente del contenido ambiental. 

Paneles Solares en la Región de Antofagasta. Foto: Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile.

¿La “permisología” afecta la carbono neutralidad?

Desde las empresas energéticas, se ha planteado que existen una serie de proyectos de transición energética “estancados” debido a la evaluación ambiental. El director ejecutivo de La Asociación Gremial de Generadoras de Chile, Camilo Charme, comentó en su exposición en la Comisión de Medio Ambiente en el Senado que para alcanzar la carbono neutralidad en Chile se necesita duplicar la capacidad solar, sextuplicar la eólica y quintuplicar la de almacenamiento. Sin embargo, en el último tiempo, los proyectos ligados a estas materias han sido mayoritariamente rechazados por el sistema, incluyendo largos plazos de tramitación. 

“Nos dimos cuenta en los últimos años que la aprobación de proyectos en nuestro sector ha decaído en un 70% y los plazos de evaluación han aumentado en un 32%, entonces, este proyecto es muy interesante y es necesario que estemos acá”, afirmó.

Por otro lado, en la prensa se han dado una serie de ejemplos de proyectos que vendrían a contribuir al cambio de fuentes en la matriz energética, pero que se han “frenado” debido al proceso de evaluación. Uno de ellos es la Central de Bombeo Paposo, cuyo objetivo era generar y almacenar energía a través del bombeo de agua desde un estanque en el sector de Paposo, ubicado al norte del Puerto de Taltal.

El caso tuvo opiniones divididas entre la empresa titular del proyecto, la autoridad evaluadora y la comunidad indígena changa, siendo esta última sumamente contraria al proyecto, debido a los posibles impactos para el ecosistema y maritorio de Paposo, lugar que alberga más de 100 especies de flora, de las que más del 50% son endémicas de Chile.

El SEA afirmó que existía una falta de información en los posibles impactos del proyecto, haciendo especial énfasis en la falta de levantamiento de información respecto a flora y fauna y los posibles impactos a las comunidades indígenas, por lo que le dieron término anticipado a su tramitación. 

Tras el término, el caso terminó con la salida del director del Servicio de Evaluación Ambiental de Antofagasta (SEA) de ese entonces, Ramón Guajardo, lo que generó cuestionamientos a la directora del SEA, Valentina Drurán, de parte de los funcionarios del Servicio, quien le solicitó la renuncia a Guajardo semanas después del término del proyecto.

Colbún, por su parte, emitió un comunicado de la empresa que afirmó que la resolución de la autoridad era poco coherente y contenía errores formales evidentes, cuestiones que iban en sentido contrario a dar señales claras y certeza jurídica para el avance de los proyectos.

El proyecto finalmente no insistió en su instalación.

Gobierno de Boric busca acelerar los tiempos

El Gobierno presentó dos proyectos de ley para responder a la presión por la demora de los proyectos: el Sistema Nacional de Permisos y el proyecto Evaluación Ambiental 2.0. Este último, apoyado transversalmente por partidos políticos y gremios empresariales, es el más cuestionado por organizaciones socioambientales y de la sociedad civil.

El proyecto, a rasgos generales, busca agilizar los tiempos de la evaluación ambiental a través de una serie de modificaciones a la Ley 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente, cuya discusión se ha centrado mayoritariamente en los cambios al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). 

Presentación de Proyectos de Ley Sistema Inteligente de Permisos y Evaluación Ambiental 2.0. Foto: Dirección de Prensa, Presidencia de la República de Chile, 2024.

Para el director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energía Solar (ACESOL), Darío Morales, revisar la institucionalidad y la burocracia del sistema era un proceso necesario para equilibrar la protección medioambiental con el avance del desarrollo productivo del país.

“Es necesario que la ley ambiental sea actualizada a los nuevos tiempos y a la nueva tecnología, por eso me parece muy relevante la discusión que se está llevando a cabo. Parte de este proceso de actualización va a implicar, entonces, hacer modificaciones que permitan destrabar algunas cosas que hoy día, a nuestro juicio, no se están realizando como corresponde, pero siempre pensando en que hay que mantener y reforzar la protección ambiental. Esto no significa tener que derribar todos los permisos y que los proyectos tienen que desarrollarse a toda costa. Los proyectos tienen que desarrollarse, nuestra legislación ambiental tiene que cumplir el objetivo de proteger nuestro medioambiente, pero también tenemos que coincidir ese objetivo con el desarrollo productivo y el desarrollo económico”, afirma.

Por otro lado, agrega que si bien los proyectos siempre pueden ser mejorables, la discusión que se ha dado ahora ya es relevante para el avance de este tipo de materias. 

“Siempre se pueden encontrar cosas que perfeccionar, eso es lo interesante del debate democrático que se está dando en el Congreso. Se están presentando las distintas visiones y yo tengo la confianza de que en ese debate vamos a llegar a ciertos consensos.  Probablemente, el proyecto que salga no sea de la entera satisfacción de uno o de otro, pero por lo menos va a ser el resultado de una discusión que es extremadamente necesaria que se esté dando, que lleva años y con la que todavía no hemos logrado llegar a buen puerto. A mi juicio esto va en la línea correcta. Siempre van a haber matices pero lo peor que podemos hacer es dejar las cosas como están”, agrega.

Al respecto, para el académico y coordinador del curso Gobernanza de los Comunes de la Universidad de Chile e investigador de la Red de Pobreza Energética, Julián Cortéz, la transversalidad política y la simplicidad con la que se acogió el concepto de permisología debe ser objeto de mayor reflexión, más aún cuando existen proyectos de ley en discusión que han surgido a partir de este discurso. 

“Cuando hablamos de permisología, primero, debemos preguntarnos ¿para quién? Y de alguna manera también preguntarse, ¿qué consecuencias puede tener? ¿A quién beneficia? Esas preguntas, actualmente, no están en este debate. Solamente se asume que la permisología es una especie de capricho del Estado para entrabar proyectos, no hay ninguna otra reflexión, y  esa simplicidad del concepto te lleva a que, claro, se imponga muy fácilmente y de manera acrítica sin hacernos cargo de lo sesgado que puede estar respecto a otros procesos sociales y políticos que también convergen en este problema. Y eso, lamentablemente, también lo asumió el gobierno”, afirma. 

Una de las propuestas que ha generado mayor controversia ha sido la creación del Procedimiento de Urgencia, lo que permitiría reducir el tiempo de la tramitación de proyectos que tengan como objetivo particular reducir efectos adversos sobre el medio ambiente, o generar efectos positivos sobre el mismo. 

Dicha reducción, hasta ahora, sólo consistiría en reducir los tiempos legales de la institucionalidad, pero no es parte del escrito del proyecto de ley ni ha sido parte del debate en el Congreso la forma en que esto se llevaría a cabo. 

Para Cortéz, estas ambigüedades forman parte de una técnica legislativa muy común en Chile, sin embargo, plantea que las organizaciones y actores sociales deben estar atentos, ya que el debate de los decretos que puedan ir aterrizando la ley carecen de un carácter público. 

“La idea de las famosas leyes marco, donde se establecen los lineamientos generales y se hacen las bajadas a través de decretos. Esos decretos, generalmente son decretos supremos, que los dictan los mismos ministerios. Y ahí es donde, precisamente, yo creo que debe estar también la suspicacia de las distintas organizaciones que están observando el proyecto, porque, por un lado, vamos a tener una normativa que en términos generales va a decir vamos a privilegiar proyectos que mitiguen el cambio climático, en donde puede caber promover la transición, pero los detalles precisamente estarán en estos famosos decretos supremos, y allí yo creo que es donde se pone difuso el tema, porque el debate ya no es público en el sentido de que puedes revisar actas, ver videos, ir a las sesiones, etc. Si no estás dentro de esa estructura de poder, no solo dentro del ministerio, sino que todos los lobbies que hay dentro de eso, no puedes saber el contenido de la discusión”.

Ahora bien, desde las organizaciones de la sociedad civil, se ha acusado que el debate de la “permisología” y el proyecto de Evaluación Ambiental 2.0 se está debatiendo desde una perspectiva de eficiencia que solo está haciéndose cargo de los tiempos de evaluación, y no necesariamente de un buen funcionamiento del sistema.

Para el abogado de ONG FIMA, Felipe Pino, existen varios problemas en el proyecto, entre los que destaca la apertura de la idea de proyectos que generen efectos positivos o negativos en el medio ambiente, y los sesgos en el origen del proyecto debido a que el tiempo es el único parámetro que se está usando para medir eficiencia, e incluso no siempre los tiempos de demora son dentro del proceso de evaluación. 

“El procedimiento de urgencia es algo que nos entrampará aún más ¿Por qué? Porque nos vamos a sacar los ojos peleando cuáles son los proyectos que aportan o no aportan a solucionar el cambio climático, nos vamos a detener incluso en ese momento. Todavía ni siquiera vamos a estar hablando del proyecto en sí mismo. Vamos a estar apelando la admisibilidad que se va a dar. Y el proyecto en general, no es la estrategia más óptima para mejorar la eficiencia porque en los proyectos de más larga demora, no solo está su proceso de evaluación, sino que tiene que ver también con la judicialización” afirma.

Además, plantea que existen una serie de sesgos en la interpretación política de cómo debiese operar el SEIA, en donde se asume que su tarea debe estar centrada en aprobar proyectos.

“Hay, incluso, un error y un sesgo primario de entender el sistema de evaluación ambiental como un sistema que está hecho para mejorar y aprobar proyectos, y no para rechazarlos, por lo tanto, todo proyecto que pase por el SEIA debe mejorarse lo suficiente para que sea aprobado, lo que me parece un error. La responsabilidad de presentar un proyecto bueno es del titular, el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental tiene que evaluar imparcialmente, porque, además, los titulares tienen el beneficio absoluto de mejorar y presentar sus proyectos todas las veces que quieran. En el fondo, en vez de decir ‘esto está malo’, vuelva a ingresarlo, tenemos que nosotros dar las propuestas para que el titular las incorpore y eso es, a mí parecer, una administración ineficiente, no solamente del tiempo, sino de los recursos”.

Al igual que FIMA, existen más de 200 agrupaciones, centros de estudios y comités ambientales que han mostrado su preocupación por el debate y el proyecto, cuyos principales puntos se agruparon en la declaración pública en rechazo al proyecto de ley del gobierno, cuyas principales críticas apuntan a un retroceso en la institucionalidad ambiental. 

En particular, la declaración sentencia que: “Con estas modificaciones es claro que el Ejecutivo ha renunciado a sus ideas originales. Cuesta comprender que el contexto actual de crisis climática y ecológica, de la cual Chile se encuentra entre los países más vulnerables, y con la enorme cantidad de conflictos socioambientales que cada día se levantan en nuestras comunidades, este gobierno decida ir en el sentido opuesto a lo que dicta la lógica. Pudiendo promover un proyecto que establecía certezas, fortalecía la institucionalidad para evaluar de mejor manera los impactos sinérgicos y acumulativos, y potenciaba la agilidad del sistema tanto a favor de las comunidades como de la inversión, se ha optado por la negociación fácil a costa del medioambiente”. 

Para Cortéz, en cuanto a proyectos de transición energética, esto incluso podría  traducirse en coartar el componente de justicia al proceso, dada la posible reducción de estándares ambientales y el desbalance entre intereses individuales y colectivos. 

“Apurar esto puede significar una reducción de los estándares ambientales, y también sociales respecto a cómo se tramitan los proyectos. Se debiese hacer una evaluación de los trámites que son necesarios e indispensables y cuáles no. Ahora se están agarrando todos los trámites y se están simplificando. Además, ha habido una asimetría respecto a privilegiar los intereses individuales por sobre los colectivos. O sea, partiendo esta pregunta, permisología, ¿para quién? Decir, bueno, ¿esto afecta o no? ¿O va a acentuar una brecha entre los derechos individuales en desmedro de los derechos colectivos?”, plantea. 

Este trabajo es parte de nuestro programa de Mentorías en Periodismo Climático

Almacenamiento, infraestructura y descentralización: el desafío de Chile para detener la pérdida de energía

Carla Jorquera Ovalle

4 de junio, 2025

Durante los últimos años, el vertimiento de energía renovable en el país se ha transformado en un dolor de cabeza. La concentración de parques fotovoltaicos y eólicos en las regiones del norte, la escasa infraestructura de almacenamiento y transmisión eléctrica, y el uso ineficiente de la institucionalidad y estructura actual han generado la “pérdida” de más de 5.500 GWh, solo en diciembre del 2024, transformándose en una cifra récord de vertimiento que supera en un 148% la de los años anteriores. Mientras iniciativas de parques fotovoltaicos y eólicos siguen en aumento, los proyectos de almacenamiento aún no logran contrarrestar la sobreproducción de energía renovable.

El vertimiento o recorte de energía se produce cuando la oferta de energía producida supera la demanda en una zona en particular. En el caso de Chile, esta situación se ha producido principalmente por dos motivos: la concentración de plantas fotovoltaicas en la zona norte y eólicas en el sur del país, a lo que se suma la falta de infraestructura de transmisión y almacenamiento.

Además, cabe destacar que la cantidad de energía producida a partir del viento y el sol depende de las condiciones climáticas y la hora, lo que muchas veces no coincide con los periodos de mayor demanda en el suministro eléctrico. 

Para el director de estudios de la Asociación Chilena de Energías Renovables y Almacenamiento (ACERA), Felipe Gallardo, lo preocupante no es solamente la existencia de vertimiento, sino  la rapidez con la que ha aumentado, afectando la eficiencia y generando consecuencias para el mercado de las compañías eléctricas.

“Un sistema eléctrico que está migrando a una penetración renovable tiene un poco intrínseco a su operación la existencia de recortes, porque quizás sea lo más eficiente que una parte de la energía se recorte en lugar de hacer inversiones adicionales en líneas de transmisión o en nuevos sistemas de almacenamiento, pero lo que preocupa acá es la rapidez con la que crece y la magnitud que está tomando. Estamos hablando de un 20% de la generación de un orden de 6 TWh, es un monto que es muy relevante y evidentemente esto genera un perjuicio para las compañías eléctricas. Primero, porque no pueden inyectar toda la energía que generan y segundo, porque tenemos un sistema de tarificación marginalista donde en algunas ocasiones se producen desacoples de precios”.

Esta situación ha generado que en regiones como Antofagasta, Atacama y Coquimbo el vertimiento supere los 2.500 GWh, ya que la energía consumida por sus habitantes es sumamente menor a la que se produce. 

Recortes en generación ERNC Centro de Información ACERA Vía: https: www.acera.cl/centro-de-informacion

Una oportunidad económica contra el tiempo

El año 2024 fue catalogado como el año del almacenamiento en el mundo empresarial del sector energético. Sin embargo, a pesar de que la inversión aumentó en un 231%, los proyectos de almacenamiento están lejos de dar abasto ante los niveles de vertimiento, cuya cifra supera los 5.000 GWh. El aumento, en comparación al año anterior, fue de un 148%.

Si bien una de las alternativas que más resuena a la hora de hablar de almacenamiento son las baterías, sobre todo pensando en el bajo costo que implica dada las últimas caídas en los precios de las materias primas, este mecanismo es eficiente solo por períodos cortos de tiempo. 

En Chile, dada la sobreproducción y concentración de proyectos energéticos, se requiere infraestructura e iniciativas que puedan almacenar energía por una mayor cantidad de tiempo. Algunos ejemplos de ello son las centrales de bombeo, las que producen electricidad a partir del almacenamiento de agua en un embalse en altura que luego se libera hacia turbinas para generar electricidad, o el almacenamiento en sales fundidas, cuyo funcionamiento consiste en la fundición de sales a través de la energía térmica producida desde plantas solares (o de otras fuentes). Estas sales mantienen su estabilidad a temperaturas que pueden llegar a los 500°C, lo que permite almacenar la energía térmica y luego usarla en periodos de mayor demanda o con menor producción.

Esta última tecnología ha tomado gran fuerza en el debate chileno, ya que en el país se instaló la primera planta termosolar de América Latina, el Complejo Solar Cerro Dominador, cuyas instalaciones consisten en un parque fotovoltaico y una concentración solar de potencia (CSP) que permite almacenar energía a través de sales fundidas. 

Complejo Solar Cerro Dominador. Foto: Ministerio de Bienes Nacionales, CC BY 2.0 , vía Wikimedia Commons

Estos mecanismos a pesar de ser menos eficientes a nivel económico, permiten almacenar energía en periodos de meses, transformándose en una opción no solo importante, sino que necesaria.

Ahora bien, generar más proyectos no es la única opción para este desafío. Para el director del Solar Energy Research Center (SERC Chile) y académico de la Universidad de Chile, Rodrigo Palma, existen oportunidades de cambio dentro de nuestra misma institucionalidad que podrían ser elementos importantes para enfrentar el vertimiento. 

“Si se miran las operaciones diarias en el Coordinador Eléctrico Nacional, te vas a dar cuenta de que a las horas donde hay vertimiento también hay generación térmica y generación convencional y uno no entiende por qué pasa eso si es que es más cara que la generación renovable, y ahí te das cuenta de que hay algunos temas de cómo se está operando el sistema eléctrico para mantener supuestamente los estándares de seguridad. Entonces, se dejan máquinas térmicas y tradicionales operando y eso también le quita espacio a esa energía renovable que no puede entrar al sistema.  No todo es por atraso en la transmisión, sino que también una parte es por las políticas de operación del sistema eléctrico y esas dos cosas se confabulan y hacen que tengamos la situación de hoy día”, comenta. 

Palma agrega que es necesario que a nivel político se tomen las medidas necesarias para equilibrar la demanda y oferta de energía, siendo la minería un sector en el que se podría experimentar. 

“Uno necesita que la demanda se parezca más a la oferta y eso también es un esfuerzo que hay que hacer. No se puede pretender que un sistema que quiere ser más armónico y sustentable abastezca una demanda que no hace esfuerzos por parecerse a la oferta. Hay que hacer cambios en la forma de la demanda de manera que el diseño de la industria, de la minera, trate de parecerse más a la oferta. Hay muchos procesos industriales que se podrían concentrar en las horas de oferta en donde existe más recurso”, añade. 

Ahora bien, aunque existe una oportunidad de mercado importante en la generación de proyectos de almacenamiento, es un espacio de inversión que no está exento de incertidumbres. 

Para Gallardo, existen tres grandes desafíos: el arbitraje, la integración del almacenamiento al sistema y el estándar que se le aplicará a este tipo de proyectos. 

“Las principales indefiniciones están en lo que es el arbitraje de energía respecto de qué forma se va a programar y a operar este tipo de instalaciones. Hay una mesa técnica que está avanzando en esa línea. El segundo punto es de qué manera o con qué criterio se va a producir la integración de los sistemas de almacenamiento a nivel de generación distribuida. Y el tercero, quizás más relevante, es el estándar que van a tener que cumplir estas instalaciones, y el riesgo es que eventualmente hoy día voy adelante con un proyecto, pero después puede que quede fuera de norma y que tenga que hacer inversiones adicionales en adecuaciones para poder normalizar”, afirma.

Las medidas que se han tomado hasta ahora

Hasta ahora, en Chile existen dos instrumentos normativos principales respecto al almacenamiento. Uno de ellos es la Ley de Almacenamiento y Electromovilidad, la que fue promulgada hace ya dos años y que establece entre sus principales objetivos otorgar financiamiento a proyectos a través del pago por inyección de energía al sistema y por disponibilidad en momentos de mayor demanda. Además, la ley busca acelerar el retiro de centrales a carbón para dar mayor seguridad respecto al proceso de descarbonización. 

Por otro lado, un año después, se creó el Decreto Supremo N°70, cuyo objetivo es, a través de un reglamento, incorporar a la normativa los proyectos de almacenamiento dentro del Sistema Eléctrico Nacional, particularmente en el mercado de transferencias de potencia. Esto con el fin de dar mayor certeza regulatoria para la inversión.

Para la investigadora del Centro de Energía de la Universidad de Chile, Dasla Pando, tanto la ley como el decreto son parte importante del aumento de proyectos de almacenamiento en Chile, sin embargo, da especial énfasis al reglamento creado por el Decreto 70, cuyo contenido otorgó nuevas formas de financiamiento para las empresas.

“La capacidad de instalar almacenamiento ha aumentado muchísimo en el último tiempo, y eso obviamente no solo es un reflejo de la promulgación de esta ley, sino que además viene acompañado del reglamento de potencia porque con el reglamento se introdujo la posibilidad de pagar por potencia a las energías renovables, incluyendo también al almacenamiento. Ese fue uno de los grandes cambios, que obviamente viene acompañado de esta habilitación legal que introdujo la ley de electromovilidad y almacenamiento, porque sin eso no se podría, por ejemplo, tratar al almacenamiento como un recurso independiente energético. Esto tiene un impacto directo en la posibilidad de actualizar algunas normativas que no podían, en el fondo, reconocer este almacenamiento como un recurso independiente”, afirma.

Fotografía Promulgación de la Ley de Almacenamiento. Ministerio de Energía Vía: https://energia.gob.cl/noticias/nacional/ministro-pardow-promulga-ley-de-almacenamiento 

Proyecciones

Hasta fines del año pasado, Chile apostaba sus grandes cartas a dos tecnologías: el almacenamiento a través de un sistema de aire líquido y las centrales de bombeo. Esto basado en dos proyectos que incluso fueron parte del Reporte Energía Abierta Ciudadana de Almacenamiento hecho por la Comisión Nacional de Energía. El Proyecto ENSICOM de Enlasa Energía (aire líquido) cuya aprobación fue obtenida durante el año 2022, y la Central de Bombeo Paposo, proyecto que no pudo realizarse debido al término anticipado dictaminado por el Servicio de Evaluación Ambiental. 

Dentro del mismo reporte, la autoridad proyecta contar 2.213 MW de capacidad para fines de este año. 

Para Palma, las autoridades deben ser capaces de innovar a través de las herramientas que tienen actualmente para enfrentar este desafío, siendo clave el rol del Coordinador Eléctrico Nacional, la descentralización y el balance de costos en la energía renovable. 

“Hoy día es muy importante que nos atrevamos a innovar. Yo creo que Chile debiera recibir por parte de nuestras autoridades y de la gente que está en el sector energético, una propuesta y una invitación a que nuestro sistema apunte a 100% renovable por la vía de lo descentralizado y la ecuación balanceada de vertimiento y almacenamiento. Tenemos que apuntar a que esto es energía de menor costo y que sea energía sostenible. No se necesitan tanto nuevas reglas ni nuevas leyes que es como patear el problema para el futuro.Yo creo que, con lo que hay, hay mucho espacio para mejorar”, concluye.

Este trabajo es parte del programa de Mentorías en Periodismo Climático de Climate Tracker

Minerales críticos en Chile: oportunidades y desafíos para la transición energética

Autores: Gustavo Orrego y Valentina Francke

Fecha: 14 de julio

Resumen

La transición energética ha elevado la demanda global por minerales críticos, como el cobre y el litio, esenciales para tecnologías limpias. Chile, como líder en su producción, enfrenta el desafío de responder a esta demanda sin profundizar los impactos sociales y ambientales ya presentes en su modelo extractivo. Este artículo examina el rol estratégico del país en los mercados globales, las proyecciones de participación, los impactos socioambientales de la minería y los compromisos climáticos asociados al sector. La transformación del modelo minero será clave para evitar reproducir nuevos impactos y conflictos socioambientales bajo la bandera de la descarbonización.

¿Por qué hablamos hoy de minerales críticos?

La transición energética global ha puesto en el centro del debate a los llamados “minerales críticos” o estratégicos. Estos corresponden a materias primas (minerales y metales) esenciales para el desarrollo de energía renovable y producción de tecnologías limpias, tales como paneles solares, baterías, turbinas eólicas y vehículos eléctricos. Su disponibilidad, accesibilidad y concentración geográfica los convierten en recursos geopolíticamente sensibles. Para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París (no sobrepasar los 2 °C) se debería cuadruplicar la demanda de minerales para tecnologías limpias hacia 2040, y para transitar hacia la carbono neutralidad al 2050 requeriría hasta seis veces más insumos.

Esta presión plantea un desafío: garantizar el suministro sin repetir esquemas extractivistas. En vez de simplemente reemplazar combustibles fósiles por más minería, la transición justa exige que esta demanda se maneje con criterios de sostenibilidad y equidad. 

Gráfico 1: “Demanda total de minerales para tecnologías de energía limpia por escenario, 2020 en comparación con 2040”. Fuente: Elaboración propia en base a IEA.

¿Cuál es el rol de Chile?

Chile es uno de los principales actores mundiales en la extracción de minerales clave para la transición energética. El país es el mayor productor de cobre a nivel global y el segundo en litio. Para 2040. Entre 2023 y 2040, Chile podría aumentar su participación en la producción global de cobre del 24% al 27%, consolidando su liderazgo. Sin embargo, en el caso del litio, el panorama es inverso, puesto que se proyecta una caída desde el 24% en 2023 al 14% en 2040, reflejando una pérdida de espacio en la cadena de valor global.  Se requiere diversificar la economía, aumentar el valor agregado, al mismo tiempo que se minimizan las externalidades sociales y ambientales.

Gráfico 2: “Participación de Chile en el mercado global de cobre y litio, periodo 2023-2040”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la IEA.    

¿Cuál es el impacto social y ambiental de la minería en Chile?

La minería ha sido un componente clave del desarrollo económico del país. Aporta entre un 10 % y 14 % del PIB nacional en el periodo 2020–2024, y genera un impacto significativo en el mercado laboral. Aunque el empleo directo en la explotación de minas y canteras representa solo el 3 %, se estima que por cada puesto directo se generan 2,55 empleos indirectos, elevando su incidencia al 10 % del empleo total nacional. No obstante, persisten brechas sociales importantes. La participación laboral femenina en el sector sigue siendo baja en comparación con otros rubros, alcanzando solo un 15 %.

En términos ambientales, la minería enfrenta múltiples desafíos. Entre los principales se encuentran el uso intensivo de agua, la contaminación del suelo y aire, y la presencia de conflictos socioambientales, que representan el 26 % del total en el país. Frente al crecimiento de la demanda por minerales críticos, se vuelve urgente repensar la sustentabilidad del modelo minero.

Gráfico 3: “PIB de la Minería Nacional y del Cobre 2020-2024 (Precios corrientes” Fuente: Elaboración propia en base a Banco Central de Chile.    

¿Qué metas climáticas posee Chile en minería?

La minería es responsable de cerca del 17 % de las emisiones directas de gases de efecto invernadero del país, equivalentes a 18,9 Mton de CO₂ equivalente.

Frente a esta realidad, la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) establece metas específicas para alcanzar una minería con una menor huella de carbono. Entre los principales objetivos se encuentra reducir en al menos un 50 % las emisiones de CO₂ equivalente al 2030 y avanzar hacia la carbono neutralidad al 2050. Para ello, se contemplan medidas como la incorporación de electromovilidad, eficiencia energética, economía circular, reducción en el uso de agua, protección de glaciares y la implementación de planes de monitoreo integral de relaves.

El cumplimiento de estas metas requerirá avances en materia de regulación, mayor transparencia en la gestión ambiental y una inversión coherente con los objetivos climáticos definidos por el país. La incorporación plena del sector minero en la agenda de descarbonización será clave para una transición efectiva hacia un desarrollo sostenible.

Gráfico 4: “Distribución sectorial de las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile” Fuente: Elaboración propia en base al Ministerio de Minería. 

¿Puede Chile liderar una transición socioecológica justa en minería?

Chile tiene el potencial técnico y estratégico para liderar una minería coherente con los desafíos de la crisis climática y ecológica. 

Para ello es necesario transformar la forma en que se planifica, regula y redistribuye la actividad minera. Iniciativas como la Estrategia Nacional del Litio o el nuevo royalty van en esa dirección, pero aún son insuficientes.

Se requiere fortalecer la participación ciudadana en el diseño e implementación de la política minera, elevar sustantivamente los estándares ambientales y asegurar mecanismos de fiscalización eficaces.

Una transición socioecológica justa no puede construirse sin el protagonismo de las comunidades y territorios, sin justicia ambiental ni una distribución equitativa de los beneficios económicos. El país tiene la oportunidad de romper con el extractivismo tradicional y convertirse en un referente de un modelo minero que integra la sustentabilidad como base de su funcionamiento.

¿Cómo avanza la generación distribuida para autoconsumo en Chile?

Autor: Marcos Pereira y Gustavo Orrego

Fecha: 14 de julio

Resumen

Desde la publicación de la Ley N.º 20.571 en 2012, Chile ha experimentado un crecimiento sostenido en la generación distribuida para autoconsumo. A diciembre de 2024, hay más de 27.000 sistemas solares operativos, lo que equivale a una potencia total declarada de 310 MW. El autoconsumo emerge como una herramienta clave para el progreso de la transición energética justa y descentralizada del país. De cara a 2030 y 2050, el autoconsumo será clave para cumplir los compromisos climáticos nacionales, siendo necesario acelerar medidas, eliminar barreras y definir una estrategia nacional que guíe su despliegue como motor de la transición energética nacional.

¿Cómo se explica el ascenso del autoconsumo energético?

Desde 2012, Chile ha desarrollado un marco regulatorio que ha permitido la instalación progresiva de sistemas solares fotovoltaicos en hogares, pymes y actividades productivas. La Ley N° 20.571, publicada en 2012, permitió a los clientes regulados generar energía para autoconsumo e inyectar excedentes a la red, recibiendo descuentos en la factura eléctrica. En 2018, la Ley N° 21.118 amplió el límite de capacidad instalada de 100 kW a 300 kW, permitiendo el desarrollo de proyectos de mayor escala. Este impulso regulatorio se consolidó con el Reglamento de Generación Distribuida para Autoconsumo de 2020, que operativizó las disposiciones legales. 

Estos avances normativos han convertido al autoconsumo en una herramienta clave para diversificar la matriz energética de Chile, reducir emisiones y permitir que hogares y empresas produzcan su propia energía.

Escala de tiempo

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Figura 1: “Evolución del marco regulatorio de la generación distribuida para el autoconsumo en Chile, periodo 2012 – 2024”. Fuente: Elaboración propia.

¿Cómo ha evolucionado la capacidad instalada y la cantidad de instalaciones solares en Chile?

La potencia instalada bajo el esquema Net Billing creció desde 1.042 kW en 2015 a más de 310.414 kW en 2024, con una tasa de crecimiento anual compuesta (TCAC) del 88 % para el periodo 2015-2024. Este crecimiento ha sido liderado por el sector agrícola, el cual en 2024 representa el 41 % de la capacidad instalada, seguido del habitacional (21 %) e industrial (18 %). 

Gráfico

Gráfico 1: “Capacidad instalada en kW periodo 2015-2024. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEC.    

En lo que respecta a la cantidad de instalaciones solares, ésta creció desde 76 instalaciones en 2015 a 27.230 de ellas en 2024. Esto equivale a un crecimiento de un 35.728% en 9 años y a una tasa de crecimiento anual compuesta del 92%. Es importante destacar que, a pesar del crecimiento en la capacidad del sector agrícola, el sector residencial concentra actualmente el 85% de las instalaciones solares. 

Gráfico

Gráfico 2: “Cantidad de instalaciones solares Net Biling, periodo 2015-2024. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SEC.    

¿Qué regiones concentran mayor capacidad instalada de autoconsumo por habitante?

Al analizar la capacidad instalada per cápita de Net Billing en el país, se observa que la región de O’Higgins presenta la mayor cantidad, con 0,045 kW por habitante. En segundo lugar, se encuentra la región del Maule, con 0,036 kW por habitante. Por el contrario, las regiones con menor capacidad instalada per cápita corresponden a Aysén (0,0051 kW), Tarapacá (0,0049 kW) y Magallanes (0,0045 kW).

En otras palabras, regiones del centro del país con importante presencia agrícola muestran una mayor capacidad instalada por habitante, lo que podría vincularse a la necesidad de este sector de contar con soluciones energéticas que permitan reducir costos operacionales y mejorar su autonomía. 

Adicionalmente, llama la atención que, pese a la alta población de la región Metropolitana, su capacidad instalada per cápita se ubique en el octavo lugar a nivel nacional. Esto podría explicarse porque, a diferencia de las regiones con una destacada presencia agrícola o industrial, donde existe mayor disponibilidad de superficie para este tipo de instalaciones y una necesidad concreta de reducir costos energéticos, en la capital predominan los departamentos como principal tipo de vivienda. Esta condición, junto a espacios reducidos y menores incentivos económicos, limita la adopción masiva de sistemas fotovoltaicos de autoconsumo.

Gráfico 3: “Capacidad instalada de Net Billing (W/hab) por región al 31 de diciembre de 2024”. Fuente: Elaboración propia en base al SEC.   

¿Cuáles son las proyecciones y metas nacionales hacia 2030 y 2050?

Las metas establecidas en la Estrategia Climática de Largo Plazo (ECLP) y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC por sus siglas en inglés) apuntan a que la generación distribuida residencial aporte 1.800 GWh al 2050, además de 5.657 GWh aportados desde el sector comercial.

Adicionalmente, en el Plan de Mitigación y Adaptación al Cambio Climático del sector energía, se incluye la sub-medida de “generación distribuida” de cuya implementación se espera mitigar un mínimo de 1.420 kilotoneladas de CO2eq para el año 2030.

Siguiendo la misma línea, la Política Energética Nacional del Ministerio de Energía contempla como meta al 2030 para Ciudades Energéticamente Sustentables, que el 100% de las edificaciones públicas nuevas posean un consumo energético “net zero”.

Sin embargo, para que el país pueda cumplir estos compromisos se requiere acelerar la implementación de medidas y eliminar barreras técnicas, económicas e institucionales. En esta línea, cobra especial relevancia la publicación de una Estrategia Nacional de Generación Distribuida, que actúe como instrumento rector, otorgando dirección, coherencia y mecanismos de seguimiento al despliegue del autoconsumo en Chile. 

¿Cuál es el estado actual del carbón en Chile?

Autor: Valentina Francke y Gustavo Orrego

Fecha: 25 de junio

Resumen

El carbón ha sido históricamente un pilar en la generación eléctrica de Chile, pero su impacto ambiental y social ha motivado una transición energética. Desde 2019, Chile ha cerrado 11 termoeléctricas, reduciendo en 1.679 MW su capacidad instalada a carbón. No obstante, aún existen desafíos: algunas centrales han sido vendidas para evitar su cierre, y tecnologías como el co-firing podrían extender la vida útil del carbón. Acelerar el cierre al 2030, en lugar de 2040, permitiría reducir emisiones, proteger la salud de las personas y avanzar hacia una transición energética justa.

¿Por qué es urgente dejar atrás el carbón?

El carbón es uno de los combustibles fósiles con mayores impactos ambientales y sanitarios, y su uso está directamente vinculado a las mayores emisiones de CO₂, SO₂, NOₓ y metales pesados. En Chile, el 76,4% de las emisiones provienen del sector energético, y un cuarto de ellas de la generación eléctrica. Además, su combustión genera cenizas altamente tóxicas que contaminan suelos y aguas. Las enfermedades derivadas del uso del carbón incluyen asma, cáncer pulmonar, daños neurológicos, partos prematuros, entre otras. Estas consecuencias sanitarias y ambientales, hacen que mantener el carbón sea incompatible con una transición energética justa. Se reconoce la necesidad de avanzar hacia fuentes limpias, no sólo por razones climáticas, sino por salud pública y equidad social.

Gráfico 1: “Distribución de emisiones por fuente energética en Chile”. Fuente: Elaboración propia.

¿Qué revela el cierre progresivo de termoeléctricas?

Hasta 2024, Chile ha cerrado 11 de las 28 termoeléctricas que operaban en 2019, lo que representa una disminución de 1.679 MW de capacidad instalada. Este avance está en línea con el acuerdo “Energía Zero Carbón”. Sin embargo, persisten desafíos, como la venta de la planta de Huasco por AES Andes a Guacolda, una empresa sin compromisos de cierre. Estas transferencias permiten a las empresas reducir su huella sin desmantelar las centrales, diluyendo el impacto real. Además, Guacolda planea mantener operación mediante co-firing, mezclando carbón con amoníaco, una tecnología aún en desarrollo. Si bien hay avances formales, el proceso enfrenta riesgos de estancamiento o retroceso.

Figura 1: “Cronograma de cierre de termoeléctricas. Fuente: Elaboración propia.    

¿Es viable el co-firing como solución de transición?

El co-firing mezcla carbón con amoníaco para reducir las emisiones de CO₂. Sin embargo, presenta limitaciones críticas. En primer lugar, es una tecnología incipiente. Japón, único país que la ha probado, apenas alcanzó una mezcla del 20% en 2024. En segundo lugar, su alto costo (1,5 a 2 veces más caro que la energía vendida) pone en duda su viabilidad comercial. Tercero, no elimina otros contaminantes del carbón, como material particulado o metales pesados. Finalmente, promueve una falsa solución, alargando la vida útil de termoeléctricas en vez de reemplazarlas. Más que una alternativa de transición, el co-firing puede convertirse en un freno a la descarbonización efectiva.

Figura 2: “Comparación de emisiones y costos entre co-firing y otras fuentes de energía. Fuente: Elaboración propia.   

¿Cómo ha evolucionado el consumo de carbón en Chile?

Desde 2017, la generación eléctrica con carbón ha disminuido en un 48%, gracias al cierre progresivo de centrales y a la entrada de energías renovables más competitivas. Esta caída se refleja también en la disminución del consumo total de carbón, que está directamente correlacionado con la baja en generación. Al mismo tiempo, las importaciones de carbón de los principales proveedores (Colombia, Australia, Estados Unidos y Canadá) se redujeron en un 49%, disminuyendo así no sólo las emisiones locales, sino también el impacto logístico y marítimo internacional. No obstante, el carbón sigue representando un porcentaje relevante de generación, lo que indica que la transición energética aún no es estructural.

Gráfico 4: “Importación de carbón en toneladas por país, periodo 2017-2024”. Fuente: Elaboración propia.   

2030 ¿Un futuro sin carbón?

Cerrar todas las termoeléctricas a carbón no es solo un objetivo climático, sino una medida necesaria para proteger la salud de las personas y reducir los impactos ambientales en los territorios. Actualmente, Chile mantiene como meta oficial el retiro del carbón al 2040, pero adelantar esta fecha al 2030 permitiría acelerar la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, eliminar contaminantes tóxicos y avanzar hacia un modelo energético social y ambientalmente más justo.

Mantener el uso de carbón mediante nuevas modalidades, como el co-firing, implica extender la operación de las termoeléctricas y retrasar el avance de la transición energética. Chile tiene la posibilidad de liderar este proceso, priorizando el retiro del carbón y atendiendo las demandas de las comunidades que por años han enfrentado los impactos de esta industria.

Avanzar hacia un futuro sin carbón es una decisión que contribuiría a cumplir los compromisos climáticos del país y mejorar la calidad de vida de las actuales y futuras generaciones.

¿Cómo contribuye el sector energético a las emisiones de gases de efecto invernadero en Chile?

Autor: Marcos Pereira Cofré

Fecha: 12 de marzo de 2025

Resumen

Chile se propuso alcanzar la carbono neutralidad de su matriz energética al año 2050 como objetivo en su contribución nacional determinada NDC para el Acuerdo de París. En este sentido, el país ha comenzado una progresiva reducción de emisiones de gases de efecto invernadero GEI, incluyendo energías renovables y descarbonizando su matriz energética. Sin embargo, el sector energía es uno de los principales contribuyentes a las emisiones de GEI en Chile, por lo que es de vital importancia acelerar los procesos de descarbonización y adición de energías renovables en todo el país.

Pero antes… ¿Cuánta energía consume Chile?

Según el balance energético proporcionado por Energía Abierta de la Comisión Nacional de Energía (CNE), en 2022 Chile ha consumido de forma primaria cerca de 400 TWh.

Cabe resaltar la gran importancia de las fuentes no renovables en el consumo energético nacional, siendo visible el aporte del petróleo, carbón y gas a la oferta total energética. También, al revisar el balance de forma histórica, aproximadamente desde el año 2015 se logra identificar el ingreso y crecimiento progresivo de las fuentes renovables no convencionales (Solar y Eólica), sin embargo, estas aún no tienen una participación significativa como fuentes primarias de energía.

Gráfico 1: “Evolución del consumo energético primario de Chile en TWh en el periodo 2000-2023”. La fuente “Otras renovables” corresponde a Biomasa, Biocombustibles y Geotérmica. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CNE. 

¿Cuánto de esto se utiliza para generar electricidad en Chile?

El consumo energético primario es la cantidad total de energía disponible en Chile. Gran parte de esta energía se utiliza para generar electricidad, que luego llega a los consumidores finales. Por eso, cuando hablamos de consumo energético, es importante considerar también la generación eléctrica.

Según el Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el año 2022 se generaron cerca de 80.000 GWh de electricidad. Donde las principales fuentes de generación fueron el Carbón, el Gas Natural y la Hidroelectricidad. Por su parte, las fuentes renovables no convencionales más importantes son Eólica y Solar, que suman un 27% de participación.

Gráfico 2: “Distribución de la generación eléctrica por fuente en el año 2022”. Fuente: Elaboración propia en base a datos del CEN.    

Y ahora, ¿Cuántos GEI emite Chile?

Chile cuenta con un Sistema Nacional de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero (SNI Chile), donde se reportan las emisiones de gases de efecto invernadero de forma histórica y por sector. De acuerdo con el inventario, el año 2022 en Chile se emitieron en total 111,05 millones de toneladas de CO2 equivalente (MtCO2e). Al considerar las capturas de GEI por parte del sector “Uso de la tierra, cambio del uso de la tierra y silvicultura” o UTCUTS, las emisiones netas de GEI se traducen en 54,37 MtCO2e. 

A lo largo de la evolución histórica, se observa una tendencia creciente en la curva de emisiones netas. Esto se debe a la estrecha relación entre el aumento de las emisiones y el crecimiento del país, ya que un mayor desarrollo económico conlleva un incremento en el consumo energético. En el caso de Chile, donde la matriz energética aún depende en gran medida de fuentes no renovables, este aumento en la demanda de energía se traduce en una mayor generación de gases de efecto invernadero (GEI). Así, el crecimiento económico y el consumo energético están directamente vinculados al incremento de las emisiones nacionales.

Gráfico 3: “Evolución de emisiones de GEI por sector en MtCO2e para el periodo 2000-2022”. Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNI Chile.   

 El sector Energía como un desafío pero también como una oportunidad para Chile

Tal como se mencionó antes, el consumo energético está estrechamente relacionado al incremento de las emisiones de gases de efecto invernadero. De hecho, el año 2022 el sector Energía en Chile representó un 76% de las emisiones totales de GEI. Además, es notable la trascendencia histórica de la participación del sector energético en las emisiones totales, por lo que se entiende como un sector indispensable a la hora de hablar de las emisiones de GEI en Chile.

Esta situación representa tanto un desafío como una oportunidad para Chile. Es un desafío, dado que gran parte de la matriz energética es dependiente de combustibles fósiles y representa la mayoría de las emisiones de GEI del país. Sin embargo, es también gracias a esto último que se le ve como una oportunidad de mejora en cuanto a la reducción de emisiones de GEI.     

Gráfico 4: “Evolución de emisiones de GEI sector Energía en MtCO2e para el periodo 2000-2022”. Fuente: Elaboración propia en base a datos del SNI Chile.  

¿Qué está haciendo Chile frente a esta problemática?

El Acuerdo de París establece en materia de mitigación alcanzar lo antes posible un peak de emisiones de GEI y lograr la carbono neutralidad al 2050. Con respecto a esto, Chile actualizó su Contribución Nacional Determinada (NDC) el año 2020, donde su objetivo principal es reducir las emisiones con miras a la neutralidad al 2050, tal como lo indica su Ley Marco de Cambio Climático. Para esto, una de las acciones principales es alcanzar una matriz energética libre de emisiones de GEI, es decir, descarbonizar la matriz y dotarla de fuentes renovables principalmente solar y eólica, dada la riqueza de estos recursos energéticos en Chile. 

De acuerdo con la evolución del consumo energético primario de Chile, se puede ver que existe un aumento de las fuentes renovables. Sin embargo, estas siguen siendo menores a las fuentes no renovables, en efecto, tan solo el 41% del consumo energético primario en Chile fue a partir de fuentes renovables.

Gráfico 5: “Evolución del consumo energético primario por tipo de fuente en TWh para el periodo 2000-2023”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de la CNE.  

Finalmente, es de vital importancia impulsar las tecnologías renovables no convencionales para lograr los objetivos propuestos por Chile, tanto en la contribución nacional a las emisiones globales de GEI, como en el desarrollo de una matriz robusta frente a las solicitudes en materia de mitigación y adaptación al cambio climático en las que el país está inmerso.

¿Cómo avanza la planificación climática comunal chilena a tres años de la Ley Marco de Cambio Climático?

Autor: Gustavo Orrego Méndez

Resumen

A tres años de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), el proceso de formulación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) avanza de forma lenta y desigual. Solo un 6% de los municipios cuenta con planes en etapa de implementación y un 31% no ha iniciado su elaboración. Las brechas institucionales, técnicas y financieras dificultan la planificación local. Sin embargo, existen oportunidades asociadas a la creación de redes colaborativas, participación ciudadana y la consideración de la trayectoria ambiental previa. Finalmente, se destaca la potencial sinergía entre la planificación climática comunal y el fortalecimiento de la transición energética en los territorios.

¿Qué exige la Ley Marco de Cambio Climático a los municipios chilenos?

La Ley N.º 21.455, publicada en 2022, establece la obligación de que todas las municipalidades del país elaboren un PACCC antes del 13 de junio de 2025. Este instrumento debe contener acciones, metas e indicadores de mitigación y adaptación climática. Su incumplimiento conllevaría una sanción para los alcaldes/as, aunque un dictamen reciente de Contraloría ha evidenciado vacíos legales sobre qué institución debe aplicar dicha sanción.

Panorama nacional: ¿cuántos municipios han cumplido?

A marzo de 2025, el avance en la elaboración de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) sigue siendo limitado. De los 345 municipios del país, solo 22 (6%) cuentan con un PACCC en etapa de implementación, mientras que 147 (43%) se encuentran en proceso de elaboración. Sin embargo, 107 municipios (31%) no han iniciado la elaboración del plan y 20 no entregaron información sobre su estado. Esto indica que, a pesar del mandato legal y la amenaza de sanción, una parte significativa de los municipios sigue sin cumplir la ley.

Gráfico 1: “Distribución de Planes de Acción Comunal de Cambio Climático según etapa de desarrollo hasta marzo del 2025”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Contraloría General de la República.    

Y ahora, ¿Cuál es el avance en las diferentes regiones del país?

A nivel regional, el avance en la elaboración de los PACCC es disparejo. A marzo de 2025, solo siete de las dieciséis regiones del país contaban con al menos un PACCC en etapa de implementación. Regiones como Los Ríos, La Araucanía y Antofagasta lideran el proceso, con altos porcentajes de comunas en etapas avanzadas. Destaca el caso de Los Ríos, donde el 91% de las comunas ya implementa su plan. 

En contraste, regiones como Tarapacá, Ñuble, Aysén y Magallanes presentan retrasos significativos, con más del 50% de sus comunas sin avances registrados. 

Esta situación genera una brecha en la capacidad territorial de respuesta climática. Además, la falta de sincronización entre los planes comunales (PACCC) y regionales (PARCC) podría afectar la coherencia en la planificación multiescalar. Esto evidencia la necesidad de fortalecer la articulación entre niveles de gobierno y dotar de mayores recursos y asistencia técnica a las regiones rezagadas.

Gráfico, Gráfico de barras

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Gráfico 2: “Estado de elaboración de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático por región del país hasta marzo del 2025”. Fuente: Elaboración propia en base a datos de Contraloría General de la República.   

Posibles factores que determinan el avance comunal

El estudio cualitativo realizado en 11 comunas chilenas evidenció que existen múltiples factores que influyen en el avance de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC). 

En primer lugar, la voluntad política de los alcaldes y alcaldesas se presenta como un elemento clave. Aunque muchos manifiestan interés por abordar el cambio climático, este compromiso no siempre se traduce en asignación de recursos concretos, lo que limita su implementación efectiva. 

En segundo lugar, los recursos económicos siguen siendo una gran barrera: el 72% de los municipios estudiados operan con presupuestos limitados, obligando a sus equipos a dividir esfuerzos entre tareas habituales y la formulación del PACCC. 

En tercer lugar, las capacidades técnicas son dispares. La existencia de una unidad ambiental con profesionales especializados acelera el proceso, pero su ausencia obliga a externalizar funciones o depender de voluntarios. También influye la trayectoria ambiental: municipios con experiencia en instrumentos previos, como el SCAM o planes locales, suelen tener mejor preparación institucional. 

Finalmente, la participación en redes colaborativas, tanto horizontales como verticales, aporta con insumos técnicos, financiamiento y legitimidad social. En conjunto, estos factores interactúan entre sí y definen la velocidad, calidad y profundidad con la que se avanza en la planificación climática local.

Interfaz de usuario gráfica, Aplicación

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Figura 1: “Factores que influyen en la elaboración de los PACCC”. Fuente: Elaboración propia en base a Maillet y Orrego 2025.  

¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades?

A tres años de la entrada en vigencia de la Ley Marco de Cambio Climático (LMCC), el proceso de planificación climática comunal evidencia tanto desafíos como oportunidades emergentes.

Entre los principales desafíos, destaca la baja apropiación del PACCC por parte de los municipios, especialmente en aquellos sin trayectoria ambiental. Muchos perciben estos instrumentos como una exigencia impuesta desde el nivel central, dificultando su integración en la planificación territorial. A ello se suman brechas en capacidades técnicas y recursos financieros, lo que limita la calidad y el ritmo de elaboración de los PACCC. 

Otro punto crítico es la indefinición institucional sobre qué entidad debe aplicar sanciones por incumplimiento, debilitando la fuerza normativa de la ley. Finalmente, existe una desarticulación entre la planificación climática regional y comunal, lo que puede provocar incongruencias y duplicidades de esfuerzos.

Sin embargo, también emergen oportunidades significativas. La participación en redes nacionales e internacionales ha permitido a algunos municipios acceder a asistencia técnica y financiamiento externo. Asimismo, la trayectoria ambiental previa (como el SCAM o planes locales) se presenta como una base sólida para acelerar la planificación climática. Otra oportunidad clave es la activación de mecanismos de participación ciudadana, que refuerzan la pertinencia territorial y la legitimidad social de los PACCC. 

En resumidas cuentas, una gobernanza basada en la colaboración interdepartamental y la coordinación entre niveles de gobierno podría mejorar la implementación, escalabilidad y efectividad de las políticas comunales frente al cambio climático.  

Nueva etapa: De la planificación climática comunal al fortalecimiento de la transición energética comunal

Finalmente, es necesario considerar que la elaboración e implementación de los Planes de Acción Comunal de Cambio Climático (PACCC) no solo cumple una función estratégica en la adaptación y mitigación climática a nivel territorial, sino que también puede desempeñar un rol clave en el fortalecimiento de la transición energética en Chile. Aunque tradicionalmente la planificación energética se ha abordado desde niveles nacionales o regionales, los municipios pueden convertirse en actores activos de transformación si integran objetivos energéticos en sus PACCC.

A nivel local, los municipios tienen la capacidad de promover el uso de energías renovables (como paneles solares en edificios públicos, escuelas o centros de salud), impulsar alianzas para la certificación energética de edificaciones municipales, generar e implementar Estrategias Energéticas Locales (EEL). 

Por ello, la transición energética no debiera ser una temática marginal o ausente en los PACCC. Su incorporación explícita representa una oportunidad concreta para alinear las metas de descarbonización del país con las necesidades y capacidades locales, transformando a los municipios en protagonistas de un cambio estructural.